El llamado Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) informó que, según sus cálculos, hay 11 millones de pobres en la Argentina, el 26,9 por ciento de la población. Casi simultáneamente, la agencia Standard and Poor’s ubica a nuestro país en el último lugar de una lista de naciones latinoamericanas organizada según la “seguridad” que ofrecen a los inversores. Chile, para S&P, es el más confiable y Argentina, la peor de todas.

La opinión de los analistas enclaustrados en Puerto Madero es, como otras veces, un ensayado pase al área chica, donde lo esperan, avisados, los editorialistas de los medios opositores, encargados de reproducirla con títulos catastróficos. Desde allí, sigue el camino conocido: todos los precandidatos a algo de la oposición se ocupan de repetirla y hasta el presidente de la Sociedad Rural se conmueve por el triste destino de tanto menesteroso. Así, la cadena del desánimo pretende instalar como eje de campaña la negación de lo alcanzado en diez años de políticas destinadas a mejorar la distribución del ingreso.

La larga lista de medidas que han mejorado sustancialmente las condiciones de vida de las familias humildes, los jubilados, los jóvenes y los niños, sumadas a la sostenida defensa de la producción y el empleo, debiera de evitar tales dislates. Pero sucede que, además, fuentes tan diversas como el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Conicet, el centro de estudios de la CTA y varias universidades públicas argentinas han concluido en sus indagaciones que la Argentina se encuentra a la cabeza en la región en materia de políticas sociales, que el índice de Gini mejoró sensiblemente y que se amplían sin cesar los derechos de la infancia y la adolescencia.

Aunque la falta de credibilidad de S&P –demandada por fraude por el propio gobierno estadounidense– ya es legendaria, su desprestigio no le impide seguir revoleando presuntos indicadores, que no son otra cosa que un vulgar instrumento de extorsión para los países que no acatan las políticas dictadas por el capital financiero internacional.

Resulta llamativo cómo se conjugan estos diagnósticos mentirosos y catastróficos sobre la pobreza, con la manipulación grosera del documento del Episcopado y los recurrentes pronósticos agoreros acerca del conflicto con los fondos buitre.

No es menos notable que los mismos medios que se regocijan con la posibilidad de un fallo adverso en esa disputa entre el país y los usureros alojen como columnistas a asesores de esos fondos y a agentes de las empresas que litigan contra la Argentina.

En ese cortejo se anotan los presidenciables de la oposición, los armadores de convergencias empresariales y los editorialistas de la prensa hegemónica, recitando todos a coro el libreto elaborado por los escribas del claustro confesional y las falacias de los provocadores de S&P.

A ninguno de ellos les preocupan, obviamente, los pobres. Lo que les inquieta, y mucho, es que la conciencia de sus derechos y la memoria de lo obtenido en estos años se interpongan como un obstáculo a la deseada hora de llevar a la práctica el modelo de país con que sueñan los devotos del “observatorio” que mira de costado y de las epístolas de la (des)calificadora embustera.

* Socialistas para la Victoria. Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Nación.