El jurista español Baltasar Garzón, asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, insiste ante la comunidad internacional con un pedido que sostiene hace rato: los delitos económicos y financieros deben ser considerados acciones contra la humanidad. “No todo puede valer cuando se trata de llevar a una situación muy grave a muchas personas”, es uno de los argumentos que esgrime en esta entrevista, en la que repasa su planteo de incluir en el conjunto de delitos de lesa humanidad acciones tales como la depredación de los recursos naturales, la especulación financiera o el fraude alimentario, por mencionar sólo algunas. Durante esta semana ahondará en detalles en un maratón de debate sobre el tema, organizado por la fundación que dirige y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.

–¿Por qué categorizar como de lesa humanidad a los delitos económicos y financieros?

–El concepto de lesa humanidad ha evolucionado desde que se comenzó a formular en Nuremberg. Ya allí se tuvieron en cuenta los aspectos económicos, no sólo del aprovechamiento sino también del desarrollo que había dado lugar al nazismo, pero por razones estrictamente políticas y económicas se dejaron de lado. Lo que ahora se está poniendo de manifiesto es que, en el fondo, esos hechos que afectaron a millones de personas acompañaron o estuvieron acompañados de determinadas estructuras económicas y financieras y no hay, aún, normativa alguna que proteja a los ciudadanos de esas consecuencias, ni sanciones que castiguen a las personas responsables de esas estructuras. Tenemos que avanzar en este proceso de reconocer como crímenes contra la humanidad no sólo a los casos clásicos de tortura, esclavitud y desaparición forzada, sino a otros muy actuales: delitos económicos que afecten de manera grave y generalizada los derechos de una comunidad, como la explotación ilícita de los recursos naturales que afecten gravemente a la salud, la vida o la convivencia de un grupo de personas; los fraudes alimentarios, la especulación sobre los precios de productos de primera necesidad de los que dependan la supervivencia o la salud de la población, la explotación laboral de menores, el incumplimiento de los derechos de los trabajadores reconocidos a nivel internacional o la desviación ilícita de fondos aprobados para paliar catástrofes humanitarias, por ejemplo.

–¿Cómo se debería dar esa categorización? ¿Por país, a nivel internacional o ambas? ¿Ningún país penaliza esta clase de acciones?

–Pueden contar con sanciones más o menos graves, aunque en la mayoría no están penalizadas. La explotación de los ecosistemas o de los recursos naturales, el tráfico de armas, están castigados, pero muy livianamente, cosa que no existe a nivel internacional. Si bien estamos hablando de conductas transnacionales, no tienen una trascendencia penal de ese nivel, aunque la realidad es que generan un perjuicio gravísimo a millones de personas. El desvío de ríos de la meseta tibetana aparentemente no produce ninguna consecuencia. Pero luego, cuando se ven los niveles de las inundaciones en la zona y no hay forma de parar el agua, castigando a millones de personas, bueno...

–Lo mismo sucede con la deforestación del Amazonas brasileño por las madereras o el despojo de tierras que sufren los pueblos originarios y campesinos en Argentina producto del avance de la soja; la región de América latina es muy rica en recursos naturales llamativos para la industria mundial...

–Claro, aunque la deforestación del Amazonas ya ha sido tema de tratamiento del propio tribunal supremo brasileño, que puso un freno a las madereras. El tema de los pueblos originarios, no sólo en Argentina sino en todo el continente, es urgente. La tierra es su medio de vida, es fundamental, por lo que no se puede permitir que esas personas se queden sin su principal sustento por una mala explotación de recursos o por una mala regulación de esa explotación.

–¿Cómo se puede llegar a tratar esa cuestión cuando las resistencias provienen desde los intereses de los conglomerados de poder económicos, pero también de los países en desarrollo? Los gobiernos esbozan, en más de una ocasión, que la explotación de sus recursos naturales es la única vía hacia un mayor crecimiento...

