El mismo grupo de organizaciones no gubernamentales que diseñó el mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema que implementó el actual Gobierno, presentará ante el máximo tribunal una propuesta para hacer más transparente su funcionamiento y darle la credibilidad y la eficiencia que hoy no tiene. El documento que llevarán, incluye un diagnóstico y un menú de reformas sugeridas. Entre ellas, reclaman publicidad y acceso al trámite de los expedientes, una revisión de la autoexclusión de pagar impuestos que rige para los jueces, que los supremos muestren sus declaraciones de bienes –algo que se han negado a hacer– y el recorte del número de causas que tratan.
“Hay muchas cosas que la Corte puede hacer para recuperar confianza. Motivó nuestra nueva propuesta escuchar que su presidente, (Carlos) Fayt, tiene interés en implementar cambios”, dijo Roberto Saba, de la Asociación por los Derechos Civiles. Las demás instituciones del equipo son el Centro de Estudios Legales y Sociales, Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y la Unión de Usuarios y Consumidores. El informe que estas ONGS llevarán a Sus Señorías la semana próxima, es la continuación de un trabajo previo que bautizaron “Una Corte para la Democracia”, entregado en enero de 2002 al gobierno de Eduardo Duhalde, pero recién tenido en cuenta por el de Néstor Kirchner. Este trabajo sentó las bases del decreto 222 de autolimitación del Ejecutivo en la designación de jueces de la Corte, que instaló un nuevo procedimiento con participación de la sociedad en la evaluación de los candidatos. Eugenio Zaffaroni es el primero en pasar por este procedimiento.
Los cambios internos para la Corte que plantean los organismos especializados dependen en su mayoría “de la voluntad de los jueces de la Corte Suprema y no implican erogación de mayores gastos”, dicen.
u El “secreto y la falta de publicidad” en el trámite de expedientes es para las ONGS un problema clave, “propicio para la existencia o la sospecha de discrecionalidad y corrupción”. Impulsan que se prohíban las audiencias privadas de jueces con una sola de las partes y que en temas de interés ciudadano se hagan audiencias públicas. Señalan que debería poder conocerse en qué situación está una causa y si la retiene algún ministro. Hasta ahora ni los abogados pueden hacer estas consultas.
u “La acumulación de causas y empleados por la expansión de la competencia de la Corte” es otra clave del documento. El tribunal resuelve 14.770 causas por año y tiene cerca de 2.500 empleados. “Es imposible un seguimiento de las decisiones y preservar la seguridad jurídica”, advierte. La Corte norteamericana, compara, resuelve anualmente unos 80 casos. Según las ONGS una reforma legal debería minimizar los recursos extraordinarios que llegan, por ejemplo, en temas previsionales y el propio tribunal podría rever sus criterios de admisión de apelaciones.
u La Corte publica sólo algunas de las sentencias en su colección de fallos y lo hace recién seis meses después de firmarlas. Las ONGS reclaman conocer “todos los actos” del tribunal de manera inmediata. Lo contrario, argumentan, impide a la gente conocer sus derechos.
u “Resulta incomprensible que los magistrados no se encuentren sometidos a los mismos estándares de conducta y rendición de cuentas que pesan para el resto de los funcionarios”, alertan las organizaciones y piden que presenten “sus declaraciones de bienes”, que se niegan a mostrar.
u “Una Corte para la Democracia III” reclama la revisión de la autoexclusión del Poder Judicial del pago de Impuesto a las Ganancias. “Si la Constitución establece la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces, no puede interpretarse como una excepción al pago de impuestos (...) la ciudadanía ha manifestado su rechazo a los privilegios”.