Amnistía Internacional y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) reclamaron al gobierno de José María Aznar que envíe hoy el pedido de extradición de cuarenta represores procesados por genocidio, terrorismo y torturas por el juez Baltasar Garzón. Si el martes próximo no llega la solicitud formal para que los acusados sean juzgados en Madrid, los detenidos quedarían en libertad.
“Las extradiciones de los militares argentinos son necesarias para continuar con el proceso judicial abierto por la Audiencia Nacional española en que se investiga a los autores de asesinatos, desapariciones y torturas”, afirmó Amnistía en un comunicado difundido ayer en Madrid.
La organización de derechos humanos también manifestó su apoyo a la decisión del Congreso de anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aunque advirtió que aún resta que la Corte Suprema se expida sobre el tema y, por lo tanto, no hay garantías de un verdadero juzgamiento en el país a los militares de la última dictadura. “El Poder Judicial argentino debe seguir el positivo ejemplo del Legislativo y Ejecutivo y, de conformidad con el derecho internacional, debe declararlas inconstitucionales”, afirmó Amnistía sobre las leyes de impunidad.
Desde el PSOE, el diputado Diego López Garrido aseguró a la agencia Europa Press que “se trata de exigir del gobierno la tramitación positiva de las extradiciones solicitadas por el juez”. El legislador consideró “absolutamente necesario” el cumplimiento de esa medida por parte del Consejo de Ministros –que se reunirá hoy– porque, de lo contrario, se acabaría el plazo fijado en el tratado de extradición entre España y Argentina para que los acusados sigan detenidos.
El juez Rodolfo Canicoba Corral arrestó a fines de julio a 40 de los 46 represores reclamados por Garzón (tres están muertos y tres prófugos), pero si no llegan los documentos desde Madrid, el martes empezaría a dejar a los militares en libertad. Esto no paralizaría los eventuales juicios de extradición, que igual podrían llevarse a cabo.
Garzón reclamó hace diez días al gobierno de su país que tramite las extradiciones de los represores, pero agosto es mes de vacaciones en España y el Consejo de Ministros se reunirá recién hoy.
Entre los represores acusados por Garzón que podrían recuperar su libertad figuran Antonio Domingo Bussi, Ramón Díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez, Alfredo Astiz y el abogado Gonzalo Torres de Tolosa. Algunos de los acusados saldrían el martes y otros, que fueron arrestados un día después, el miércoles. Los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, así como el ex general Carlos Guillermo “Pajarito” Suárez Mason, seguirán bajo arresto domiciliario porque están procesados por su responsabilidad en la apropiación de hijos de desaparecidos.
En Suiza, la jueza de Ginebra Christine Junod analiza la posibilidad de pedir las extradiciones de Videla y Massera por la desaparición del ciudadano suizo-chileno Alexis Jaccard. La justicia helvética decidió reabrir las investigaciones por el secuestro de Jaccard luego de que el gobierno argentino derogara el decreto que rechazaba todas los pedidos de extradición contra represores de la última dictadura. Desde la embajada suiza, el diplomático Alejandro Herrero aseguró que ahora “el gobierno está en la mejor disposición de ayudar a las autoridades suizas a hacer su trabajo. Creo que las instituciones encargadas de procurar justicia están por encima de las coyunturas políticas y eso es lo importante: que se respeten las leyes”.