Con los números ya echados, la Cámara de Diputados se aprestaba al cierre de esta edición –y ya bien entrada la madrugada– a convertir en ley el proyecto de pago soberano de la deuda externa. Una iniciativa del Gobierno que propone a los bonistas reestructurados el cambio de la ruta de pago de sus vencimientos (entorpecidos y frenados por el fallo del juez neoyorquino Thomás Griesa a favor de los fondos buitre), crea una cuenta para depositarles a los holdouts el pago de los bonos que no ingresaron al canje y conforma una comisión bicameral investigadora de la deuda externa desde la última dictadura hasta las reestructuración de 2005 y 2010.

Los votos para la aprobación de la ley que permitirá pagar a los bonistas en la Argentina o en Francia los aportará el Frente para la Victoria y sus aliados más fieles (Frente Cívico Santiagueño, Nuevo Encuentro, el Movimiento Popular Neuquino, otros dos monobloques y el radical disidente Eduardo Santín). El número se puso a prueba al conseguir el quórum para sesionar, para lo que el oficialismo no tuvo el apoyo de ninguna bancada opositora. El debate se abrió con 138 diputados (los necesarios son 129) sentados en sus bancas. Según las estimaciones del propio oficialismo, al menos 133 o 134 de ellos votarán a favor del proyecto del Gobierno.

Las principales bancadas opositoras (UCR, FR, PRO y el interbloque del FAP) rechazarán la propuesta del Gobierno, mientras que otras bancadas menores (UP, Libres del Sur, Proyecto del Sur y la ex piquetera Ramona Pucheta) optarán por la abstención. Los diputados de la CC-ARI dudaban entre la abstención o seguir los pasos de Elisa Carrió, que abandonó el recinto luego de expresar “asco” por el proyecto oficial y antes de la votación.

El entramado opositor también dividió opiniones a la hora de respaldar la bicameral investigadora de la deuda: el massismo, el macrismo, el delasotismo y la UP que encabeza Víctor De Gennaro son los bloques que acompañarán con su voto la creación de la comisión.

Pago soberano

“Es una clara señal de una ley del Parlamento para defender el proceso de reestructuración y para defender que Argentina paga. Por eso es razonable que sea votada con un voto masivo. Salvo que alguien piense que este proceso de reestructuración es malo, porque liberó al Estado”, sostuvo el diputado kirchnerista Roberto Feletti, que ofició de miembro informante del oficialismo.

“Es necesario que haya un voto masivo a favor de esta ley, como lo hubo en la ONU (con la resolución para regular los procesos de reestructuración de deudas soberanas), porque nadie puede negar que la deuda pública fue un condicionante de las políticas públicas”, insistió Feletti, que ejemplificó con las situaciones generadas durante el Plan Brady y la privatización de empresas públicas durante el menemismo y el megacanje del gobierno de la Alianza en 2001, con Domingo Cavallo como ministro de Economía. “Este proceso de reestructuración cambió el rumbo de la democracia argentina para el futuro. No retornemos a un Estado endeudado, débil”, concluyó el economista.

Eric Calcagno también se plegó al cuestionamiento que Feletti hizo –sin mencionarlo directamente– a Mauricio Macri, que propone obedecer el fallo de Griesa al tiempo que realiza promesas electorales que desfinanciarán al Estado. Por eso Calcagno sugirió “tener cuidado con los buitres de afuera, pero también con los caranchos mediáticos y algunos chimangos que andan por ahí, sin entrar en demasiada zoología política”.

El también economista kirchnerista celebró la creación de la comisión bicameral que establece la ley. Calcagno dijo que la comisión permitirá investigar el megacanje, y hasta el fallo Olmos, que habla “sobre los 477 delitos cometidos y (podremos) ver si entre esos delitos cometidos durante la toma de la deuda externa no habrá algún delito que tenga que ver con lesa humanidad”.

