Tras la decisión del gobierno español de no reclamar la extradición de los 40 represores presos, el juez español Baltasar Garzón pidió ayer a su colega argentino Rodolfo Canicoba Corral que los procese y que los mantenga detenidos. A través de una resolución que envió desde Madrid, Garzón también solicitó a Canicoba Corral que “si decide ponerlos en libertad, se lo comunique antes para volver a pedir sus extradiciones”. El juez argentino, que aún no opinó sobre esta solicitud, “porque todavía no recibí ningún documento por vía diplomática”, había anunciado el viernes que “si no hay extradición, no hay juicio y no hay arresto”.
El pedido que el juez Garzón le envió a Canicoba Corral de manera urgente –a través de Interpol y por vía diplomática– está basado, principalmente, en las acusaciones que utilizó el magistrado español para solicitar las extradiciones que el viernes rechazó el Consejo de Ministros de España. Por este motivo, a través de su resolución, Garzón también le ofrece a Canicoba Corral “remitir todos y cada uno de los antecedentes, testimonios y documentos que han servido en esta causa para la imputación, procesamiento, prisión y petición de extradición de los afectados”. Las pruebas contenidas en el sumario español servirían, entonces, para que el juez federal las tome como denuncias e inicie procesos judiciales a los 40 represores, pero en la Argentina.
Canicoba Corral aseguró el viernes que cuando la resolución del gobierno español llegue a sus manos por los canales oficiales, dejará en libertad a los 39 militares y al civil detenidos tras el pedido de extradición. Sin embargo, la solicitud de Garzón tiene como objetivo que esto no ocurra y que los represores queden presos, en virtud de que existen pruebas necesarias para abrir procesos en el país.
“Solicito que esta resolución sirva de denuncia formal de los hechos y que por ello se produzca de forma inmediata la persecución penal”, dice el punto 2 de la resolución de Garzón. Ante la posibilidad de que Canicoba Corral no tenga en cuenta este pedido y deje libres a los represores, el juez español aclara en el punto siguiente, que “si lo anterior no es posible, pese a la nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, solicito se me informe para reactivar la petición de extradición, según se establece en el propio acuerdo del Consejo de Ministros de España del 29 de agosto de 2003”.
Lo que el juez Baltasar Garzón afirma en ese tercer punto, se basa en el propio escrito del Ministerio de Justicia de España que no denega la petición de extradición sino que la suspende en virtud de que en la Argentina “se ha procedido a la anulación de la Leyes de Punto Final y Obediencia Debida que impedían el enjuiciamiento y condena de los hechos cometidos en la Argentina y que coinciden con los que son objeto de las solicitudes de extradición”.
Por su parte, la opinión de Carlos Slepoy, el abogado de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos en Madrid que ejerce la acusación en España, va en el mismo sentido que el pedido del juez español. Slepoy precisó a Página/12 que lo actuado en España por Baltasar Garzón “se convierte en un elemento extraordinario para que Canicoba Corral pueda llevar adelante las actuaciones”.
–Sin embargo el juez federal ya aseguró que apenas llegue la resolución del gobierno español dejará libres a los 40 represores.
–Creemos que sería injustificable que queden en libertad. Canicoba Corral tiene las denuncias, los detalles y los testimonios más que suficientes para mantener a todas estas personas detenidas.
El abogado argentino advirtió, además, que no sólo debe darse continuidad a las detenciones por el nivel de gravedad de los delitos por los que están acusados sino que debe considerarse, especialmente, “el alto riesgo de fuga que se abre si se los deja en libertad”.
Hasta la noche de ayer, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral aún no había recibido el pedido de su colega español. Por ese motivo, ante la consulta de Página/12, no quiso opinar sobre el tema, pero sí explicó queestima que los juicios en la Argentina contra ex militares acusados de violaciones a los derechos humanos “van a avanzar mucho más rápido de lo que espera mucha gente”, tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por parte del Congreso.
El juez federal se mostró convencido de que “la Cámara Federal, por lo menos la porteña, va a disponer la reapertura de varios de los procesos que estaban pendientes”. En ese sentido, explicó que no es necesario que se expida la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad o no de las leyes, ya que “La Corte se va a expedir cuando le vayan llegando expedientes por vía de los recursos que la ley autoriza. Pero hasta que lleguen a la Corte, las causas avanzarán procesalmente”.
Aunque el pedido por el que el gobierno español suspende el reclamo de extradición no llegó oficialmente y puede tardar todavía algunos días, los detenidos tendrán oportunidad de quedar en libertad a partir del próximo martes, ya que ese día vence el plazo que tenía el Poder Ejecutivo Nacional de España para enviar la documentación con su definición, según el Tratado de Extradición entre ambos países.
“Si España desiste de la extradición los detenidos quedan en libertad sin restricción legal. Este fue un arresto con fines de extradición por lo tanto, si no hay extradición, no hay juicio y si no hay juicio no hay arresto”, había aclarado el juez Canicoba Corral el viernes cuando se enteró que el gobierno de José María Aznar había decidido no reclamar las extradiciones por considerar que los tribunales argentinos son “competentes” para enjuiciar a sus nacionales.
En relación a la discusión de si el juez Canicoba Corral posee o no competencia para mantener detenidos a los 40 represores, el abogado Slepoy explicó que, según su consideración, “aunque el juez no tendría otra alternativa que dejarlos en libertad en el proceso de extradición, al confirmarse su competencia y sabiendo que los crímenes se han cometido, podría abrir el proceso en la Argentina y mantenerlos detenidos”.
Informe: Martina Noailles