EL PAíS › CRISTINA KIRCHNER ANUNCIó EL ENVíO AL CONGRESO DEL PROYECTO DEL NUEVO CóDIGO PROCESAL PENAL
La Presidenta lo anunció anoche, en un mensaje de media hora por cadena nacional. Destacó los acortamientos de los procesos y que si jueces y fiscales no cumplen con los plazos tendrán sanciones graves.
› Por Julián Bruschtein
“La demanda de justicia, de reparación, no tiene colores partidarios”, sostuvo ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al anunciar el envío del proyecto de Código de Procedimiento Penal al Congreso. Después de la aprobación del Código Civil y Comercial, a principios de mes, la Presidenta explicó que el contenido del código reformado dará mayor participación en la investigación a las víctimas, con la posibilidad de exigir medidas al juez y al fiscal, y abreviará los plazos de instrucción y sentencia. No hay retroactividad en las causas anteriores a la sanción del nuevo código. Propone un instrumento enfocado en un sistema acusatorio, dejando atrás el sistema mixto vigente, que contiene también la faz inquisitoria.
“Estamos enviando un instrumento de procedimiento ágil, moderno, demandado por jueces, por la academia y por la propia realidad, donde la sociedad se siente desprotegida”, señaló Fernández de Kirchner en su discurso por cadena nacional. En un mensaje grabado, la Presidenta apeló a que “mañana (por hoy) tome estado parlamentario esto a lo que nos habíamos comprometido: darles instrumentos eficientes no sólo a los jueces y a los fiscales, que son el medio. El objetivo final es el ciudadano. Que el ciudadano tenga certezas de que hay instrumentos que lo protegen”. La Presidenta apuntó directamente sobre los reclamos por la falta de celeridad en los procesos judiciales y aclaró que “el que cree que solamente con las armas de matar se soluciona el delito, está totalmente equivocado. Se requiere que los que tienen la obligación de investigar y de juzgar actúen con celeridad”.
La jefa del Estado explicó que la reforma propuesta instala “un sistema acusatorio que delega en el fiscal la acusación”. En tal sentido, apuntó que la investigación deberá tener “un plazo de un año y el juicio oral iniciarse entre cinco y treinta días después de terminada la investigación”. Otra modificación que se introduce es la responsabilidad de jueces y fiscales con respecto al cumplimiento de los tiempos que dure el proceso. “Ya no será, como ocurre en la actualidad, que cuando no pasa nada en un juicio, no les pasa nada ni al juez ni al fiscal. Si un ciudadano se siente desprotegido por el mal desempeño de un juez o un fiscal tendrá con este nuevo Código elementos para recusarlos”, señaló como una forma de equilibrar y dar respuestas a las demandas insatisfechas de las víctimas.
Utilizó una frase del general Juan Domingo Perón para dar una idea de lo que había significado el sistema mixto en el país. “Me hace acordar a aquella frase acerca del sofá-cama, que no sirve ni como sofá ni como cama. Este sistema no ha servido para tener una Justicia que esté a la altura de las necesidades y demandas de la sociedad”, dejando en el aire la idea que sostiene el kirchnerismo desde hace tiempo de que la Justicia necesita una reforma integral. “El sistema acusatorio delega en el fiscal toda la investigación, no le quita facultades que son propias del juez, sino que es quien conduce la investigación, la dirige”, explicó y agregó que una novedad importante en ese aspecto es la introducción “en el código de las víctimas no como meros querellantes, sino que van a poder participar en el proceso, junto al fiscal, junto al juez, exigiendo medidas, produciendo medidas e inclusive proponiendo la dirección del proceso cuando el juez o el fiscal no lo hagan”. Apuntó además que “todas las decisiones serán orales, en audiencia pública y con decisión en el mismo momento”, en contraposición con el modelo “actual escrito, pesado, lento, sin control de las partes. La oralidad da una contemporaneidad en las decisiones, una publicidad y una participación, por parte de la víctima, que hoy no tiene, y también un control por parte de la sociedad”.
