Los primeros efectos jurídicos de la anulación legislativa de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se sentirán luego de que la medida sea publicada en el Boletín Oficial. La Cámara Federal porteña reimpulsará las dos grandes causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura que quedaron paralizadas cuando se sancionaron esas normas: son las investigaciones sobre lo ocurrido en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en el Primer Cuerpo del Ejército.
La Cámara resolverá en un plenario –es decir será una medida respaldada por las dos Salas que la integran– la reapertura de ambos expedientes. Si bien las causas nunca estuvieron del todo paralizadas, ya que se mantuvieron activas en el marco del derecho a la verdad, ahora los camaristas Horacio Vigliani, Gabriel Cavallo, Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun decidirán que las investigaciones sean retomadas por jueces de primera instancia.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, las denuncias sobre los crímenes cometidos por los militares fueron derivadas al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y las cámaras federales de todo el país actuaron como
tribunales de avocación. En los hechos, fueron las cámaras las que investigaron y juzgaron, ya que la justicia castrense no demostró interés en realizar esta tarea. Por eso la Cámara Federal porteña condenó a los ex comandantes y tiene bajo su esfera las causas sobre la ESMA y el Primer Cuerpo, en las que los responsables quedaron sin castigo.
Desde hace tiempo, la Cámara porteña –cuya Sala II ya se pronunció contra las leyes de impunidad– sostiene que las nuevas causas penales que se abren sobre los crímenes de la última dictadura tienen que ser llevadas adelante por los jueces de instrucción, ya que eso asegura la garantía de la doble instancia. Así fue que avanzaron los expedientes en los que los magistrados Gabriel Cavallo y Claudio Bonadío declararon la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Ese criterio fue ratificado por la Corte Suprema la semana pasada cuando respaldó la continuidad del juicio por apropiación de menores contra el dictador Jorge Rafael Videla.
En marzo del año pasado, la Cámara porteña en pleno ya ordenó que jueces de primera instancia reabrieran investigaciones sobre desapariciones de personas en los años del terrorismo de Estado. Se trataba de dos expedientes: uno relacionado con una denuncia recibida por el juez Juan José Galeano, sobre la participación de un piloto de aviación naval en los “vuelos de la muerte” y otro originado en un testimonio recogido en el juicio por la verdad de la Cámara Federal de La Plata. Pero ahora, el impulso de oficio de los expedientes más voluminosos y avanzados relacionados con el terrorismo de Estado será un símbolo y un mensaje, sobre todo hacia la Corte Suprema, que demora su pronunciamiento sobre la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
“Si no se hubieran anulado las leyes en el Congreso, tendríamos que esperar un fallo de la Corte para aplicar la doctrina. Pero siempre hubiera sido una resolución referida a un caso concreto. Con la anulación legislativa, los efectos son extensivos a todas las causas. De hecho, la Corte podría señalar ahora que la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final es una cuestión abstracta y pronunciarse acerca de la validez de la anulación de las leyes cuando los acusados apelen “, explicó a Página/12 un juez para graficar las razones que llevaron a la Cámara a activar las causas.
Cuántos represores se verán involucrados en estas dos causas es difícil de arriesgar, aunque serán al manos varias decenas. El número no es fácil de saber, sobre todo porque luego de que se interrumpieran los procesos por aplicación de las leyes de impunidad, los Juicios por la Verdad y los realizados en el exterior hicieron que las investigaciones continuaran y que se descubrieran nuevos hechos y responsables. En la causa ESMA, que es más acotada ya que se refiere a un solo centro clandestino de detención, fueron beneficiados por la ley de Obediencia Debida, entre otros, los represores Afredo Astiz, Jorge Acosta, Antonio Pernías, Jorge Raúl Vildoza y Francis Willams Whamond. Un funcionario judicial aseguró que se trata de un expediente de 78 cuerpos, muy avanzado, “con mucha prueba producida, en el que ya se estaría en condiciones de ordenar detenciones”.
El futuro de la causa sobre el Primer Cuerpo del Ejército puede ser más complejo. La investigación abarca la Capital Federal y gran parte de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, el expediente podría ser desmembrado o suscitar problemas de competencia. Pero éstos son planteos técnicos que se realizarán una vez que esté firme la decisión de avanzar en la detención de los responsables de desapariciones, secuestros, torturas y asesinatos.
El médico de la policía Jorge Bergés, los coroneles Raúl Crespi y Alberto Durán Sáenz y el comisario Miguel Etchecolatz y Raúl Antonio Guglielminetti fueron algunos de los represores beneficiados por la Ley de Obediencia Debida en esta causa. Pero en esta investigación también debería responder por sus crímenes el dictador Antonio Domingo Bussi, que fue comandante del Primer Cuerpo entre diciembre de 1980 y diciembre de 1981.