La Sala I de la Cámara Federal porteña le señaló al juez Ariel Lijo que debe profundizar una línea de investigación hasta ahora relegada: la que podría echar luz sobre el origen de los fondos que se utilizaron para levantar la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica, lo que a su vez podría ayudar a determinar quiénes buscaron quedarse con la empresa y, si entre esas sociedades y personas, se encontraría –como supone el juzgado– o no Amado Boudou. Ayer, antes de su indagatoria, el vicepresidente presentó un escrito en el que pide medidas en ese mismo sentido y, en particular, para dilucidar qué papel tuvieron el Banco Macro, de Jorge Brito, y un conjunto de financieras vinculadas con Raúl Moneta. Uno de los camaristas, Eduardo Farah, escribió un voto aparte, en minoría, en el que directamente pide que se cite a ambos banqueros a indagatoria, y también al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. La resolución mayoritaria del tribunal, a la vez, declara abstracto un planteo de Boudou para que se consideren nulas las declaraciones testimoniales del ex dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone, y su yerno Guillermo Reinwick. Ellos ya fueron citados a indagatoria y por lo tanto esa será el testimonio valedero en el expediente.

La Cámara tomó intervención por un recurso que habían presentado los abogados de Boudou y de Alejandro Vandenbroele –titular visible de The Old Fund–, en el que pedían anular los testimonios que Ciccone y Reinwick dieron el año pasado. Decían que hasta unos días antes de esa citación habían sido imputados, que de pronto el juzgado los convirtió en testigos y que, para peor, les impidió a los defensores presenciar esas declaraciones (porque Reinwick dijo que se sentía amenazado). El tribunal señaló deficiencias técnicas de la presentación, pero hizo hincapié en que era abstracta porque la situación actual de los viejos socios de la imprenta ya no es la de querellantes ni testigos, sino que el juez Lijo ahora los citó a indagatoria como sospechosos de haber participado en la misma maniobra supuestamente irregular para lograr el rescate de la empresa, en la que involucró a Boudou, su socio José María Núñez Carmona, Vandenbroele y el ex jefe de asesores de la AFIP, Rafael Riesnik Brenner. Cuando declararon como testigos, Ciccone y Reiwick dieron una versión que podrán mantener o cambiar en su indagatoria. También podrían negarse a declarar. Cualquiera sea la opción que elijan, ésa será la declaración que tendrá validez en el expediente.

Los camaristas, de todos modos, no limitaron su pronunciamiento a esa cuestión. El voto de Eduardo Freiler y Jorge Ballestero dice que el juez debería avanzar en evaluar los dictámenes del fiscal Jorge Di Lello “respecto de otras aristas de los hechos que, hasta el momento, han permanecido inescrutadas”. Entre ellas, señalan “el análisis de la procedencia de los fondos aplicados al levantamiento de la quiebra de la entonces Ciccone Calcográfica” y “el estudio de las capacidades financieras de las personas físicas y jurídicas a ellos vinculadas”.

No es un punto en absoluto menor, ya que en la citación a indagatoria el juez Lijo argumentó que Boudou sería, a su entender, el dueño en las sombras de The Old Fund, el fondo de inversión manejado por Vandenbroele al que se le traspasaría el 70 por ciento de la imprenta y que puso cerca de 50 millones de pesos para levantar la quiebra. Boudou lo niega, y niega conocer a Vandenbroele. Lijo sostuvo que Boudou y Núñez Carmona se reunieron con los Ciccone en dos ocasiones para negociar el salvataje, tras lo cual vendría una intervención de la AFIP y del propio Ministerio de Economía –por entonces a cargo del ahora vicepresidente– para facilitar un plan de pagos excepcional. La versión sobre las reuniones se originó en los testimonios de Reinwick y Ciccone, que volverán a declarar, pero como imputados (lo que los releva de la obligación de decir la verdad). Habrá que ver qué hace el juez con lo que dijeron como testigos. Boudou siempre negó haber ordenado un plan de pagos, que debía resolver la AFIP, que de hecho terminó otorgando el mismo que a otras empresas. Según el juez, el gran objetivo era conseguir contratos con el Estado para imprimir billetes.

Tanto en el expediente penal como en el comercial y el de la expropiación, surge que no está claro quién está detrás de The Old Fund y el dinero. El banquero Raúl Moneta se presentó en la expropiación diciendo que él había puesto la plata para el rescate. En la causa a cargo de Lijo, lo mismo sostuvo Vandenbroele en un escrito en el que, además, especificó que la financiación de Moneta llegó a través de Cooperativa de Crédito Marítima del Sur, Federalia Sociedad de Finanzas, Maxifarm. Los aportes de dinero, decía, fueron unificados en Mayer Business Corporation, la misma que hizo aportes a través de la uruguaya Dusbel. El fiscal Di Lello, por su parte, cuando pidió indagatorias también señaló el financiamiento y los aportes del Banco Macro y pidió la declaración testimonial de Brito.

El escrito que presentaron ayer temprano los letrados de Boudou reclamando medidas de prueba dice que es clave conocer “la ruta y titularidad del dinero utilizado para financiar Ciccone Calcográfica”, porque así “podrá verificarse quién o quiénes son o fueron los verdaderos dueños de la mencionada imprenta y/o de The Old Fund”. Entre otras cosas, requiere puntualmente las declaraciones como testigos de cuatro empleados del Banco Macro que intervinieron en los depósitos “de dinero que a la postre fuera utilizado para sanear Ciccone Calcográfica”, lo que permitiría establecer “el modo y la titularidad del dinero ingresado a The Old Fund”. A la vez, requiere testimonios de los representantes legales de las financieras vinculadas con Moneta para establecer qué préstamos otorgaron. También pide que los peritos de la Corte hagan un análisis contable sobre la ruta del dinero girado para The Old Fund, Dusbel, Tierras International Investments y el resto de las sociedades ligadas al levantamiento de la quiebra.

La Cámara apuntó, además, a rastrear el origen del dinero y los verdaderos beneficiarios del rescate de la ex Ciccone. El voto del camarista Farah es el que llega más lejos –pero por ser minoritario no es obligatorio para el juez–, porque si bien avala la pesquisa dice que surge la “imperiosa necesidad de completar el marco de imputaciones” en relación con otras que personas “que habrían tomado parte activa en la ejecución de los hechos”. Por eso, dice que el juez debería llamar a indagatoria a otros personajes de la trama, entre los que incluye a Brito y Moneta, pero suma a Pablo Jorge Amato (quien fue abogado de los Ciccone), a Máximo Lanusse (ex gerente del Macro) y Jorge Capirone –ambos devenidos en directivos de The Old Fund– y también al titular de la AFIP, Echegaray. En este último caso, el voto de Farah señala, en función del dictamen fiscal, que la AFIP nunca desde 2007 había pedido la opinión del Ministerio de Economía para otorgar una moratoria y que debe declarar por su posible participación en la maniobra o por no haberla denunciado.

El voto de Farah habla de “dinero negro” que se habría utilizado para levantar las deudas y “presuntos movimientos de fondos” y utilización de sociedades “tendientes a ocultar su origen”. Según su interpretación, todos, banqueros incluidos, serían partícipes de un mismo posible delito. Hay quienes interpretan, y así en cierto punto lo hizo la fiscalía, que la financiación o inversión de determinados empresarios o financistas no implicaría necesariamente participar de la maniobra delictiva.