Desde Neuquén

Los abogados querellantes en la causa contra Jorge Sobisch por la denominada “zona liberada de Plaza Huincul” solicitaron ayer que el ex gobernador de Neuquén sea condenado por el delito de “abuso de autoridad”. El pedido lo hicieron Ricardo Mendaña y Gustavo Palmieri, en representación de los ex jefes policiales Leonel Seguel y Luis Morales, quienes acusan al ex gobernador de haberles ordenado no intervenir durante una agresión a docentes en 2006. La defensa, en cambio, pidió el “sobreseimiento o absolución” de Sobisch por considerar que se armó “una construcción adornada de lo que no existió”. Durante la audiencia, se produjo un gran revuelo cuando un policía de civil sacó fotos y filmó a los periodistas que estaban cubriendo la etapa final del juicio. Si bien el efectivo fue retirado de la sala al ser descubierto por los propios periodistas espiados, la jefatura de la policía neuquina reconoció luego haber asignado “un efectivo del área de investigaciones a la sala de audiencias” del juicio a Sobisch con el supuesto objeto de “preservar el orden público y la paz social”.

En marzo de 2006, en Plaza Huincul, un grupo de docentes fueron agredidos por manifestantes del Movimiento Popular Neuquino –el partido político de Sobisch– cuando obstaculizaban la entrada y salida de camiones en una destilería de YPF. “A la luz de la prueba incorporada se ha demostrado en forma cabal la orden impartida por Sobisch, porque aplicando el sentido común nadie puede ignorar que hubo inacción policial”, señaló Mendaña, quien recordó el video proyectado en audiencias previas, en el que “el mismo ex gobernador reconoció en un discurso en la Jefatura de Policía que él dio la orden de no actuar”.

Por su parte, Gustavo Palmieri –quien intervino como querellante en el juicio que condenó a prisión perpetua al policía Darío Poblete por el crimen del maestro Carlos Fuentealba– precisó que “Sobisch violó la Ley Orgánica de la Policía provincial al impartir una orden ilegítima”. Palmieri aseguró que “no sólo cometió abuso de poder, sino que actuó con dolo”.

Para el defensor Martín Segovia, “la querella parte de una premisa falsa” y los ex jefes policiales querellantes, Seguel y Morales, actuaron con “negligencia” en el manejo del conflicto entre los atacantes y el grupo de docentes. “Si la orden de no intervenir hubiera existido los habrían premiado con ascensos y no los hubieran separado inmediatamente de sus funciones”, sostuvo.

Al hablar en el cierre de la audiencia, Sobisch sostuvo que “se pretendió mezclar un discurso político con una orden y hemos estado cuatro días aquí y he visto a los abogados Mendaña y Palmieri esgrimir todos argumentos políticos en este juicio”.

El desarrollo de la audiencia se vio alterado por el espionaje del policía de civil. La fuerza de seguridad neuquina reconoció el envío del agente, pero sostuvo que “no realizaba tareas de inteligencia, seguimiento y/o similar” ya que “para conocer los detalles del caso es suficiente con encender la radio o prender el televisor”.

Según los propios periodistas y fotógrafos acreditados en la sala, cuando el policía entró, se colocó en el fondo del juzgado y empezó a registrar imágenes con su teléfono celular. Cuando se le consultó a qué medio pertenecía, contestó que estaba “enviando un mensaje de WhatsApp”. Inmediatamente se armó un revuelo que hizo que personal judicial interviniera y le pidiera al efectivo –quien había ingresado comenzada la audiencia, cosa que estaba expresamente prohibida por las autoridades del juicio– que se retirara de la sala.

El Sindicato de Prensa de Neuquén repudió “enérgicamente la actividad intimidatoria hacia los periodistas” en lo que denominó como actividad de “inteligencia sobre los trabajadores de prensa”. Con la firma de su secretario general, Oscar Livera, el SPN reclama “al gobierno provincial, en la persona de su ministro de Gabinete, Seguridad y Trabajo, doctor Claudio Gastaminza, que dé las explicaciones de por qué la policía que está bajo su órbita de gobierno hace inteligencia sobre el trabajo de los periodistas que cubren el juicio de un ex gobernador”. “Exigimos se aclare si el personal que filmaba a los trabajadores de prensa es un auxiliar de la justicia en accionar oficial o un intruso amparado por la policía de la sala”, remarca el sindicato de prensa local.

Angélica Lagunas, diputada provincial del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), también se pronunció contra lo que denominó “un vergonzoso espionaje contra la prensa de nuestra provincia, intimidando a los periodistas y fotógrafos que vienen mostrando el desa-rrollo del juicio (a Sobisch) que está demostrando cómo el ex gobernador liberó la zona de Plaza Huincul”. Lagunas, quien también es una dirigente docente del gremio ATEN, hizo públicas en su cuenta de Facebook una serie de fotos donde se muestra al policía descubierto in fraganti en un entrenamiento y curso realizado en mayo de este año en Neuquén impartido por personal del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) perteneciente a la Policía Militar de Brasil. En una fotografía de un certificado que el propio policía, al parecer, habría hecho conocer en su propio FB y que luego misteriosamente fue borrada, se lee que el nombre del efectivo es Jorge Manriquez.