El vicepresidente Amado Boudou acusó, tácitamente, al juez Ariel Lijo de actuar basado en motivaciones políticas y en sintonía con los diarios Clarín y La Nación. En un escrito de cuatro páginas, Boudou pide que se adelante la declaración indagatoria a la que lo convocó el juez: “... curiosamente, sin que haya novedades en el expediente, usted hace la convocatoria el mismo día en que el país logró encauzar de manera exitosa la deuda con el Club de París, noticia que ha pretendido ser eclipsada por las citadas empresas de medios con lo resuelto por ese juzgado el mismo día. Como corolario, el señor juez decidió la urgente convocatoria, no para la semana subsiguiente, sino para CUARENTA Y CINCO DIAS (las mayúsculas están en el escrito original) más adelante”. En el juzgado no adelantaron anoche cuál va a ser la respuesta. El 15 de julio, el día original, Boudou estará ejerciendo la presidencia por el viaje a Brasil de Cristina Fernández de Kirchner a la reunión del Brics.

El escrito fue presentado ayer por la mañana por los abogados del vicepresidente, Diego Pirota, Eduardo Durañona y Déborah Lichtman, y está formulado en primera persona, con Boudou como la voz del texto: “... he manifestado mi plena e incondicional disposición a prestar declaración en caso de ser debidamente convocado. Habré también de reclamar al señor juez un tratamiento ajustado a las prescripciones legales”. Ambas frases sugieren que habría cuestionamientos al llamado a indagatoria.

Como se sabe, Lijo fijó la cita para el 15 de julio en el marco de un escrito en el que imputa al vicepresidente ser el propietario del fondo The Old Fund, el que rescató a la quebrada Ciccone, y que por esa vía es también el propietario de la sofisticada imprenta. Según el magistrado, Boudou es dueño de Ciccone en sociedad con su amigo de la juventud José María Núñez Carmona y con su también amigo –así lo sostiene Lijo– Alejandro Vandenbroele. El vicepresidente, en cambio, dice que no tiene ninguna relación con Ciccone y que nunca habló ni conoce a Vandenbroele.

La controversia se dará sobre las pruebas. Lijo afirma que Boudou operó sobre la AFIP para que ésta concediera un plan de pagos a Ciccone. Boudou contesta que no tenía firma para otorgar ningún plan de pagos de la AFIP, que el organismo recaudador otorgó mucho más tarde un plan de pagos correcto, que se dio a otras empresas como Frávega, y que el dictamen del Ministerio de Economía (en ese momento Boudou era ministro) fue ajustado a derecho y a lo que decían sus asesores. El juez utilizará una serie de comunicaciones telefónicas para probar el vínculo con Vandenbroele y con The Old Fund, mientras que la defensa afirma que el magistrado sacó conclusiones equivocadas de los entrecruzamientos y que no existen los vínculos de los que habla Lijo. Y así sucesivamente con un largo listado de lo que el juez considera evidencias y la defensa responde que son lecturas unilaterales de lo ocurrido.

Pero la impresión es que el escrito presentado ayer marca un enfrentamiento ya muy duro con el magistrado. El texto dice específicamente que Lijo juega a favor de un “linchamiento mediático” y que “Clarín y La Nación han venido anticipando con ajustada certeza y copioso nivel de detalle las medidas o resoluciones que el juzgado ha venido ejecutando”. En otras palabras, Boudou sostiene que Lijo actúa políticamente. Desde el juzgado contestan que la convocatoria a indagatoria no fue adelantada por ningún medio e insisten en que están interviniendo con criterios jurídicos.

En cambio Boudou expresa que “no se logran advertir entonces las razones jurídicas por las que se habría adoptado la decisión de convocar a las partes a declarar, cuando resulta a todas luces notorio que en la causa se contaba desde mucho tiempo atrás con todos aquellos elementos probatorios que ahora convenientemente el juez relata y en un sentido diametralmente distinto al que la propia prueba del expediente ha venido arrojando. Y siendo así, restaría entonces conocer ¿cuáles habrían sido las verdaderas razones por las que recién ahora el magistrado decide las convocatorias? Todas estas cuestiones serán sin dudas materia de un exhaustivo tratamiento en posteriores oportunidades procesales”.

Lo que entonces sostiene el vicepresidente es que el juez se mueve por razones políticas, en combinación con dos grandes medios, que lanzó la convocatoria para opacar los anuncios del acuerdo con el Club de París, que dilata sin razón, por 45 días, la convocatoria y que lo cita el día en que ejercerá la presidencia porque se concreta la reunión del grupo Brics –Brasil, Rusia, India, China y Su-dáfrica– a la que fue invitada la Presidenta. Ese encuentro se hará en Brasil, por lo que CFK estará fuera del país y será reemplazada por Boudou. En el juzgado dicen que Lijo leerá recién hoy el escrito y lo contestará.

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