La empresa estatal de subte Sbase, que depende del gobierno de Mauricio Macri, subcontrató una consultora para que hiciera las gestiones para las expropiaciones de terrenos necesarias para avanzar con las obras de la línea H. Se trata de zonas donde se construirán las estaciones de la H y que requerían expropiar comercios, cuyos propietarios en muchos casos se resistieron. La Auditoría General de la Ciudad planteó en un informe recién publicado que la subcontratación de la consultora de Gabriel Núñez tuvo irregularidades y no debería haberse hecho por contratación directa. La consultora fue creada un mes antes de que recibiera el primer pago de Sbase. Los vecinos sostienen que Núñez tenía relación estrecha con el gerente de Legales de Sbase, Juan Freire Aurich.

“Una vez más, nos encontramos ante la falta de transparencia, de previsión y de eficiencia en el uso de los fondos públicos por parte de la gestión porteña en las obras de un servicio tan importante como es el subte, demostrando nuevamente más atención en el cuidado de los intereses del sector privado que en los de todos los ciudadanos”, sostuvo la titular de la Auditoría porteña, Cecilia Segura.

Desde Sbase respondieron a este diario que se cumplió con todos los procedimientos vigentes. Sostuvieron que la empresa estatal cuenta en su régimen de contrataciones con servicios profesionales, por lo que se puede realizar con una contratación directa.

La Auditoría señala algunas dudas sobre esos servicios profesionales. Según advierte el informe de la Auditoría que analiza el año 2012, Sbase derivó parte de las expropiaciones en una consultora, “la cual es una sociedad que carece de antecedentes en el rubro, y ha sido contratada bajo una modalidad no conforme a los procedimientos que en materia de contratación Sbase debe cumplir”. La otra parte la manejó directamente Aurich (ver recuadro).

La consultora es Public & Corporate Affairs SA., cuyo presidente era Gabriel Núñez. El 23 de noviembre de 2011, Sbase la contrató para que hiciera las gestiones con los propietarios de los inmuebles a expropiar. Por esta primera tarea, la consultora cobró 55.671 pesos el 23 de abril de 2012. Según las constancias de la AFIP, la fecha de alta de esa empresa es de marzo de 2012, es decir, un mes antes de que recibiera el primer pago de Sbase. Cuando la contrataron en diciembre de 2011, todavía se estaba constituyendo.

Para sumar datos curiosos, cuando se hizo el pago, erróneamente, se lo hizo a nombre de Buildings Consulting and Services, otra empresa. ¿Quién es su titular? Gabriel Núñez, el mismo de la consultora elegida. En la página web de Buildings, figura como “general manager”.

El 28 de marzo de 2012, Sbase volvió a contratar a la consultora de Núñez por un plazo de doce meses y por un monto de 10.500 pesos más IVA al mes más otros 32.700 más IVA por resultados (por cada inmueble o unidad funcional que se expropiara). Según la auditoría de las cuentas de Sbase, en todo 2012 la consultora cobró 629 mil pesos por las gestiones para que los vecinos accedieran a la expropiación. Todo se hizo por contratación directa.

“Dado que la etapa uno (gestión de aproximación al propietario) se presupuestó en 55.670 pesos y para las etapas dos y tres se estipuló un honorario fijo de 153.460 y honorarios por resultados de 39.567 (son 23 unidades), la contratación debió llevarse a cabo mediante concurso privado”, señala la Auditoría porteña.

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Pero los negocios no terminaron allí. En mayo de 2012, en Sbase hicieron un nuevo contrato –al que no le pusieron fecha– con la consultora de Núñez para la zona del Obelisco por seis meses (renovable por otros seis). El pago eran 5 mil pesos más IVA por mes, más honorarios por resultado equivalentes al 3 por ciento de la operación realizada por cada inmueble. Además, se estipulaba un honorario por ahorro al Estado en los casos en los que la consultora consiguiera que se pagara menos del precio de tasación. En ese caso, la consultora se llevaba el 12 por ciento del monto que se ahorró. Por este nuevo contrato, la consultora de Núñez cobró otros 36 mil pesos. ¿Cómo podía conseguir que el propietario accediera a cobrar menos que el precio de tasación?

“Había un tal Núñez, que tiene íntima relación con un abogado de Sbase, Aurich, la mano derecha de Juan Pablo Piccardo, titular de Sbase. Viene de la época de la UCEP. Ese hombre intimó de forma prepotente a muchos comerciantes de Pueyrredón y Santa Fe”, afirmó Claudio D’Amore, que formó parte de la comisión de Expropiados (actualmente, milita con María José Lubertino). “Aurich y Núñez iban a prepotear a los dueños. Te decían que te fueras o te pasaban con la topadora”, sostuvo D’Amore.

Aurich es Juan Freire Aurich, gerente de Legales de Sbase. Según señalaron a Página/12 en el PRO, Aurich no sería allegado a Piccardo –el gerente de Legales está en Sbase desde 2009, antes de que llegara Piccardo a ocupar la presidencia–, sino que estaría cerca del vicepresidente de Sbase, Alberto Gowland. Este diario intentó comunicarse con Gowland, pero no recibió respuesta. Durante la auditoría por las expropiaciones, Aurich fue uno de los funcionarios de Sbase que más molesto se mostró con que los auditores hurgaran sobre la tercerización de las expropiaciones por parte de la empresa estatal.

“Es una operatoria de contratación de una consultora amiga y de hacer negocios con las expropiaciones”, denunció el auditor porteño Eduardo Epszteyn. “Piccardo se caracteriza por la contratación de consultoras –advirtió el auditor–. Contrataron una consultora que se creó nada más que para eso, que pasó facturas con los números ‘uno, dos y tres’ y no tenía actividad anterior, por lo que no tiene antecedentes en la materia. La contrataron para un trabajo por demás extraño, lo que da lugar a este tipo de operatorias. Piccardo hizo esto con una lógica más de negocio inmobiliario que con la de resolver el problema.”