EL PAíS › LA CARA MENOS CONOCIDA DE LAS DENUNCIAS SOBRE EL FISCAL CAMPAGNOLI
La Legislatura porteña acaba de designarlo Ciudadano Ilustre y Personalidad del Ambito de las Ciencias Jurídicas, pero José María Campagnoli acumula un record de denuncias por mal desempeño, procedimientos ilegales y abuso de poder, en su gran mayoría provenientes de sus propios colegas jueces, fiscales o abogados.
› Por Raúl Kollmann
José María Campagnoli registra gran cantidad de records. Son el lado B del personaje que se difunde en los medios. Es el fiscal que tiene el mayor número de denuncias en su contra, 20, la mayoría de jueces, otros fiscales y abogados particulares. El motivo, casi siempre el mismo: abuso de poder, mal desempeño e irregularidades en la investigación. Un reciente informe sobre el estado de su fiscalía establece que de las 3900 causas que oficialmente decía tener en curso, existen sólo 380 reales, las demás son inexistentes (o prescriptas). En algunas de ellas, hace dos años que no registra ningún movimiento ni presenta ningún escrito. Por su fiscalía pasaron unos 100 empleados, de los que se fueron 80 por el particular estilo de “conducción”. Quedan a su lado unos 15 incondicionales que, según las ex empleadas que lo denuncian, responden a características muy precisas: “varones, nacionalistas, ultracatólicos, preferentemente rugbiers y/o militantes del PRO”. El hostigamiento a empleadas, en especial mujeres, tenía el siguiente perfil: “Me decía, Muda (tal el apodo despectivo), no me dirijas la palabra, no quiero verte ni cuando venís ni cuando te vas”, según atestiguó María de los Angeles Giménez, una secretaria letrada, abogada y con posgrados. Integrantes de la fiscalía denunciaron a Campagnoli por filmarlos de forma ilegal y testimoniaron que pedía secuestros de vehículos sin orden del juez, les mandaba a sacar fotos a jóvenes de condición humilde del Barrio Mitre, incluso a menores, o intentaba elevar a juicio, sin siquiera procesar al imputado “algo que no haría ni un estudiante de derecho”.
Todos estos datos sobre el recientemente designado Ciudadano Ilustre y Personalidad del Ambito de las Ciencias Jurídicas surgen de los expedientes y la documentación de su record de denuncias en contra. Uno de los expedientes más frondosos –y que no se llegó a terminar para el juicio que se le está siguiendo al fiscal– es el que se instruyó por su actuación en el Barrio Mitre, el que suele inundarse en Saavedra. Algunos lo denominan Villa Mitre, pero no es para nada una villa de emergencia, sino un barrio que tiene una proporción de casas humildes. La denuncia la presentaron el legislador Jorge Taiana y el diputado nacional Leonardo Grosso y tiene testimonios de ex empleados –de rango importante dentro de la fiscalía– que estuvieron bajo las órdenes de Campagnoli.
En ese expediente hay declaraciones de vecinos que dicen que Campagnoli allanaba al grito de “te voy a matar, negro de mierda”. Pero más llamativo es el testimonio de una secretaria letrada quien cuenta que “Campagnoli tenía sobre su escritorio un cuadro de fotografías, no tomadas de expedientes judiciales sino captadas por integrantes de su equipo, de manera ilegal, en la calle, con una cámara oculta en una caja. Hacía un mapa del delito en el que marcaba con una equis las casas del Barrio Mitre en las que vivían los familiares de un joven que hubiera cometido un delito. Lo hacía aunque esos familiares, que vivían en otras casas, no hubieran cometido nunca un delito. Así catalogaba y estigmatizaba familias enteras, por el sólo hecho de que alguna vez, algún familiar o vecino, hubiera cometido un delito”. Una de sus consignas, según los testimonios, era “me paso por el orto al Pacto de San José de Costa Rica”.
La actual secretaria penal de la fiscalía correccional de Saavedra, María de los Angeles Gutiérrez, denunció espionaje ilegal a los propios empleados. “Encontramos una filmación que el equipo de Campagnoli había dejado, por error, en una computadora –contó Gutiérrez–. Aparecíamos filmados hablando los que no éramos de su equipo. Hicimos la denuncia, intervino un fiscal, allanaron la fiscalía y, sin embargo, el expediente se perdió durante la gestión anterior de la Procuración. Quienes objetamos ese accionar ilegal éramos hostigados, maltratados, con gritos, burlas. Muchos empleados, con carrera hecha, se fueron asustados e incluso prefirieron empezar en otro lado su carrera judicial.”
Un dato que siempre llamó la atención es la cantidad de causas que se mantenían abiertas en la fiscalía de Campagnoli, de acuerdo al sistema informático de la Procuración. El total llegaba a 3900, una cifra descomunal, muy por encima del resto de las fiscalías, que tienen entre 250 y 450 causas. Y, sobre esa base, el fiscal –o sheriff, como le decían los jefes de la Policía Federal de la zona– requería más personal para su fiscalía. A raíz de la suspensión de Campagnoli, la Procuración envió a suplantarlo a Cristina Caamaño, que sumó la fiscalía de Saavedra a la suya propia. El nuevo equipo pidió un informe sobre esas 3900 causas. Y el trabajo concluyó en que, reales, sólo hay unas 380 causas. En el informe se señala que permanecen abiertos, entre muchos otros parecidos, expedientes como los siguientes:
- Un robo del año 2007. Los últimos dos movimientos del expediente: en diciembre de 2013 se consulta a Robos y Hurtos si hay alguna novedad. En marzo de 2014 se llama a Robos y Hurtos para preguntar si hay alguna novedad.
