La Corte Suprema tendrá que analizar otro expediente en el que se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. La Cámara Federal de Salta elevó ayer la causa sobre la Masacre de Las Palomitas al máximo tribunal.
Por su responsabilidad en la Masacre de Las Palomitas, en la que en julio de 1976 fueron asesinados 12 presos políticos, están detenidos los represores Alberto Mulhall, ex jefe de la guarnición Salta del Ejército Raúl Gentil; ex jefe de la policía salteña, y el capitán retirado Hugo Espeche, quien quedó bajo arresto después de que se presentara ante el juzgado tras estar varias semanas prófugo. Como los otros dos acusados, Espeche adujo problemas de salud. Los tres están en el Hospital Militar, en Buenos Aires, a pesar de que el juez Miguel Medina reclamó su traslado a Salta.
Los arrestos de Mulhall, Gentil y Espeche fueron ordenados por la Cámara salteña y ejecutados por Medina, quien se había pronunciado por la anulación de las leyes de impunidad que impedían reabrir la investigación. La defensa de Mulhall planteó que el fallo que dictó su procesamiento fue “arbitrario” porque el militar fue juzgado anteriormente por el mismo hecho. En realidad, la causa contra el represor fue interrumpida cuando fue beneficiado por la ley de Punto Final.
La Cámara Federal salteña, compuesta por Ricardo Munir Falú, Baldomero Miranda Bona y Dardo Ossola, señaló que la admisibilidad del planteo de apelación requiere “que la decisión contra la cual se la interpone revista el carácter de sentencia definitiva” y los procesamientos de Mulhall, Gentil y Espeche no cumplen con esta condición. Pero el tribunal concedió un recurso extraordinario que ahora tendrá que ser analizado por la Corte Suprema, quien ya tiene en estudio otros dos expedientes en los que se declararon inválidas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.