“Argentina sigue demostrando voluntad de pago y lo hace con hechos concretos, acá están depositados los fondos. Déjense de cuestionar a Nación Fideicomisos, déjense de actuar como aliados de los fondos buitre, estamos en un momento histórico trascendente, entonces, asumamos la posición que tenemos que asumir, sería deseable que por una vez se dejaran de hacer cálculos electorales y votaran pensando en la Patria”, agregó entre aplausos el presidente de la Comisión de Finanzas y diputados de NE, Carlos Heller.

En contra

Uno a uno los bloques opositores expusieron su rechazo. “Les estamos haciendo un favor al BoNY y a Griesa”, dijo el radical mendocino Enrique Vaquié para insistir en que no hay necesidad de contar con una ley para enfrentar el fallo de la Justicia estadounidense. “Los contratos que la Argentina firmó en 2005 y 2010 le dan a la Argentina los instrumentos para cambiar la sede de pago”, sostuvo el economista mendocino y recomendó al Gobierno que “hay que ir a buscar los votos a la asamblea de bonistas para cambiar el lugar de pago”.

El massismo siguió el mismo camino, huérfano de su líder, Sergio Massa, que estuvo de campaña en el conurbano y llegó al Congreso pasadas las nueve y media de la noche. Felipe Solá fue su vocero y defendió la “propuesta integral” e “indivisible” del Frente Renovador, que acompañaron los diputados puntanos y cordobeses que responden a sus aliados José Manuel de la Sota y los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá.

Solá sostuvo que “no están en discusión los canjes de 2005 y 2010”, pero presentó la iniciativa massista como una alternativa al proyecto del oficialismo, “fuera del lema maniqueo ‘Patria o Buitres’”. Más tarde, los “renovadores” Darío Giustozzi y Graciela Camaño buscaron apuntalar a dúo la intervención de Solá con críticas al proyecto del Gobierno.

“El mejor procedimiento para sacarse de encima al juez Griesa es cumplir la sentencia”, insistió el macrista Pablo Tonelli. “Esto no implica que haya que pagar ahora la totalidad del monto determinado en el juicio, sino, en primer lugar, anunciar que se lo va a cumplir, y en segundo lugar, acordar el cumplimiento y el modo de pago a partir del primero de enero del año próximo”, explicó luego, pero para el Gobierno esos pasos podrían activar la cláusula RUFO, es decir, demandas de los bonistas que sí entraron al canje.

“No podemos avalar un proyecto que está en desacuerdo con lo que hemos venido planteando históricamente, y cuyo artículo primero es muy claro, porque dice que hay que avalar y declarar de interés público lo que se hizo en 2005 y 2010”, sostuvo el socialista Juan Carlos Zabalza, que inició el camino que siguieron sus aliados del GEN. Aunque Victoria Donda, del LdS, se diferenció de sus socios políticos anunciando su abstención.

“Hace demasiados años que estamos en la anomia, es decir fuera de la ley. Lo mejor es no hacer nada hasta enero”, dijo Carrió antes de señalar que “una cosa es incurrir en un default y otra cosa es desacatar un fallo”. “La CC no va a estar en la votación. No quiero votar en contra. No quiero estar cuando se aplauda esto”, continuó la chaqueña. Luego comparó el proyecto de pago soberano con el convenio con Irán: Entonces “me retiré del asco que me dio. A ese asco no vuelvo porque ustedes no tienen derecho a hacernos pasar vergüenza todos los días de su vida”, sentenció Carrió, entre aplausos y abucheos, antes de tomar su cartera y retirarse del Congreso.

Los encendidos discursos de oficialistas y opositores se sucedían en el debate que se encaminaba hasta bien avanzada la madrugada. Nadie quiso bajarse de una larga lista de oradores que sumó más de 120 legisladores, entre los que no figuró –salvó Carrió– ninguno de los otros diputados con aspiraciones presidenciales. Ni Massa, ni Hermes Binner ni Julio Cobos intervinieron en la sesión. Aunque la suerte ya estaba echada y el oficialismo convertiría en ley la iniciativa del Gobierno.