El juez Ariel Lijo citó al vicepresidente Amado Boudou para el 15 de julio, diciéndole que es uno de los dueños del fondo The Old Fund y por lo tanto que, a través de ese fondo, se hizo dueño de la sofisticada imprenta Ciccone Calcográfica, con la que se disponía a ganar contratos oficiales para fabricar billetes. Boudou, por su parte, niega que haya tenido relación alguna con The Old Fund o con Ciccone e incluso manifiesta que nunca en su vida ni vio ni habló con Alejandro Vandenbroele, quien fuera titular de ambas empresas antes de que la imprenta se estatizara. El propio Boudou y sus abogados defensores –Diego Pirota, Eduardo Durañona y Deborah Lichtman– reiteraron que el vicepresidente asistirá a la cita. El juez también llamó a indagatoria a Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick, que hasta hace poco eran considerados testigos.

Quienes lo rodean apuntan a una movida política de Lijo: marcan que el llamado a indagatoria se hizo ayer para tratar de amortiguar las repercusiones del acuerdo con el Club de París. Que sin ningún fundamento se convoca al vicepresidente para dentro de un mes y medio, cuando se lo podría citar para la semana próxima y no dilatar más la situación. Y, para colmo, fijó la fecha del 15 de julio, justo cuando se hace la cumbre de los Brics, a la que la Presidenta está invitada: Boudou será presidente en ejercicio y se busca aguar un acontecimiento de trascendencia política. No faltan los que dicen que todo está cocinado y que Lijo ya tiene el procesamiento casi escrito. En Comodoro Py, por el contrario, afirman que en el entorno de Boudou ven fantasmas que no existen.

Además de Boudou y los mienbros de la familia Ciccone, el juez convocó a José María Núñez Carmona, allegado al vicepresidente; a Alejandro Vanderbroele, titular de The Old Found, y a Rafael Resnick Brener, ex jefe de asesores de la AFIP.

Ciccone era una imprenta muy sofisticada, especializada en trabajos de máxima seguridad, como son la fabricación de chequeras, títulos universitarios, títulos de propiedad, patentes de automóviles y, obviamente, billetes. Se fundó durante la dictadura para imprimir las entradas del Mundial 78. Con las sucesivas crisis, y en especial la de 2001, contrajo una deuda enorme con la AFIP, que pidió su quiebra en 2010. Pese a que la AFIP manifestó la voluntad de que el Estado se quede con la empresa, el juez de la quiebra, Javier Cosentino, le dio la maquinaria para que la use al principal competidor de Ciccone, Boldt, una firma que tiene importante participación en los casinos –Mar del Plata y Tigre, por ejemplo– y las tragamonedas de la provincia de Buenos Aires. O sea que un gran protagonista de la industria del juego tendría en sus manos también la fabricación de billetes. Además, en el oficialismo siempre se mencionaron las relaciones entre esa empresa y el duhaldismo.

Lo que dice el juez Lijo es que Boudou operó para que se le sacara la imprenta a Boldt utilizando la única vía posible: que la AFIP ayude a levantar la quiebra de Ciccone. Usó su influencia para que el ente recaudador le diera un plan de pagos y luego también jugó para que contrataran a la imprenta para fabricar billetes. La movida es ilegal –para el juez– porque la familia Ciccone le entregó el 70 por ciento de su empresa a las personas supuestamente vinculadas con Boudou, con lo que se conformaría el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

La defensa del vicepresidente sostiene que es falso que The Old Fund o Ciccone tengan alguna vinculación con Boudou o con sus amigos. La declaración de la ex esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, es una base del vínculo que hace el juez: ella dice que su ex marido, titular de The Old Fund y Ciccone, era testaferro de Boudou. Sin embargo, el vicepresidente afirma que no tiene vínculos con Vandenbroele, que nunca habló con él ni lo conoce. Y los abogados del vice ratifican que no existe una foto ni una llamada telefónica ni siquiera un testigo que alguna vez haya visto a Boudou y Vandenbroele juntos. Durante un año se agitó la versión de que un video mostraba a ambos almorzando en el Palacio Duhau. Resultó una mentira. El video no apareció y los mozos declararon que nunca los vieron juntos. Un punto de contacto entre ambos podría ser el departamento en Puerto Madero que es propiedad de Boudou y que fue alquilado por un amigo de Vandenbroele. La defensa del vicepresidente sostiene que la gestión para alquilar ese departamento la hizo Núñez Carmona, no Boudou, quien sólo puso la firma en el contrato.

Una prueba que usa el juez es que Boudou firmó un dictamen recomendándole a la AFIP que le dé un plan de pagos a Ciccone. La defensa del vicepresidente sostiene que el dictamen le dice a la AFIP que debe resolver por sí misma y, además, al final ese plan de pagos no se le otorgó a la empresa, de manera que no se concretó nada. La pregunta que está en el centro del expediente es: ¿de quién es The Old Fund? El juez dice que de Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele. Según los abogados de Boudou, la respuesta sale del proceso de estatización de la empresa. Cuando el Congreso la nacionalizó (diciembre de 2012), quien se presentó a reclamar la indemnización fue el empresario y financista Raúl Moneta. El criador de caballos dijo, por escrito, que él puso el dinero. Y los letrados también señalan que el banquero Jorge Brito participó del financiamiento del rescate de Ciccone. La defensa del vicepresidente asegura que ni Boudou ni Núñez Carmona tienen nada que ver con los fondos utilizados para el rescate.

Cerca del juzgado de Lijo sostienen que pueden probar la relación de Boudou con The Old Fund por entrecruzamientos telefónicos. Por ejemplo, llamadas entre el secretario del vicepresidente y varios celulares que estaban a nombre de The Old Fund. La defensa de Boudou, en cambio, afirma que las conclusiones del entrecruzamiento no tienen ningún sustento. Por ejemplo, mencionan que el secretario de Boudou llamó al departamento de Puerto Madero que alquilaba el amigo de Vandenbroele, pero que esas comunicaciones son de tres y seis segundos y se deben a que el secretario de Boudou tenía ese teléfono agendado en el celular porque allí vivió el vicepresidente, pero al darse cuenta del error, cortó antes siquiera que lo atendieran. Lo mismo dice la defensa respecto de otras llamadas que, según ellos, no tienen relación con The Old Fund.

Uno de los datos más asombrosos del escrito de Lijo es que llama a prestar declaración indagatoria a las cabezas de la familia Ciccone, Nicolás Ciccone y Reinwick. Hasta hace unos meses, el juez tuvo a ambos como testigos, es decir que no los acusaba de nada. El fiscal Di Lello y la defensa de Boudou cuestionaron las declaraciones como testigos: si Olga Ciccone, por ejemplo, pidió el levantamiento de la quiebra de la empresa significa que toda la familia participaba de los acuerdos con The Old Fund y, por lo tanto, si había delito en esos acuerdos, los Ciccone eran partícipes. Todavía en marzo, Lijo aseguró que no acusaba de nada a los Ci-ccone. Ahora cambió de postura y los imputa de ser parte de la supuesta maniobra. Pero lo llamativo es que admite todo lo que declararon: por ejemplo, que vieron a Boudou varias veces y que negociaron con él, algo que ponen en duda varios testigos. Los abogados de Boudou están convencidos de que el juez sacó una resolución de apuro por razones políticas y porque venía un fallo de Cámara crítico con su actuación. Cerca del juez, en cambio, dicen que un reciente fallo de Casación lo obligaba a apurar el paso.