“Estoy muy al tanto de la gravedad de las acusaciones en contra de usted y de la sensibilidad diplomática que produce este caso. He concluido que no me va a satisfacer ninguna suma de dinero que se ofrece como caución ni las condiciones de libertad que se me proponen. En virtud de las graves acusaciones, no puedo aceptar su pedido de excarcelación.” Con estas palabras, el juez británico Christopher Pratt resolvió ayer que el ex embajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpour, continúe detenido hasta el 19 de septiembre, fecha en que el magistrado tomará una decisión, tras conocer la documentación que le está enviando el juez del caso AMIA, Juan José Galeano. El juez Pratt no opinó sobre la solidez o debilidad de pruebas ni se pronunció sobre la pertinencia de la extradición: se limitó a afirmar que como se trata de un delito grave –complicidad en el homicidio de 85 personas– no corresponde dar la libertad hasta no ver la evidencia. Hoy llega a Buenos Aires una delegación de juristas iraníes que quieren revisar el expediente AMIA, lo que indica que preparan una respuesta más judicial y menos política.
La audiencia sobre la excarcelación de Soleimanpour se llevó a cabo en los recoletos tribunales de Bow Street, en Londres. El magistrado recibió una oferta de Irán de depositar 500.000 libras esterlinas como garantía de que su ex embajador no se va a fugar, a lo que se sumaron 200.000 libras del padre de Soleimanpour y 5000 más que ofreció un amigo.
El juez Pratt también se enteró de las durísimas declaraciones del presidente de Irán y de funcionarios de la Cancillería poniendo las cosas en el terreno político. El régimen de Teherán sostuvo que Galeano pidió las capturas presionado por Israel y pidió explicaciones también al Reino Unido. En ese ambiente de tensión, el magistrado decidió que Soleimanpour siga preso hasta que llegue la documentación enviada por Galeano.
Ayer, los fiscales Alberto Nisman y Eamon Mullen insistieron en que existen pruebas para imputar a Soleimanpour como cómplice del atentado. Los fiscales se basan en una definición de Irán como Estado terrorista en el momento del atentado y sostienen que, de acuerdo con arrepentidos, la decisión del ataque se tomó en Teherán en agosto de 1993. Soleimanpour representaba a Irán en la Argentina y de allí deviene la responsabilidad principal. Hay que agregar que –según los fiscales– hubo un aumento llamativo del movimiento de correos diplomáticos, ingresando hombres con pasaporte diplomático en junio y en julio de 1994 en número inusual.
Los fiscales dicen que Soleimanpour no estaba en Buenos Aires en el momento del atentado, pero que eso igual es sospechoso porque hubo demasiado movimiento de correos. Por último, tanto para los fiscales como para el juez Galeano, el coordinador del ataque fue el agregado cultural, Moshen Rabbani, y que el embajador debió estar al tanto. Todas las partes reconocen que no hay elementos directos contra Soleimanpour, pero las evidencias surgen del papel que jugaba en la embajada.
El gobierno nacional resolvió manejar el caso con cautela y manteniendo todo en terreno judicial. Sabe que los pedidos de captura parten de un juez cuestionado como Galeano, cuyas irregularidades están aflorando en el juicio oral. También las capturas se pidieron sobre la base de un informe de la SIDE, elaborado en tiempos de Miguel Angel Toma, otro hombre poco confiable para el Gobierno.
Hoy llega a Buenos Aires una delegación de tres iraníes que, acompañados por un apoderado argentino, intentarán acceder a la causa para refutar las acusaciones. Los iraníes vienen con visado argentino y en el mismo avión llega el encargado de negocios de nuestro país en Teherán, Ernesto Alvarez. Irán jamás colaboró con la pesquisa y al menos esta movida indica que quieren interiorizarse de las imputaciones de Galeano y la SIDE.