El juicio oral y público por los secuestros y las torturas sufridas por una veintena de trabajadores de Ford durante la última dictadura depende, por estos días, de la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. La causa, una de las pocas centradas en la participación civil en delitos de lesa humanidad, y la que más cerca está de la instancia del debate oral, fue momentáneamente frenada por uno de los tres ex dirigentes de la compañía imputados en el expediente: hace algunas semanas, el ex jefe de seguridad de la Ford Héctor Sibilla recurrió en queja a la Sala 1 de la Cámara y solicitó la nulidad de las elevaciones a juicio que lo ubican como responsable. “Es una táctica básica de todos los acusados para atrasar la cuestión. Esperamos que sea rechazado”, analizó Tomás Ojea Quintana, uno de los abogados que representan a la querella particular de las víctimas.

El expediente sobre lo sucedido en marzo, abril y agosto de 1976 en la planta que Ford tiene en la localidad bonaerense de Pacheco caminaba derecho, junto a otras grandes causas que analizan violaciones a los derechos humanos de trabajadores de otras empresas durante el terrorismo de Estado, al juicio oral y público, cuyo inicio está previsto el 8 de julio en San Martín. Hace un par de semanas, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de ese fuero había citado a las partes para el aporte de prueba cuando se escuchó el “pero”: la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, integrada por Marcelo Fernández, Hugo Fossati y Lidia Cobo, aceptó el recurso presentado por la defensa de Sibilla y, hasta tanto no defina qué curso le da, el debate oral y público de la causa permanece en suspenso. Según informaron fuentes judiciales, la resolución es inminente.

En su recurso de queja, la defensa del militar retirado que ofició de jefe de seguridad de Ford exige la nulidad de las elevaciones a juicio que lo imputan en esta historia argumentando que no figuran especificaciones sobre los hechos que se le endilgan. “El quiere el detalle al extremo de la acusación, cuestiones que en realidad se dilucidarán en el juicio oral y público, justamente lo que este hombre quiere evitar”, evaluó Ojea Quintana, en diálogo con este diario.

La querella acusó a Sibilla por los mismos cargos que a otros ex dirigentes de la Ford, Pedro Müller y Guillermo Galarraga, ex jefe de Manufactura y ex gerente de Relaciones Laborales, respectivamente: los considera partícipes primarios en los secuestros y torturas de 24 trabajadores de la empresa. En su mayoría, los empleados fueron secuestrados en horario de trabajo, los mantuvieron detenidos en instalaciones de la empresa, donde fueron interrogados y algunos incluso torturados, y luego estuvieron cautivos en diferentes comisarías. Según esa elevación, los tres son responsables de “haber permitido el acceso a diferentes dependencias de la empresa al personal de las distintas Fuerzas Armadas y/o de seguridad y haberles suministrado información de su conocimiento relativo a los empleados de la compañía de diversos sectores”. Además, la querella particular a cargo de Ojea Quintana los imputó por “facilitar los medios necesarios, a través de diferentes mecanismos, para que los referidos numerarios castrenses procedieran a la detención” de las víctimas. En el caso específico de Sibilla, una de las víctimas lo reconoció presente mientras fue torturado.

La medida exigida por la defensa del ex jefe de Seguridad de la Ford ya fue analizada en una audiencia diagramada por la Cámara, a la que asistieron las querellas –también acusan en esta causa las secretarías de Derechos Humanos nacional y provincial–, pero no la fiscalía, que también debía responder por su elevación a juicio. Según denunció Ojea Quintana, “la exposición de la defensa de Sibilla fue un alegato en el que hizo referencia a la querella particular, cuestionó las declaraciones de los testigos en instrucción, se comportó como si estuviera en el juicio”. “Esperamos que el pedido de nulidad sea rechazado”, remarcó el abogado, en base a que “el recurso lo analiza la misma sala que confirmó los procesamientos de estas tres personas, con lo cual se debería mantener la lógica judicial y reiterar el rechazo”.

Las defensas de Sibilla, Müller y Galarraga habían apelado los procesamientos de la jueza federal que accionó en la primera instancia, Alicia Vence. Frente a esas apelaciones, la Cámara confirmó la decisión de Vence y la existencia de evidencias suficientes para mandarlos a juicio oral. Si ahora los camaristas opinan lo contrario, todo el expediente regresará a manos de Vence.