- Un hombre compra un auto robado en 2010. Después de distintos pasos en que se habría probado que el individuo compró el vehículo sin saber que era robado. El juez, luego de la indagatoria, sobresee al imputado. Campagnoli apela ese sobreseimiento, pero el fiscal de Cámara, superior de Campagnoli, desiste de apelar. Eso ocurrió hace un año y sin embargo la causa sigue abierta.
- En septiembre de 2011 se comete un robo con arma. El expediente sólo contiene muy pocas diligencias. Un mes y medio después se pide un entrecruzamiento de llamadas. Se tardan otros seis meses para tratar de individualizar a los titulares de líneas. Dos años y medio más tarde se incorpora al expediente una nota diciendo que se están buscando datos del abonado sospechoso, sin resultados.
- Causa sobre abuso deshonesto cometido en octubre de 2012. Durante meses no hay ningún movimiento en el expediente y la última actuación data de noviembre de 2013.
- Una muerte dudosa producida en diciembre de 2012. Seis meses después recién se le pide al Cuerpo Médico Forense que determine las causas del fallecimiento. Se pide un testimonio a principios de 2013. El testigo no se presenta. Pasa más de un año sin que se incorpore nada a la causa.
Por supuesto, no faltan los bloopers. El 1º de septiembre de 2012 apareció muerto un hombre llamado Amadeo Vidal. Para la fiscalía se trataba de un suicidio. Un mes más tarde, Campagnoli pide el archivo de la causa por inexistencia de delito. El juez rechaza el pedido. Ya en diciembre de 2012, se acepta el pedido de archivo. Recién cuatro meses más tarde, llega el informe químico de la mano de Vidal indicando que no disparó. Y, además, la fiscalía cae en la cuenta que el revólver apareció del lado derecho de la víctima, cuando el disparo fue del lado izquierdo. Ocho meses después de ocurrida la muerte, entonces, se impulsa la acción contra la esposa de Vidal, Francisca Benito. El problema es que la mujer ya estaba considerada psiquiátricamente incapaz y no se pudo seguir la causa por homicidio. Nunca quedó claro si ese estado psiquiátrico lo tenía al momento de disparar.
El listado es interminable. Expedientes y expedientes abiertos en los que no se concreta ninguna diligencia durante medio año e incluso un año. Centenares de causas que no tienen ningún movimiento desde 2013. La conclusión del informe es que no existen las 3900 causas que Campagnoli mantenía abiertas en el sistema informático y que le servían de base para pedir mayor cantidad de personal.
Lourdes Genoud es sobrina del ex secretario de Seguridad, Norberto Quantin, con quien Campagnoli conformaba el grupo llamado Los Centauros. Genoud era prosecretaria letrada de la fiscalía de La Boca, es decir un cargo de importancia jurídica, al que accedió por ser abogada y con posgrados. La mujer perdió por 2004 la cálida relación con su tío porque ella formó pareja con un hombre divorciado, algo que no encajaba con la orientación religiosa de Quantin. Cuando Campagnoli se hizo cargo de la fiscalía, le dijo secamente: “Necesito tu cargo, te vas tener que ir. Necesito los cargos para mi gente. Si te quedás, yo voy a estar con el látigo”. Genoud, embarazada, consiguió que otro fiscal le permitiera mantener su puesto, pero terminó recluida por Campagnoli en una oficina en el centro de la ciudad, donde quedó sola y aislada, sin siquiera personal de limpieza que se ocupara del aseo de la oficina. “El hostigamiento continuó negándome las vacaciones cuando mi esposo, también del Poder Judicial, estaba de licencia e incluso cuando se tuvo que operar. Todo derivaba en que yo tenía que recurrir a las autoridades de la Procuración, que en la gestión anterior lo protegían claramente”, señala Genoud.
María de los Angeles Giménez, secretaria de la fiscalía de Saavedra, vivió la misma situación y ejemplifica a los cerca de 80 integrantes de la fiscalía que, en su opinión, se tuvieron que ir por el hostigamiento. “A mí me dijo el primer día: ‘Si vos querés tener pibes (hijos), andate. Yo necesito tu cargo’. Cuando quedé en la fiscalía de Saavedra me decía: ‘No me hables. No te quiero ver ni cuando venís ni cuando te vas’. Cuando ordenaba medidas ilegales, yo me negaba a firmar como secretaria. Era de un trato brutal, a los gritos. Y todo se redondeó cuando descubrimos que nos filmaba. Despectivamente me llamaba Muda.”
Las filmaciones y órdenes ilegales aparecen ahora en los expedientes, en especial el de Barrio Mitre. Actuación en causas en las que hay clara incompetencia, expedientes que ya están siendo investigados por otro fiscal u otro fuero. Y, sólo para ilustrar, lo ocurrido en una causa por violación en la que estaba imputado un joven. Se realizó el estudio de ADN del semen encontrado en la víctima y dio negativo. Campagnoli ordenó entonces “un reconocimiento de pene” (así figura en el expediente), es decir que se haga una ronda en que el joven acusado y otros exhibieran su pene, para que la víctima determinara quién la abusó, una medida obviamente ilegal, pero dictada por la ahora Personalidad del Ambito de las Ciencias Jurídicas para la Legislatura porteña.
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