“Confiamos en que el Poder Ejecutivo español transmita los pedidos de extradición dictados por el juez Baltasar Garzón, para que lleguen a la Argentina antes del 2 de setiembre”, señaló ayer el abogado de la Acusación Popular en el juicio a los militares argentinos en España, Carlos Slepoy. Si el martes próximo no están en Buenos Aires las solicitudes formales de extradición, los represores que están detenidos en Buenos Aires podrían quedar en libertad. El trámite está actualmente en manos del gobierno de Jose María Aznar.
Garzón reclamó el martes pasado que el gobierno de su país tramite “con carácter urgente” las extradiciones de 40 represores a las autoridades argentinas. Pero agosto es un mes de poca actividad en España. El Consejo de Ministros, que tiene que analizar el pedido, se reúne mañana por primera vez y se supone que allí va a decidir remitir la documentación a Buenos Aires. Hasta ahora, el gobierno español cumplió con el trámite siempre que tuvo que intermediar en casos de militares acusados de violar los derechos humanos en la Argentina o Chile. Así lo hizo con el dictador Augusto Pinochet, el marino Ricardo Cavallo y con 18 represores que habían sido arrestados por el juez federal Gabriel Cavallo, aunque en esta última causa la documentación llegó fuera de término y el gobierno rechazó el reclamo.
La dificultad no está tanto en que se realice el trámite, sino en que se haga a tiempo para que no recuperen su libertad, entre otros, Alfredo Astiz, Antonio Domingo Bussi o Luciano Benjamín Menéndez. El convenio entre la Argentina y España establece un plazo de cuarenta días a partir de los arrestos para que, si no llega la documentación, los acusados sean liberados. Esto no implica que se acabe la posibilidad de que los militares sean juzgados en Madrid. Ellos aún podrían ser sometidos a un juicio de extradición, pero esperarían los avatares del largo proceso sin estar detenidos. Para agilizar el arrivo de los documentos, las agrupaciones que integran la Acusación Popular y las acusaciones particulares impulsan el envío de cartas vía mail a Aznar (ver aparte).
“Las declaraciones que se han producido en estos días en relación con el represor Ricardo Miguel Cavallo, fueron de una extraordinaria contundencia y dejaron de manifiesto la importancia de que se siga con el trámite de las extradiciones”, aseguró a Página/12 Slepoy. Entre el martes y ayer, siete testigos contaron las circunstancias en que conocieron al marino que fue detenido en México mientras se ocultaba tras una fachada de próspero empresario.
Norma Cozzi, Carlos Lordkipanitse, Osvaldo Barros y Susana Leiracha, sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), se presentaron ante Garzón el martes. Ayer lo hicieron Consuelo Orellano de Ardeti, viuda de un desaparecido de la ESMA; Ana Testa, ex detenida y Silvina Testa, su hermana.
“Tuve la desgracia de ser torturada por Cavallo, que además fue mi responsable durante mi detención en la ESMA”, afirmó Ana María Testa en una conferencia de prensa tras declarar ante Garzón. Cavallo llevó a Testa a visitar a su familia en episodios que su hermana describió como “secuestros a domicilio”. También Orellano relató que conoció a Cavallo en febrero de 1980, cuando el marino trajo a su casa en la ciudad de La Plata a su marido, Enrique Ardeti, un electricista secuestrado en agosto de 1979. “Estuvimos en la cocina más de dos horas. Me dijo que vendrían a buscar un poder por el auto y una propiedad y que mi marido iba a llamar todos los miércoles. Desde ese día, mi marido no llamó nunca más”, aseguró. Los testigos puntualizaron también la responsabilidad de Cavallo en la desaparición de nueve personas que militaban en el Peronismo de Base y que estuvieron secuestradas en la ESMA. Luego de estas declaraciones, Garzón estaría en condiciones de cerrar el sumario contra Cavallo el mes próximo.