A través del decreto N° 353/14, publicado en el Boletín Oficial a fines de agosto, Mauricio Macri decidió implementar un plan para realizar un recorte presupuestario. Si bien la norma enumera algunas materias en particular para ajustar, también aclara que la restricción podría extenderse sobre cualquier área de gobierno.

Resulta por lo menos llamativa una medida de tal naturaleza porque la ciudad de Buenos Aires no atraviesa una situación de escasez de recursos: no sólo tiene el presupuesto per cápita más grande del país y el tercero en el volumen global (después del nacional y del de la provincia de Buenos Aires), sino que incluso sus recursos por ingresos tributarios a lo largo del primer semestre de 2014 han crecido un 37 por ciento respecto del mismo período del año anterior.

Entonces, ante esta realidad, el motivo de la decisión del jefe de Gobierno seguramente resida en su deseo de enviar una clara señal al establishment y a los grupos económicos concentrados, en el marco de su campaña presidencial: que él es el único candidato al que verdaderamente no le tiembla el pulso para impulsar un ajuste presupuestario (tal como esos sectores pregonan ante las situaciones de crisis económicas) y que además, aunque otros candidatos también piensen en hacerlo, él es el único que no tiene reparos en admitirlo. A su vez, vale aclarar que este guiño no es el primero que Macri emite en esta coyuntura: sus declaraciones luego del vergonzoso fallo del juez Griesa, a través de las cuales sostuvo que habría que pagar la deuda al contado a los fondos buitre, indudablemente iban en este mismo sentido.

El recorte presupuestario, simultáneamente, puede constituir el ahorro forzoso que precisa para afrontar el próximo vencimiento de deuda en abril de 2015, que asciende a 475 millones de dólares, que fue tomado sin ninguna necesidad real de la Ciudad y que debido a las actuales condiciones económicas no podrá cancelar de la manera que el oficialismo porteño hubiera preferido: emitiendo más deuda.

O también puede ser el modo en que el Poder Ejecutivo de la Ciudad oculte los altos niveles de subejecución en las áreas o programas que menos le interesa abordar: por caso, entre 2008 y 2013 no se ejecutó el 25 por ciento del total del presupuesto destinado a vivienda; y lo mismo sucedió en 2013 con el 22 por ciento de las partidas del Ministerio de Salud destinadas a mejorar la infraestructura y el equipamiento de los hospitales y centros de salud, o con el 24 por ciento del presupuesto correspondiente al Instituto Espacio para la Memoria, recientemente transferido a la órbita de la Nación. El recorte del presupuesto asignado a estas áreas puede ayudar al oficialismo porteño a maquillar estas graves falencias.

En ese marco, lo que resulta más preocupante no es sólo la posibilidad de que oculten la subejecución presupuestaria sobre los programas que precisan mayor nivel de financiamiento, sino que, en primer lugar, efectivamente realicen un ajuste sobre ellos; y que, a su vez, las crisis sociales provocadas por la sistemática desatención del Gobierno de la Ciudad intenten resolverse como en el Barrio Papa Francisco, es decir, a través de la represión. También puede ocurrir que, simultáneamente, los fondos recortados sean redireccionados y los porteños terminemos solventando la campaña presidencial de Macri (curiosamente, una semana antes de la publicación del recorte, el Gobierno de la Ciudad alquiló dos helicópteros para viajes protocolares por un monto superior a los cinco millones de pesos, y el jefe de Gobierno no es presidente ni gobernador de una jurisdicción con una extensión geográfica que amerite el uso de transporte aéreo).

Hay que estar alerta, porque con la excusa de la caída en la actividad económica, Macri puede dar un zarpazo y barrer con las políticas públicas destinadas a atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad.

* Legislador porteño de Nuevo Encuentro.