Como se estaba esperando, el juez federal Claudio Bonadio procesó al vicepresidente Amado Boudou por falsedad de documento público y le trabó embargo por 10 mil pesos. El magistrado deja entrever que Boudou compró un Honda CRX en 1993, pero que perdió o nunca tuvo el 08 de aquella adquisición. Por ello, diez años más tarde hizo un trámite para pasar el auto de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, a Capital Federal y ese trámite se hizo con firmas falsas –también la de Boudou es apócrifa–, domicilio inexistente y verificación vehicular falsa. Bonadio sostiene que Boudou no pudo desconocer la maniobra. Por su parte, el vicepresidente –representado por su abogado en este caso, Jacobo Grossman– sostiene que no fue culpable sino víctima de la maniobra: que seguramente los gestores perdieron la documentación y armaron otra falsa, en un Registro del Automotor al que tenían arreglado. Boudou dice que nunca conoció a los gestores ni habló con ellos, ya que fueron contactados por su pareja de entonces Agustina Seguín.

La causa en sí misma es de poca envergadura: no se trata de un vehículo valioso –actualmente 80.000 pesos– ni que fuera producto de un robo o de una importación fraudulenta. Tal vez por eso el juez impuso un embargo tan bajo. Un párrafo de Bonadio llama la atención: dice el juez que así como en la causa Ciccone, Boudou le echó la culpa a su amigo José María Núñez Carmona por el departamento alquilado a Fabián Carroso Donatiello, en la actual causa Boudou le echó la culpa a su pareja de entonces, Seguín. Esa parte del texto parece exhibir una animosidad del juez: habla de una causa que no es de su juzgado y emite una opinión sobre otro expediente al que no tiene acceso. Además, compara un hecho del 2003, cuando Boudou no tenía ningún cargo, con otro de 2010 cuando era ministro de Economía. Boudou viene insistiendo en que Bonadio actúa por motivos políticos, alineado con el Frente Renovador.

El doble trámite cuestionado consistía en que el auto se ponía a nombre de Boudou y que se le cambiaba la jurisdicción. Seguín dice que ella contactó a un gestor, de apellido Gómez Coll, conocido de su hermano. Como Gómez Coll estaba enfermo la derivó a otro gestor, Andrés Soto, quien junto con Rodolfo Basimiani hicieron el trámite. Los dos gestores están procesados y no apelaron el procesamiento. La ex pareja de Boudou también sostiene que los gestores se ocuparon de todo y que ella no llenó los formularios 08 y 04 ni miró detalladamente cuando le entregaron la documentación. Por eso no se percató de que el domicilio que figuraba en la cédula verde era falso.

En la versión de Boudou y Seguín, ellos entregaron un 08 con la firma verdadera del vendedor Cayetano Campione y la original de Boudou, certificadas por una escribana. Bonadio sostiene que no hay constancia de eso y que la escribana invocada por Boudou fue procesada por actos fraudulentos en cuatro oportunidades. A esto contesta la defensa del vicepresidente afirmando que cuando se hizo el trámite, la escribana estaba habilitada y no se le había imputado ningún delito.

Sea como fuere, Bonadio se basa en que las firmas del 08 con el que se hizo finalmente la gestión son falsas –incluyendo la suya–, que el domicilio que figura, en la calle Berón de Astrada, es un descampado, que la verificación vehicular que hace la Policía Federal también es apócrifa e incluso una parte de la fotocopia del DNI de Boudou está truchada. Con esos elementos procesa a Boudou y a su ex pareja como partícipes necesarios del delito de falsificación de documento público. El juez tiene como protagonistas a los gestores, pero dice que Boudou y Seguín fueron parte de la maniobra.

Del otro lado, el vicepresidente y su ex pareja sustentan la postura de que los gestores seguramente perdieron el 08 original y que, para hacer dinero sin problemas, hicieron otro falso, con domicilio en la calle Berón de Astrada, porque corresponde a un registro en el que tenían llegada. Por eso, habrían llenado el 08 con datos falsos y lo mismo con el formulario 04. Tanto Boudou como Seguín afirman que no tuvieron nada que ver con el trámite. El vicepresidente dice que ni siquiera conoció a los gestores.

El procesamiento seguro será apelado ante la Sala II de la Cámara Federal.

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