El juez federal Sergio Torres pidió a los ministerios del Interior, de Defensa y de Justicia y a los jefes de las tres Fuerzas Armadas información relacionada con la Masacre de Fátima, en la que fueron asesinadas treinta personas en agosto de 1976. El magistrado inició la investigación luego de que la Cámara Federal ratificara su competencia para investigar esos hechos.
El magistrado pidió a los ministerios documentación sobre “las acciones represivas” implementadas por las juntas militares y las “decisiones adoptadas con respecto a la detención, alojamiento, trato y registro de los detenidos”. A la Policía Federal, Torres solicitó los “antecedentes laborales” de varios represores, entre ellos Arturo Corbetta Juan Antonio “Colores” del Cerro, Carlos Enrique Gallone y Julio “el Turco Julián” Simón. Los jefes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea deberán indicar los antecedentes de revista en esas fuerzas de Alejandro Agustín Arias Duval y Albano Harguindeguy y quienes eran sus superiores.
Estas medidas se produjeron luego de que la Cámara Federal porteña resolviera que Torres es el encargado de investigar la masacre. El juez se había declarado incompetente por entender que la causa correspondía tramitarse en los tribunales de Mercedes, que tienen competencia sobre Pilar, donde se llevaron a cabo los asesinatos. Los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani estimaron que Torres no debía desprenderse del caso porque existe la sospecha de que los jóvenes asesinados habrían estado secuestrados en la sede de la ex Superintendencia de Seguridad Federal.
El magistrado también solicitó a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia que le envíe las leyes que decretaron la nulidad de las normas de Obediencia Debida y Punto Final. También pidió a los querellantes que informen los tribunales donde tramitaron “las actuaciones relacionadas con la identificación y entrega de los cadáveres”. Varios de los cuerpos hallados en Fátima fueron identificados por la Cámara en cumplimiento del derecho a la Verdad.