La salida del país de José Guillermo Capdevila, ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, produjo ayer una asombrosa cobertura mediática. El ex funcionario manifestó estar amenazado y dijo que su vida corre peligro por su declaración en la causa Ciccone. En verdad, Capdevila fue un testigo favorable al vicepresidente Amado Boudou, ya que dijo en su momento que ningún funcionario le pidió que dictamine en un sentido u otro y, además, que lo que firmó Boudou coincidía con lo que él sugirió. Ayer, en declaraciones radiales, trató de torcer –aunque levemente– su declaración original en la causa, sosteniendo que Boudou no le había hecho caso. Su denuncia por amenazas también es curiosa: nunca la hizo en la policía ni ante el juez, no dijo a qué hora ocurrió, sostuvo vagamente que fue en las inmediaciones del Rosedal. Tuvo nitidez para decir que allí no hay cámaras, pero al mismo tiempo no pudo describir ni la ropa ni ninguna característica de las dos personas que le dijeron “declare bien doctor”. El juez Sebastián Casanello le pidió a Migraciones que cuando regrese al país le advierta a Seguridad que active el programa de protección de testigos.

Capdevila salió hacia Uruguay el lunes y ayer habló en varias radios. “Prefiero ser un exiliado en democracia antes que un Jorge Julio López”, dramatizó –en referencia al testigo desaparecido del juicio por violación a los derechos humanos contra el represor Miguel Etchecolatz–. “No sirve un testigo muerto”, agregó Capdevila, quien sostuvo que “en su momento ya declaré y lo volveré a hacer, cuando estén dadas las condiciones.”

En realidad, el ex funcionario se presentó ante el fiscal Carlos Rívolo el 19 de marzo de 2012 y su declaración estuvo claramente en línea con lo que viene sosteniendo Boudou. Por ejemplo, le preguntó Rívolo si para hacer el dictamen sobre el caso Ciccone recibió instrucciones. “No. La consulta fue respondida en base a lo que las leyes indican para cada caso, de acuerdo a mi competencia”, contestó Capdevila. Y cuando el fiscal preguntó sobre el contenido del dictamen, Capdevila sostuvo que “lo que se dice allí (el dictamen) es que de acuerdo a las normas aplicables, lo consultado era de exclusiva responsabilidad de la AFIP”. En otras palabras lo que finalmente respondió Boudou: que otorgarle un plan de facilidades a Ciccone para que pague su deuda impositiva era una decisión que debía tomar el organismo recaudador. “No obstante lo cual –agregó Capdevila–, dada la importancia de la empresa y los puestos de trabajo estaba dentro de las facultades del ministro contestar lo que contestó.” Es decir que, ante el fiscal Rívolo, avaló en un ciento por ciento lo firmado en su momento por Boudou. En esa óptica, no era un testigo adverso al ahora vicepresidente ni éste tenía razón alguna para tenerlo como adversario. Es más, en el dictamen firmado por Boudou, Capdevila puso sus iniciales, algo que reconoció ante el fiscal.

Más curiosa es la historia de la amenaza. Capdevila afirma que ocurrió el 30 de abril, por la noche, en las inmediaciones del Rosedal. En Comodoro Py dicen que no tienen antecedentes de una denuncia tan imprecisa: no señala la hora ni el lugar ni cómo eran o estaban vestidos los dos individuos que le dijeron que declarara bien. O sea ninguna forma de identificar a nadie en cámaras de seguridad, al punto que el juez Casanello tuvo que pedir que le trajeran imágenes de todas las cámaras del Rosedal o a 300 metros a la redonda y en un horario que abarca casi doce horas.

Capdevila no hizo la denuncia ni en la policía ni ante el juez Ariel Lijo que instruye la causa Ciccone. Tardó ocho días en ir a un escribano para describir lo poco que describió. Luego vino la denuncia mediática y, cuando el fiscal Jorge Di Lello llevó el caso a la Justicia, tampoco se presentó. Recién el lunes a última hora envió el texto redactado ante escribano y dijo que se iba del país por falta de garantías. Casanello decidió ayer que cuando vuelva a la Argentina se active el programa de protección a testigos.