–Evidentemente siempre nos vamos a encontrar con la oposición de grupos económicos y de gobiernos que sostienen la falsa afirmación de que, para sobrevivir, un país tiene que necesariamente exprimir sus recursos naturales. Si no se explotó hasta ese momento y vivió, pues no veo la consideración de que una vez que se haga iremos a mejor, cuando probablemente sea perjudicial si no se hace en una forma racional. Yo lo que digo es que se cumplan los tratados internacionales: que hay que proteger el ecosistema, establecer una serie de bases para no depredar la Tierra. Lo que no existen son herramientas judiciales para frenar o castigar esa depredación. Cuando se quebrantan esos principios, no hay respuesta. No estamos diciendo que hay que volver a la Edad de Piedra, sino que cualquier uso del medioambiente debe ser racional. En un país como Ecuador, el plan nacional del Buen Vivir que integra la Constitución establece los derechos fundamentales y humanos de la madre naturaleza. Da un paso enorme, viene a decir que la naturaleza tiene sus propios derechos porque, al fin y al cabo, son los del propio género humano. Lo mismo ocurre con el fraude alimentario, cuyo fundamento único es la especulación por parte de las empresas: la normativa actual no sólo no lo frena, sino que lo auspicia. Debemos reflexionar y actuar sobre estos temas. Estoy seguro de que en unos años éste va a ser el debate. Porque también hubo una contestación corporativa a la consideración de los actuales crímenes de lesa humanidad como tales, y sin embargo hoy lo son.

–¿Y cómo se hace mientras tanto?

–Las cosas deben cambiar, van a cambiar. Islandia tuvo que pasar por una gran crisis para darse cuenta de que debía penalizar a sus responsables. Hay que pasar de la protección de los países o conglomerados que generan esas crisis a la persecución de ellos como responsables. Siempre habrá reticencias y siempre el que más tiene se resistirá más. No es lo mismo cometer un delito en la selva colombiana que cometerlo en un piso 20º de un edificio de Manhattan, donde el arma no es un revólver sino un maletín de un ejecutivo y su bolígrafo. Tenemos que avanzar en la conformación de una instancia penal internacional que debata y considere de lesa humanidad estos delitos. En la actual jurisdicción internacional se debatió, pero quedó trunco por interés político y económico de determinados países. Por el contrario, en la Unasur ya se están incluyendo algunos de estos lineamientos...

–¿Cuáles? Varios países que integran el bloque regional cuentan con empresas extranjeras que explotan sus recursos naturales...

–Hay un proyecto auspiciado por la Fiscalía de Ecuador, que está tomando cada vez más cuerpo, en el que se analiza incluir como delitos de lesa humanidad los cometidos por la criminalidad organizada, la especulación financiera.

–¿En esa categoría ingresaría el accionar actual de los fondos buitre contra Argentina, en el marco de la reestructuración de su deuda externa?

–Claro. El caso de Argentina es una confirmación de la falta de regulación de esas dinámicas y su gran necesidad. Los fondos de inversión como los que atacan a Argentina se crearon como consecuencia de la evolución de un sistema capitalista brutal y de los espacios libres que hay para generar mayores beneficios para pocos. Es una actividad que, si no es ilícita, es inmoral: se está jugando con las desgracias de mucha gente. No todo vale, no todo puede valer cuando se trata de llevar a una situación muy grave a muchas personas. ¿Cuál es el límite legal? Hay que regular el funcionamiento de esos fondos, controlarlos. Y la respuesta debe ser regional. Bastó que Argentina estuviera al borde de los efectos devastadores de la acción de estos especuladores para que los países de alrededor cayeran en la cuenta de que urgentemente hay que pensar en una alternativa. Y esa alternativa debe ser política, económica, pero también jurídica. Porque desde el Norte, desde un juzgado de Manhattan, responden así: con alternativas jurídicas.

–¿Se puede entender ese accionar económico internacional como una nueva manera de intervenir en otros países? En los ’70 fue de una manera mucho más directa...

–Sin lugar a dudas, la nueva forma de intervención en los países, quebrantando principios de soberanía, ya no territorial, sino compartida y regional, es con las acciones económico-financieras sin control o quebrantando cualquier control lógico de relaciones entre países. Hemos asumido estas reglas con la globalización, pero desgraciadamente no se ha regulado el lado oscuro de la globalización, y es inaceptable. De todas formas, el derecho va evolucionando: antes no se pensaba siquiera en considerar que una empresa podía llegar a tener responsabilidad penal y hoy la tienen. Hay que seguir evolucionando. El accionar de los fondos de inversión que no están regulados y cuyas ganancias siempre son exorbitantes, el de las calificadoras de riesgo a nivel mundial, son ejemplos de lo que tenemos que regular.

–¿Cómo sería el tratamiento de estos delitos, si llegaran a ser considerados de lesa humanidad, a nivel internacional?

–Sobre este tema debatimos en los encuentros. Existen algunas figuras penales que sirven, como las que les caben a las empresas, pero hay baches que no quedan cubiertos, para los que se deberán crear elementos jurídicos nuevos. Es el caso de la normativa que Argentina está creando para poder luchar contra los fondos buitre. Es necesario que haya una respuesta jurisdiccional internacional a este proceso.