La identidad de Olavarría volverá a sacudirse con otro temblor estructural. Un mes y diecisiete días atrás, la aparición impensada de Ignacio Guido Montoya Carlotto había dejado al desnudo las vergüenzas históricas y sociales de la ciudad. Esas mismas complicidades, a través de los nombres de cinco militares represores, comenzarán a quedar expuestas en la vidriera judicial: hoy comienza el emblemático juicio en torno del campo clandestino de detención Monte Peloni, cuyos entretelones pueden arrojar luz sobre la apropiación del nieto de Estela de Carlotto.

Cuatro de esos represores estarán sentados allí, ante los jueces federales Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra: el entrerriano Ignacio Aníbal Verdura, 82 años, general de Brigada retirado obligadamente el 24 de mayo de 1986, después del atentado fallido contra el presidente Raúl Alfonsín; el mendocino Walter Jorge Grosse, El Vikingo, temible oficial de inteligencia que hoy ronda los 69 años; Horacio Rubén Leites, 64, y el emblemático Omar Antonio “Pájaro” Ferreyra, también de 64, sargento retirado del Ejército, galardonado por el eterno intendente Helios Eseverri como funcionario municipal.

El quinto jinete del horror, Juan Carlos Castignani, quien secundó a Verdura en el mando del Regimiento de Tanques 2 Lanceros General Paz, de Olavarría, no llegó a tiempo: murió el 19 de octubre de 2012. Los cinco habían quedado detenidos a mediados de 2009. El último en caer había sido Castignani.

Tres años antes, en mayo de 2006, la imagen de El Vikingo Grosse había quedado definitivamente congelada en el momento en que golpeaba a un periodista de América TV, en un acto de reivindicación del terrorismo estatal, en Plaza San Martín. Muchos años antes, en plena dictadura, había regenteado, como interventor, la radio AM de la ciudad. La que tiempo después compraría el grupo Fortabat.

Olavarría, esa ciudad de 110.000 habitantes forjada entre la piedra y el agro, que se reivindicó a sí misma por décadas como la capital del trabajo y del cemento, tiene una larga lista de 37 desaparecidos. Algunos de esos casos recién fueron denunciados muy pocos años atrás. Sin embargo, de cara al juicio por el circuito represivo de Monte Peloni son 21 las víctimas contempladas. Once son las que llegan con vida al juicio, aunque probablemente sólo diez estén en condiciones psicológicas de declarar. Seis fueron asesinados o continúan de-saparecidos desde 1977: Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma (Pichuca), Juan Carlos Ledesma, Jorge Oscar Fernández, Graciela Follini de Villeres, Rubén Argentino Villeres y Alfredo Serafín Maccarini. Y otros cuatro murieron años más tarde: Francisco Nicolás Gutiérrez, Ricardo Alberto Cassano, Mario Elpidio Méndez y Guillermo Oscar Luján Bagnola.

La ciudad llega como un rey desnudo a este 22 de septiembre. Tuvo un primer gran terremoto el 5 de agosto, cuando como un reguero de pólvora empezó a instalarse el germen de la noticia que, horas después, revolucionaría al país entero: Pacho Hurban, el joven músico talentoso que suele tocar en Librería Insurgente, que dirige la Escuela Municipal de Música, que se crió en el campo Los Aguilares (propiedad de su entregador) y vive en el pequeño pueblo de Loma Negra era, en verdad, el hijo de Laura Carlotto y Puño Montoya; el nieto de Estela. Si desde hace diez años, cuando se presentó la denuncia penal por el circuito represivo que giraba en torno de Monte Peloni, los ojos estaban puestos en el día en que por fin se juzgara a los represores, nada fue igual desde ese 5 de agosto.

Mientras Verdura, Leites, Grosse y Ferreyra apuestan a una defensa política (no por casualidad, Verdura caracterizó que la calificación de crímenes de lesa humanidad constituye una “torpe excusa sofística y pseudojurídica para abrogar garantías” constitucionales) los velos sobre la ciudad se van descorriendo con una velocidad abrumadora. Que deja con jirones de piel a los referentes intocables del poder económico y social.

