El 10 de julio de 1980, en el penal de Caseros, Eduardo Schiavoni –según la versión oficial– fue encontrado colgado en su celda. En la denuncia que tiene en sus manos desde hace dos años el juez Daniel Rafecas, la hermana de Eduardo, querellante, está convencida de que “lo asesinaron, o bien lo manipularon o sometieron a apremios, o lo desatendieron hasta llegar al resultado muerte”. En días previos, Schiavoni “necesitaba un tratamiento adecuado para sus eventuales alteraciones”. Y le fue negado. Por eso, se enmarca en “un plan de exterminio que incluía un subplan de destrucción psico-física sobre los casos particulares de detenidos psiquiátricamente frágiles”. Schiavoni y Toledo fueron víctimas en el marco de ese plan.

Caseros funcionaba como un laboratorio destinado a “enloquecer, enfermar, destruir a los presos políticos con la menor violencia física posible. Prácticamente no se ensuciaban las manos. Era como un juego virtual. Por algo siempre repetían: ‘De acá van a salir locos, putos o quebrados’”, dice Hernán Invernizzi. “Cuando veían a alguien particularmente débil, desarrollaban toda una batería para destruirlo”, recuerda Hugo Soriani, que estuvo alojado en la celda contigua a la de Toledo.

Ese funcionamiento no era casual. Nacía en laboratorios profesionales multidisciplinarios que –reconstruye Hernán– tejían estratégicamente médicos, abogados, psiquiatras, “paradójicamente muchos profesionales de la salud dedicados a minarle la salud a otro”. “En el plazo de dos años, en Caseros tuvimos los suicidios de Schiavoni y Toledo más varios intentos. Son temas de los que no se habla. Y a todo esto hay que sumar que teníamos a seis compañeros con problemas cardíacos severos y de los que también nos teníamos que ocupar. Otro compañero de mi orga estaba muy mal, decía que el estado mayor de la revolución se había instalado en Venus y desde ahí monitoreaba el proceso. A un empresario hotelero de apellido Taub, que era diabético, obeso, lo alentaban a comprar enormes recipientes de dulce de batata. Le ofrecían azúcar constantemente. Ese era nuestro pabellón”, dice Hernán.

En el caso de Toledo fueron once, la mayoría del PRT, quienes se empecinaron en hacer una denuncia penal por homicidio. El juez interviniente y su secretario viajaron a Rawson a tomarle declaración a Soriani y le mostraron las fotos del Negrito muerto para que lo reconociera. Después, todos ellos le perdieron el rastro a la causa.

El abogado Pablo Llonto patrocina a Alicia Schiavoni en la causa por el homicidio o suicidio inducido de su hermano. “Ojalá que este año, al fin, se ponga en marcha la investigación de los hechos ocurridos durante la dictadura en las cárceles de Devoto y de Caseros y tanto en los asesinatos y tormentos como en los asesinatos disfrazados de suicidios, como el de Schiavoni”, plantea Llonto.

En la cárcel de Devoto murió la detenida política Alicia Pais el 1º de noviembre de 1977. Tenía un ataque de asma y le negaron la atención médica. En Caseros, a través de suicidios provocados, murieron Eduardo Schiavoni en 1980 y Jorge Miguel Toledo en 1982.