Los fiscales que investigan el atentado contra la AMIA pidieron el procesamiento del presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Federico Domínguez, a quien acusan de haber presionado a testigos para que involucraran a policías bonaerenses. El fiscal Ramiro González y el titular de la Unidad Especial AMIA, Alberto Nisman, acusan a Domínguez, junto con dos ex comisarios de la Policía Bonaerense y dos abogados, de “coacciones agravadas” a testigos y acusados de la causa principal por el atentado contra la mutual judía, para que comprometieran la situación del entonces comisario Juan José Ribelli.

Domínguez era, en 1996, abogado de Juan Bautista Huici, uno de los policías imputados, que trabajaba entonces para Ribelli, jefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús. Según los fiscales, el actual magistrado integró una asociación ilícita creada para desviar la investigación hacia el grupo que encabezaba Ribelli. Incluyeron en esa asociación ilícita a los ex comisarios bonaerenses Luis Vicat y Miguel Márquez y a los abogados Marta Parascándalo y Aldo Spicacci Citarella.

Según la acusación, los imputados presionaron a Huici, a Mario Bareiro y a Claudio Araya, todos policías bonaerenses, para que declararan contra Ribelli y a otros efectivos. Ribelli terminó absuelto en el juicio oral que se realizó en 2003. Para los fiscales, hubo un “mancomunado e ilegal proceder que tuvieron los imputados con el objetivo de aportar elementos tendientes a robustecer la falsa hipótesis de investigación del otrora juez de la causa, Juan José Galeano”. Para ello usaron “directa o indirectamente determinados mecanismos coercitivos sobre quienes se hallaban en inferioridad de condiciones, dada la situación de privación de la libertad en la que por entonces se encontraban”.

Según los fiscales, todos “se valieron de sus respectivos roles, funciones y relaciones personales a fin de acercarse o ponerse en contacto con Bautista Alberto Huici, Diego Enrique Barreda y los familiares de Claudio Walter Araya, con el objetivo de intentar quebrantar su voluntad con un destino específico: que modificaran sus declaraciones en el marco de la investigación del atentado a la sede de la AMIA”. El objetivo era involucrar a Ribelli “a cambio de significativas dádivas de tipo económico o, más directamente, beneficios vinculados con la posibilidad de obtener la libertad y mantener o mejorar sus condiciones de detención”.

Los fiscales formularon el pedido al juez federal Ariel Lijo, quien ya elevó a juicio oral a quienes consideró los principales responsables de las irregularidades en la causa principal: el ex presidente Carlos Menem, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y el ex juez Galeano. También están acusados los fiscales que actuaron en el caso (Eamon Mullen y José Barbaccia), dos ex comisarios de la Policía Federal (Jorge “Fino” Palacios y Carlos Castañeda), funcionarios de la SIDE y el propio Telleldín.

Mientras Galeano interpuso un recurso ante la Corte Suprema y el debate oral todavía no tiene fecha de inicio, Lijo avanzó con la investigación de otros acusados de haber cometido delitos en el marco de la causa. El 6 de agosto último le tomó indagatoria a Domínguez, aunque todavía no se pronunció sobre su situación. En el escrito que presentaron ayer, los fiscales piden que se cite al magistrado a ampliar su declaración indagatoria junto con el destituido ex juez Galeano y el resto de los miembros de la asociación ilícita.