El juicio político contra el fiscal José María Campagnoli se transformó en un embrollo de tal magnitud que ya casi ni se habla de las razones por las que está en el banquillo. La renuncia de una de las integrantes del tribunal, quien alegó razones de estrés y salud justo cuando estaban por comenzar los alegatos y en medio de una campaña periodística favorable al acusado, llevó a que el proceso quedara sin efecto por el paso de los días. En el ínterin hubo amenazas de muerte a uno de los fiscales, hecho prácticamente ignorado por la mayoría de los medios. Ahora todo el juicio está paralizado y en situación de incertidumbre, con una larga lista de cuestiones por resolver por parte del tribunal, que está sumido en el desconcierto: no se sabe qué juez asumirá, ni si el juicio se hará de nuevo desde cero, ni si Campagnoli seguirá suspendido.

Como están dadas las cosas podría pasar que el show de testigos se repitiera. Es porque ningún juicio puede estar suspendido más de diez días, que en este caso se cumplieron el viernes. El proceso cayó justo cuando habían terminado todos los testimonios y había concluido la producción de evidencia documental. Sólo faltaban los alegatos y la sentencia. El tribunal tiene que decidir ahora si toda esa prueba vale o ya no sirve. A lo que se suma el problema de que un nuevo juez se incorporará al jurado y no presenció ninguna de las audiencias, lo que genera otra controversia: ¿bastará con que vea los videos y que se incorpore todo el material al nuevo juicio?

La defensa de Campagnoli ya anticipó que no aceptará un nuevo juicio. “Campagnoli fue juzgado y lo tienen que reponer en el cargo”, advirtió el abogado Ricardo Gil Lavedra. El fiscal Adolfo Villate contrapuso: “Si se hace el juicio de nuevo, no vemos doble juzgamiento porque aún no hubo sentencia”.

Por lo pronto, las discusiones sobre cómo seguir comenzarán hoy, cuando se reúna el tribunal, pero no se sabe cuándo terminarán. No tiene plazos para resolver, sólo el que indica que debe haber sentencia a lo sumo en 180 días, que se cumplen el 29 de octubre.

Lo que se vio del juicio consistió en una discusión sobre cuestiones dichas o publicadas en los grandes medios de comunicación. El devenir de las audiencias y el escenario hoy incierto también llevan el sello de la prensa.

La imputación contra Campagnoli está relacionada con una emisión del programa de Jorge Lanata donde un financista, Federico Elaskar, y el glamoroso Leonardo Fariña, afirmaban haber participado de operaciones para sacar dinero del país del empresario Lázaro Báez, conocido como el empresario de la obra pública kirchnerista. El fiscal buscó poner un pie en el tema, pero no era competente para investigar lavado de dinero. Por eso aprovechó –señalan sus acusadores– una causa a su cargo donde Elaskar había sido denunciado por defraudación, pero la dio vuelta: lo transformó en víctima de una extorsión de la que Báez y un grupo de allegados fueron señalados como sospechosos.

El expediente de Campagnoli se instaló en los diarios, radios y la tevé, aunque un juez federal, Sebastián Casanello, también investigaba el presunto lavado de dinero en el que Elaskar y Fariña se habían autoimplicado, y que es un delito federal, no ordinario. Campagnoli fue denunciado por personas (algunas allegadas a Báez) que se fueron enterando por el programa de Lanata de que estaban imputados por una supuesta extorsión de la que todos terminaron recientemente sobreseídos.

Campagnoli no sólo está acusado de haber cambiado el objeto de una investigación, sino de filtrar información a la prensa que podía conspirar contra los resultados de la pesquisa, que duplicaba la que realizaba Casanello, a quien Lanata retrataba como “una tortuga”, pese a que ya dictó procesamientos. A Campagnoli lo ensalzaba por sus dictámenes contra Báez. Aunque la extorsión resultó inexistente, el juicio mediático, alimentado con retazos de un expediente del fiscal nacido en la propia televisión, ya estaba hecho.

En el juicio político llegaron a declarar varios denunciantes de Campagnoli, que lo acusan de haberles armado causas. Pero también desfilaron como testigos de la defensa del fiscal acusado un grupo de periodistas que escribieron sobre el caso Báez en la “versión Campagnoli”, así como legisladores, jueces y fiscales que lo respaldan.

El juicio mediático se coló también en el político. Cuando iban a empezar los alegatos, la jueza María Cristina Martínez Córdoba, representante de la Defensoría en el tribunal, presentó un pedido de licencia. Fue dos días después de que Lanata, en Clarín, describiera al jurado como un “grupo de tareas de Gils Carbó”. Frases por el estilo fueron reproducidas por las redes sociales. A Martínez Córdoba le dirigían advertencias personales y hasta difundieron sus teléfonos para que la gente la llamara.

El fiscal Villate fue el primero en decir que el estrés de Martínez Córdoba respondió a “presiones mediáticas”. Villate, luego, recibió amenazas de muerte. El y su coequiper, Marcelo García Berro, tienden a creer que hubo una intención expresa de forzar la salida de Martínez Córdoba, que había definido con su voto la suspensión de Campagnoli en diciembre. La defensa, por el contrario, considera que su salida 24 horas antes de la sentencia fue a pedido de quienes creían que favorecería al acusado.

Tras la renuncia de la defensora, el camino que se viene es complejo. El suplente, Leonardo Miño, fue convocado la semana pasada por el jury. Los fiscales lo recusaron y los jueces deberán decidir. Suponiendo que rechacen la recusación, eso no significa que este hombre integrará el tribunal. Porque la defensora general ya designó a otro titular: Nicolás Toselli, de 35 años.

Así las cosas, la integración del tribunal será la primera decisión a tomar hoy. Algunos jueces se opondrían a que asumiera Toselli por temor a que a la larga les cuestionen violar “el principio del juez natural”. Es posible que la defensa también lo objete. Quien quiera que sea el nuevo, las partes tendrán cinco días para cuestionarlo si quieren.

Algunas especulaciones hablan de que deberían cambiar todos los jueces del tribunal, ya contaminados por lo sucedido. Los integrantes actuales son: el fiscal Daniel Adler, el delegado del Ejecutivo Ernesto Kreplak, el del Senado Tomás Ojea Quintana, el de la Corte Juan Octavio Gauna y los abogados Adriana Donato y Javier Panero.

Una vez que el tribunal tenga su integración final, deberá resolver el pedido de Campagnoli para que lo repongan el cargo, porque a su entender dejaron de existir todas las razones para que no pueda ir a trabajar. Es difícil que le concedan esto porque todavía el tribunal no sacó conclusiones sobre su desempeño ni el juicio fue anulado.

Es todo un enorme signo de interrogación que ni siquiera se sabe cuándo quedará despejado. Puede ser que antes esté en condiciones de ser elevado a juicio otro expediente contra Campagnoli por la persecución a vecinos humildes, en especial del Barrio Mitre, donde sus propios empleados revelaron que armó un álbum con fotos de niños en condiciones de vulnerabilidad, tomadas de manera irregular, con cámaras ocultas, utilizado para inducir a quienes denunciaban delitos a acusarlos. En el sumario de la Procuración ya se conocen también testimonios de sus propios empleados, que denunciaron hostigamiento, en especial a algunas empleadas por ser mujeres, y que espiaba a su personal con filmaciones ilegales.