Página/12
en Francia
Desde París

Quince días y 11.435 muertos “oficiales”. Las cifras proporcionadas ayer por el gobierno francés confirman la hecatombe que golpeó a Francia durante la primera quincena de agosto. La ola de calor dejó un saldo de muertos inimaginable en un país desarrollado y el saldo de víctimas hecho público podría ser aún muy superior, ya que las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de la Vigilia Sanitaria sólo conciernen a los primeros quince días de agosto. El saldo definitivo comprenderá, entonces, las muertes que se produjeron antes y después de esa fecha. Las Pompas Fúnebres Generales mantuvieron por su parte sus estimaciones, es decir, casi 14.000 muertos. El camino recorrido por las autoridades para admitir la amplitud de lo ocurrido fue laborioso. Cuando el 14 se agosto se divulgó un primer cálculo situando en 3000 el número de muertos, el ministro francés de Salud, Jean-François Mattei, restó credibilidad a la cifra. El 16 de agosto el mismo ministro juzgó “plausible” la existencia de 5000 víctimas, pero el 20 de agosto, cuando las Pompas Fúnebres anunciaron más de 10.000 muertos, el gobierno puso en tela de juicio la veracidad de las estimaciones.
Lejos de aplacarse, la controversia que se desató por la manera desastrosa e indiferente en que el gobierno administró la crisis humanitaria no cesa de crecer. Apretado por la izquierda, criticado por sectores de la derecha y repudiado por la opinión pública que acusa al Ejecutivo de pasividad, el primer ministro francés, Jean Pierre Raffarin, sacó de la galera una serie de propuestas que en lugar de calmar las aguas, las agitaron. La línea de defensa que adoptó el gobierno tiene acentos patéticos. Los ministros comprometidos se defienden detrás del argumento según el cual la hecatombe se produjo a raíz de un “fallo” en el sistema de alertas sanitarias, y agregan también como una de las razones la supuesta indiferencia de una parte de la población. Sin embargo, la oposición y los médicos les reprochan que recién lanzaron un plan de urgencia el 14 de agosto y que se ocuparon más en restarles credibilidad a las cifras que en socorrer a las víctimas.
A este debate se agrega la ola de indignación que levantó la propuesta gubernamental tendiente a suprimir uno de los 11 días feriados con el propósito de financiar a la tercera edad. Una vez más, del mismo modo en que procedió con la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones, el gobierno hace pagar a los trabajadores y deja al capital con las cuentas sin tocar. La idea de suprimir un día feriado seduce únicamente a la derecha. Según los cálculos hechos por los economistas, un día de trabajo generaría un capital de casi dos mil millones de dólares. Ese monto sería entregado por las empresas a un fondo de solidaridad destinado a la tercera edad, sin costo alguno para éstas, ya que el esfuerzo lo ponen los trabajadores y las empresas ganan un día de producción suplementario. Los sindicatos se oponen radicalmente a una iniciativa semejante, mientras que comunistas y socialistas la juzgan irrealista.
El Primer Ministro nada en una marea de dificultades y de críticas que pusieron contra él a un sector del electorado conservador-popular. El próximo lunes se reanudan las actividades luego de las vacaciones de julio y agosto, y los sindicatos se muestran decididos a hacerle pagar las cuentas sociales pendientes. Las reformas del sistema de jubilación y de la educación nacional, que tantos paros habían provocado, volverán a alimentar una agenda política dramatizada por los muertos del verano y la pasividad con que se movió el gobierno. Los socialistas entendieron que la derecha, fiel a su conducta, se olvidó de los más vulnerables y esperan llegar al corazón de ese pueblo que el año pasado les cerró las urnas.