Desde Calafate

“España ya se pronunció y ahora todo depende de la Justicia argentina”, dijo el presidente Néstor Kirchner no bien se enteró de la decisión del primer ministro español José María Aznar de poner freno a la Justicia universal impulsada por el juez Baltasar Garzón. “Pero no cambiamos nuestra posición, y queremos garantizar que no haya impunidad”, dijo.
Kirchner recibió la noticia poco antes de partir en vuelo a Santa Cruz junto con el presidente chileno Ricardo Lagos, que el jueves dijo “admirar” la postura argentina sobre derechos humanos. Kirchner y Lagos volaron en el mismo avión, el Tango-01. Un funcionario del Gobierno dijo a Página/12 que Lagos quedó “impresionado” por la fuerte decisión española. En Chile una resolución similar de los británicos terminó enviando al dictador Augusto Pinochet de vuelta a casa. No fue condenado, pero el clamor internacional repercutió con tanta fuerza en Chile que la justicia redobló el procesamiento de los sospechosos de haber violado los derechos humanos en 17 años de dictadura.
Este diario preguntó ayer cuál es la impresión oficial del gobierno argentino sobre lo que sucederá con los juicios. La respuesta fue múltiple:
- Por lo pronto está el compromiso confirmado en público por Kirchner, de evitar una situación general de impunidad.
- ¿La decisión española sacará o sumará presión a la Justicia argentina? Los funcionarios se inclinan por lo segundo. El razonamiento es que la discusión sobre la territorialidad o justicia universal, sobre si sólo se puede juzgar a los reos en la Argentina o también puede procesarlos en tribunal extranjero, dejó como sobreentendido que juzgamiento debe haber. Eso habría quedado fuera de discusión. Incluso de la discusión social. Más todavía: parece inevitable, según los funcionarios, en la visión de los militares en actividad y en retiro.
- La Corte no puede resistir la presión que viene ya desde la misma Justicia, donde la Cámara Federal porteña, tal como informó este diario, resolvió agilizar todas las causas en los juzgados porque considera que la nulidad de las leyes aprobada por el Congreso fortalece la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Ayer, en el vuelo de ida a Calafate, ni Kirchner ni su ministro de Defensa, José Pampuro, quisieron opinar sobre pronósticos y plazos respecto de la Corte Suprema, el embudo que concentrará todos los planteos sobre la constitucionalidad de las leyes viejas y las leyes nuevas que anularon las viejas.
Sin embargo, el Gobierno tiene una idea de lo que pasará. Apuesta a que la Corte no demorará el fallo y que ese fallo puede declarar inconstitucionales la leyes de impunidad.
Eso sin contar que sólo España se negó políticamente a enviar a la Argentina una solicitud de extradición. Una actitud contraria tiene, por ejemplo, Francia con el ex militar Alfredo Astiz, ya condenado en ausencia por la justicia de París. También ese pedido terminará llegando a la Corte salvo que Astiz, que en su momento se amparó en la Obediencia Debida, sea juzgado antes por un tribunal argentino. Así, el ejemplo del ex marino volvería a ser emblemático. Si antes se constituyó en el killer preferido de los marinos que no rompieron relaciones –políticas, espirituales, de sangre y de silencio– con la Escuela de Mecánica de la Armada, ahora puede jugar en la Argentina el rol que Pinochet desempeñó en Chile: concentrar como símbolo la necesidad de un juzgamiento.
Kirchner y Lagos aprovecharon su contacto de los últimos días para intercambiar experiencias y opiniones sobre el juzgamiento del pasado, pero no fue ésa, ayer, la única obsesión de los funcionarios argentinos. El Gobierno pareció ocupado por limar cualquier imagen de aspereza interna, tanto en política como en economía. Poniendo nombres. Enpolítica, un conflicto entre Kirchner y Eduardo Duhalde. En Economía, entre Kirchner y el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, por un lado, con el de Economía, Roberto Lavagna, por el otro.
El capítulo de Pampuro se cuenta aparte. En economía, las menciones a De Vido son sólo una forma elegante de no involucrar directamente al Presidente en un choque con Lavagna. Pero, ¿existe ese choque? Al menos no parece comprobable en el registro interno del propio Gobierno.
Hasta hace dos semanas podía haber un matiz en el enfoque del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Podía pensarse, inclusive, que a Kirchner no lo entusiasmaba el acuerdo, sobre todo si era cualquier acuerdo. Lavagna, en cambio, siempre fue partidario de llegar a un arreglo con el Fondo Monetario Internacional como un modo de dar un horizonte de negocios y hasta de concluir la primera parte de sus funciones: desde la conducción de los bomberos apagando el incendio de la pesificación mal hecha y la devaluación precipitada –precipitada, en buena medida por el dúo Domingo Cavallo-De la Rúa– hasta el fin de la recesión y el comienzo del crecimiento económico, aunque leve.
Una compulsa permitía, ayer, sacar la conclusión de que Kirchner y Lavagna juegan en sintonía.
El Gobierno sólo está preocupado por garantizar una cosa en el acuerdo con el Fondo: que el compromiso de superávit fiscal no supere el 3 por ciento. Una cifra mayor haría peligrar, según Kirchner y Lavagna, toda posibilidad de mantener el crecimiento en el futuro.
Pero el Gobierno en su conjunto no duda, en este momento, de que el acuerdo con el Fondo es necesario. Y si es a tres años con metas que logren evitar una carnicería, cubriría parte del mandato de Kirchner.
“Ya me imagino lo que van a decir algunos gurúes si eso se logra”, suele bromear el Presidente con sus colaboradores. “Que no hay plan.” Y agrega: “Cuando terminemos, dirán que no hubo plan”.
Según los funcionarios consultados, el gran objetivo es firmar un buen acuerdo y todo cálculo viene después, en un plano secundario.
Una alternativa es el buen acuerdo y el pago a los organismos multilaterales de crédito hasta con reservas. “Si firmamos, ese dinero se recupera”, razonaba ayer un funcionario mientras el catamarán transportaba a las comitivas de Chile y la Argentina rumbo a los hielos del ventisquero Perito Moreno.
En medio del viento helado el funcionario dejó otra alternativa: un buen acuerdo a cortísimo plazo, aunque haya que pasar de momento por el default con los organismos de crédito. “Si hay acuerdo, eso tampoco nos asusta”, se envalentonó.