El 1º de octubre pasado, el Congreso sancionó el nuevo Código Civil y Comercial reformado, con los votos del oficialismo y sus aliados, mientras que la oposición resolvió no participar de la votación. El envío de un proyecto de reforma del Código Procesal Penal fue anunciado en el mismo acto en que se promulgó el Código Civil que generó revuelo en la oposición. Por eso, la Presidenta hizo un llamado a “todo los componentes del Parlamento” para participar en el recinto del debate de la reforma de este nuevo código. “Quiero que este código no sea de una gestión o de un gobierno, hay muchísimas manifestaciones de que hay que hacer esto”, señaló reforzando el llamado a la participación en el debate legislativo, aludiendo a la votación de principios de mes.
Para incentivar a la oposición a debatir, ayer mencionó en más de una ocasión al ex presidente radical Raúl Alfonsín. Recordó que fue “el primero en enviar un proyecto para reformar el Código”, pero no logró sancionarlo. A pesar de ello, recordó que “la figura del procurador fiscal fue creada por la Constitución reformada en el ’94”, en la que fue fundamental la tarea de Alfonsín, que fue quien inspiró la creación de un ministerio público extra poder, porque hasta entonces los fiscales dependían del Poder Ejecutivo”, dejando entrever como uno de los faltantes de la reforma constitucional que se realizó en 1994 el retoque del Código de Procedimientos Penal.
Ante los reclamos y denuncias que algunos medios y dirigentes opositores realizaron en las últimas horas, acerca de que se trataba de una maniobra para evadir la Justicia en casos de corrupción, uno de los puntos sobre el que puso mayor énfasis CFK fue en que “el Código se aplica para los casos futuros”. “Todas las causas que están tramitándose se rigen por el Código Levene”, que se encuentra vigente desde 1991, insistió. En la misma línea anunció que el documento contenía la propuesta de conformación de una “comisión bicameral integrada por todos los partidos políticos, para que con posteridad a la sanción del código se dicte una ley de aplicación y se haga monitoreo”.
Aprovechó además para hacer memoria y recordarles que ya en situaciones anteriores votaron en forma negativa y luego tuvieron que salir a apoyar las medidas de las que en algunos casos no participaron del debate o simplemente lo obstruyeron. “Yo me había olvidado de que en el 2006 habíamos presentado una ley ante el Congreso para la creación de la empresa Arsat y fue rechazada. Después me gustó ver las felicitaciones de la oposición acerca de esto, pero había sido votado en contra al igual que el tema de YPF, de las AFJP, o de la ley de movilidad jubilatoria y tantas otras cosas”, destacó, chicaneando en parte a los legisladores opositores y a los dirigentes partidarios.
Fernández de Kirchner destacó que con la nueva normativa se buscaba “evitar la puerta giratoria” de la Justicia, “ésa de la que se quejan los organismos que reclaman seguridad”, y apuntó que a partir de su sanción “este nuevo código va a establecer la prisión preventiva, se va a tener en cuenta la circunstancia del hecho, la conmoción social que haya generado, así como la reincidencia del autor”. El objetivo principal que se desa-rrolla con las nuevas medidas y regulaciones procesales “es que la sociedad se sienta protegida por sus organismos institucionales”, e hizo hincapié en que la no excarcelación para los reincidentes “es un clamor de la sociedad”.
Por otro lado, anticipando que se trataría de un “tema que puede generar controversia”, señaló que se aplicará la figura del “extrañamiento para los extranjeros que violan las leyes migratorias y que son sorprendidos in fraganti, en la comisión del delito”, y lo comparó con que “si un legislador argentino es sorprendido in fraganti puede ser suspendido en sus fueros, va de suyo que un extranjero que ha venido a delinquir” pueda ser expulsado. Recordó el fuerte componente inmigratorio que tenía la historia argentina, pero destacó “la necesidad de resguardar la seguridad de la población”.
La necesidad de dar respuestas a la población con mayor rapidez es el eje central del nuevo Código. “Acá lo que se quiere realmente es que se trate con celeridad este código de procedimientos y que entre también con celeridad su implementación, porque va a significar un avance fundamental en el problema del combate contra el delito”, destacó la Presidenta e hizo una aclaración: “Fíjense que no hablo de inseguridad, un tema que tiene mucho marketing. Lo que tenemos que intensificar son los instrumentos del combate contra el delito. Quienes aseguren que a partir de tal fórmula, de tal procedimiento o de tal gobierno, se va a acabar la inseguridad, está mintiendo y el que lo crea es un tonto”.
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