“Hoy por hoy, las víctimas sólo son querellantes cuando pueden pagar un abogado. Pero si hubiera fiscales proactivos, que las escuchen y sigan su voluntad, no haría falta querella. Las víctimas son, además, quienes mejor información pueden aportar a una causa como testigos, si es que se las acompaña para que no estén débiles y temerosas.” El diagnóstico lo hace Malena Derdoy, quien se propone, de ahora en más, otorgar a las víctimas un papel central en las investigaciones y los juicios y, al mismo tiempo, garantizarles cuidado y seguimiento de su situación. Lo hará desde una nueva área del Ministerio Público Fiscal que estará a su cargo, la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (Dovic), que abrirá sus puertas después de la feria judicial. A la vez, los objetivos serán llevados al interior de cada fiscalía, donde habrá un funcionario “gestor” o “gestora”, que será el referente para quienes sufrieron delitos y será el encargado de mantener el contacto con ellos.

La tradición atribuye a los fiscales un papel esencialmente acusador, de quien cae con todo el peso del Estado y de la ley para encontrar culpables. En la misma línea, a las víctimas se las ha concebido como personas que necesitan ante todo atención rápida, hacer una denuncia, y ayuda psicológica. “Las llamadas oficinas de la víctima ofrecían tradicionalmente un ‘abrazo de oso’: llega una persona, mal y llorando, se le da una atención momentánea y listo. La modernización de los ministerios públicos fiscales, en cambio, se basa en el protagonismo de la víctima. Apunta a que, además de recibir la contención emocional, sea proactiva en la investigación”, explica Derdoy, quien fue directora de Políticas de Género del Ministerio de Defensa.

La Dovic ofrecerá orientación general y asesoramiento a las víctimas de cualquier delito, pero concentrará su trabajo en cuatro: violencia de género e intrafamiliar, crímenes contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, trata de personas y violencia policial. Son delitos que evidencian una “amplia demanda”, que a veces reciben respuestas parciales y donde las víctimas son “especialmente vulnerables”, según evaluaron los especialistas de una comisión que convocó la procuradora Alejandra Gils Carbó para diseñar la nueva dependencia y su política. También colaboraron organizaciones no gubernamentales (como La Casa del Encuentro, Shalom Bait, la Fundación Ciena y la Fundación María de los Angeles, de Susana Trimarco), que fueron invitadas para aportar su análisis. La evaluación compartida es que en la actualidad, si bien existen lugares que dan asistencia a víctimas, el asesoramiento y acompañamiento se diluyen a medida que avanza la investigación penal, y es casi inexistente en la etapa de ejecución de la pena. En función de ese balance pensaron los cambios.

Protagonistas

Toda víctima –anuncia Derdoy– será recibida y atendida por un equipo interdisciplinario, donde participarán psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Esos profesionales evaluarán la situación de cada persona y darán sugerencias sobre el acompañamiento que necesita y sobre las condiciones en que se encuentra para, en principio, declarar en un expediente o un juicio. Los gestores de cada fiscalía –que a la vez funcionarán, entre ellos, como una red– serán los referentes permanentes para las víctimas. Podrán cumplir esa tarea funcionarios de la fiscalía o, si los hay, psicólogos. Se triplicará el número de personal dedicado a este tema. Todo apuntará a lograr un lazo real entre la víctima y la fiscalía.

“Los dos grandes objetivos son mejorar las investigaciones y acompañar a las víctimas en el proceso de restitución de sus derechos y de mejorar su calidad de vida”, señala Derdoy. “No se trata de tutelar a las víctimas, el éxito mismo de la labor de los fiscales depende en gran medida del modo en que se vinculen con ellas, quienes suelen tener una apreciable cantidad de información sobre el caso e influencia sobre otros testigos. Una víctima desatendida o mal predispuesta respecto del trabajo del fiscal hace mermar sus posibilidades de éxito en la investigación y en la prosecución de la acción; una víctima tratada con respeto, dignamente y ayudada en sus problemas es un factor determinante en el esclarecimiento de muchos casos”, precisa.

Aldo de la Fuente trabaja desde el año 2006 en la investigación de delitos contra la integridad sexual y la prostitución infantil, y es titular de una dirección especializada. “Me costó asimilar el concepto de cuidar a las víctimas”, confiesa. “Más de una vez discutí porque alguna no estaba en condiciones de declarar. Queríamos ir al frente y no importaba nada. Con el tiempo empecé a entender que la prioridad es esa persona, que la víctima es la que va a marcar el paso. Que quizá, para que declare, tiene que sentir confianza, y que cuando uno como fiscal empieza a cambiar la sensibilidad, genera esa confianza, que redunda a favor de la investigación. Para las víctimas, hay un antes y un después del esclarecimiento del hecho: la primera tranquilidad es que cuando encontramos al autor, la otra es cuando lo condenan”, cuenta en diálogo con Página/12.

Es común que en los casos de abuso sexual, que incluso a veces son intrafamiliares, “un día no encuentres más a la víctima”, dice De la Fuente. “Porque no quiere saber nada con el proceso, porque tiene otras necesidades, resulta difícil contactarlas. Y son testigos a quienes no se puede llevar por la fuerza. A veces su palabra es tan determinante que, si no está, el caso termina en sobreseimiento”, ejemplifica. Por eso, sostiene el fiscal, uno de sus reclamos es “poder generar algún contacto o intermediario con las víctimas, si no, el contacto para dar con las víctimas termina siendo la policía, y no sirve”.

Los casos de violencia contra la mujer, añade Derdoy, plantean un desafío similar. A veces porque las víctimas están inhallables o no quieren seguir con la acción. Otras se da un problema agregado: “Las víctimas no se identifican como tales, a menos que logren algún momento de quiebre; también están las víctimas revictimizadas, de quienes se descree o se las culpabiliza cuando, por ejemplo, denuncian a su ex marido por abuso. Tenemos que buscar mecanismos para darles seguridad a esas personas y una escucha activa de parte de los fiscales”.

Nuevo paradigma

El penalista Alberto Binder –vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip)– fue uno de los asesores de la comisión que creó el programa de atención a víctimas. “Los fiscales deben empezar a acompañar los intereses de las víctimas. No son gestores de los intereses del Estado, sino de los intereses comunitarios. Lo que sucede es que eso no está en la tradición francesa de nuestro ministerio público. Los fiscales se olvidan de que hay conflictos y seres humanos detrás y que las víctimas son portadoras de información privilegiada. La víctima, en general, en la Justicia penal y en la penal federal está bastante abandonada”, afirma.

“Así como hay que buscar que una víctima de trata no quede en el limbo después de que la rescatan, hay que lograr que las víctimas de violencia policial no se sientan hostigadas”, propone Binder. Sugiere también que debería crearse una especialidad para atender a las víctimas comunitarias, de delitos ambientales, o aquellos que atentan contra las comunidades indígenas o los estragos, como Cromañón.

Una creencia común es que cuando las víctimas se convierten en parte querellante en una causa, eso les da poder y aumentan las chances de intervenir e impulsarla. Derdoy plantea que no tiene por qué hacer falta una querella, “si los fiscales son proactivos, escuchan a las víctimas y siguen su voluntad”. “La intención –insiste– es que el que no tenga recursos para pagar un abogado, pueda estar representado por el fiscal. La querella es una figura de clase. El fiscal representa los intereses de la sociedad, pero tiene que representar a las víctimas”.