Jue 25.09.2003

EL PAíS

“Nuestra impotencia disminuyó, los vemos frente a la justicia”

Luciano Benjamín Menéndez se negó a declarar porque sólo reconoce a la justicia militar. Los otros cinco represores también.Los H.I.J.O.S. le organizaron un escrache al responsble de La Perla.

› Por Victoria Ginzberg

Los separaban sólo un par de metros. Abuelas, madres, familiares e hijos de desaparecidos vieron pasar ayer por el pasillo de los tribunales federales de Córdoba a cinco represores –incluido Luciano Benjamín Menéndez– que fueron llevados ante la jueza Cristina Garzón de Lascano. Casi todos los acusados escucharon los insultos sin inmutarse, menos uno, que hizo con sus dedos el gesto de apuntar con una pistola. “Fue muy fuerte verlos. Ver a los responsables de la muerte de nuestros viejos, pero ya no fue con esa carga de impotencia que genera verlos en la calle, esa impotencia disminuyó porque los veíamos cuando la justicia los requería”, narró a Página/12 Agustín Di Toffino, miembro de H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio).
El ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército llegó a los tribunales federales cordobeses poco antes de las 8 de la mañana junto a los otros acusados, los militares retirados Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y el civil Ricardo Alberto Lardone, ex integrante de los servicios de Inteligencia del Ejército. El sexto represor arrestado por Garzón de Lascano, César Emilio Anadón, no fue llevado ante la jueza y la fiscal Graciela López de Filoñuk porque pasó parte de enfermo. La policía buscaba ayer por orden de la jueza a otros tres militares involucrados en las desapariciones de Osvaldo Raúl Cardozo, Humberto Brandalisis, Carlos Enrique Lajas e Ilda Flora Palacios.
Los acusados entraron de a uno en el despacho de la magistrada. Ninguno aceptó declarar. Menéndez, cuya audiencia duró casi dos horas, sólo señaló que desconocía la competencia de la justicia federal para investigarlo y reclamó ser juzgado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. La abogada María Elba Martínez aseguró que la ley que establecía esa posibilidad está “derogada de hecho”.
A pesar de que optaron por no hablar, los represores tuvieron que escuchar la lectura de las 42 carillas en las que se los acusa de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio agravado de Cardozo, Brandalisis, Lajas y Palacios. Ellos fueron detenidos ilegalmente en noviembre de 1977 y llevados al centro clandestino de detención La Perla. El 15 de diciembre de ese año sus cuerpos fueron hallados en la intersección de la Avenida Colón (en ese entonces Ejército argentino) y Sagrada Familia. Los militares intentaron presentar los asesinatos como producto de un enfrentamiento.
“La base fáctica en la cual he apoyado la imputación está perfectamente documentada. Hay muchísimas pruebas incorporadas en la causa, tanto testimoniales como documentales”, explicó la fiscal.
La presencia de los represores en el despacho de la jueza hizo que los familiares de las víctimas pudieran ver las caras de quienes fueron señalados como secuestradores y torturadores de La Perla, el mayor centro clandestino de detención de Córdoba.
Los miembros de organismos de derechos humanos escracharon a los acusados dentro del edificio de Tribunales. Menéndez y sus subordinados escucharon de cerca los insultos y los gritos de “asesinos”. Según describieron los presentes, Díaz fue el único que respondió de alguna manera. Cuando se estaba yendo escoltado por la policía hizo una seña con la mano, simulando con sus dedos disparar con una pistola. Lardone, en cambio, ni atinó a mirar a los familiares.
Como Menéndez, Manzanelli caminó por el pasillo sin hacer gestos. Este último es un represor emblemático en Córdoba. Fue jefe de los torturadores de La Perla y continuó haciendo tareas de inteligencia en democracia. Recientemente estuvo involucrado en el seguimiento y las amenazas que sufrió una Abuela de Plaza de Mayo.
“Estamos con expectativas de saber que esto puede ser el punto de partida para que los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Tercer Cuerpo no queden impunes. Es un logro histórico de años de perseverancia de Madres, Abuelas y Familiares que buscan establecer junto con toda la sociedad civil, la historia reciente. Es la oportunidad de dar un salto importante para fortalecer la democracia”, afirmó Di Toffino.

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