Dos años atrás, la génesis de la ciudad y su identidad cementera habían comenzado a temblar cuando se ventiló en Tribunales el secuestro y asesinato del abogado Carlos Alberto Moreno, patrocinante de los trabajadores de Loma Negra que contraían la silicosis (aspiración de sílice) como enfermedad laboral. Sus triunfos jurídicos generaron pérdidas económicas a la fábrica, a la que los jueces mandaron a investigar como “instigadora por codicia” después de la sentencia que condenó a tres militares y dos civiles. Fue puesta en tela de juicio la fábrica, la principal benefactora de la ciudad y Amalia Lacroze, la viuda de uno de los padres de Olavarría. La mujer a quien se siguió instalando en un altar, a pesar de todo.

El Monte Peloni se transformó en primer o segundo destino (en decisiones aleatorias) de los secuestrados, que en algunos casos pasaban por los calabozos de la Comisaría Primera o por la Brigada de Las Flores antes de caer en la casa en medio de la serranía. Pero también era un lugar de paso donde recibían el primer “ablande”. Carlos Genson, en su testimonio en los Juicios por la Verdad (Olavarría, 2006), aseguró haber visto en ocasiones a otros detenidos que no estaban entre los históricos militantes con quienes compartió cautiverio y que solían permanecer por uno o dos días.

Al teniente primero Horacio Rubén Leites, al sargento Omar Antonio Ferreyra, al capitán del Ejército y oficial de inteligencia Walter Jorge Grosse y al entonces teniente coronel Ignacio Aníbal Verdura se los imputa de privación ilegítima de la libertad y tormentos en los 21 casos de Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Juan Carlos Ledesma, Ricardo Alberto Cassano, Néstor Horacio Elizari, Jorge Oscar Fernández, Osvaldo Roberto Fernández, Graciela Follini de Villeres, Rubén Argentino Villeres, Carlos Leonardo Genson, Lidia Araceli Gutiérrez, Mario Elpidio Méndez, Guillermo Oscar Lujan Bagnola, Roberto Edgardo Pasucci, Juan José Castelucci, Rubén Francisco Sampini, Osvaldo Raúl Ticera, Carmelo Vinci, Eduardo José Ferrante, Alfredo Serafín Maccarini y Juan Carlos Butera. Todos secuestrados en Olavarría entre el 14 de septiembre y el 1º de noviembre de 1977. Varios de ellos fueron vistos en los centros clandestinos de Las Flores (Brigada), Tandil (La Huerta), Monte Peloni (Olavarría), Pozo de Banfield o Brigada de Investigaciones de La Plata.

A Verdura, además, se lo juzgará por los homicidios de Jorge Oscar Fernández y Alfredo Serafín Maccarini.

Tal vez los dos imputados más emblemáticos sean Verdura y Ferreyra. El primero, por haberse erigido en el dueño de la vida y la muerte en los primeros años de la dictadura, a la vez de tejer profundos lazos sociales y empresariales en la ciudad. El poder económico y la clase dominante fueron conniventes y aduladores del teniente coronel, jefe del Regimiento.

Ferreyra, el de menor rango, casi veinte años más joven que Verdura, se mantenía oculto en el ostracismo hasta que el entonces intendente Helios Eseverri (por consejo de la misma casta empresarial que compartía asados en los cuarteles) lo nombró director de Control Urbano. Sus víctimas lo reconocieron, las denuncias sacudieron a la ciudad y El Pájaro fue corrido por los pasillos de la Municipalidad por Araceli Gutiérrez (una de sus víctimas en Monte Peloni) con el micrófono y la cámara de Punto Doc, en las manos de Miriam Lewin. Eseverri lo mantuvo en el cargo con explicaciones de profunda vileza.

Poco más tarde, cuando fue mandado a casa por presuntos problemas de salud, fue detenido y enviado a Marcos Paz, donde esperó hasta esta semana el juicio que correrá el velo sobre el horror escondido y silenciado en medio de la naturaleza y el canto de los pájaros.