El empresario Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, deberá volver a responder preguntas como imputado por delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. Mientras el diario de Bahía Blanca desinforma sistemáticamente a sus lectores sobre el juicio oral y público que se desarrolla a cien metros de la redacción, donde marinos y prefectos rinden cuentas por los asesinatos de los obreros gráficos y dirigentes gremiales que osaron enfrentar a los Massot, el juez federal subrogante Alvaro Coleffi volvió a citar al apologista de la tortura y profesor de la Universidad Católica Argentina para que el jueves amplíe su declaración indagatoria, que tuvo un primer capítulo el 24 de abril.

En abril de 2013, los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani acusaron a Massot como coautor de los secuestros, torturas y asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca que lo tuvieron de interlocutor en sus últimos meses de vida, y por el rol del diario como auxiliar de la inteligencia militar en operaciones de acción psicológica para justificar y encubrir crímenes de lesa humanidad. La acusación del Ministerio Público Fiscal incluía a su mamá, Diana Julio de Massot, y a su hermano, Federico Massot, directora y vice del diario, respectivamente, ambos fallecidos, y también al ex jefe de redacción Mario Hipólito Gabrielli, quien murió impune meses después.

Massot es socio de la empresa familiar desde 1974, cuando tenía 22 años y militaba en el nacionalismo católico. En 1973, días antes del ascenso de Héctor Cámpora, publicó como secretario de redacción el primer número de la revista Cabildo, donde haría pública su admiración por el fascismo. Por entonces comenzó a tener incidencia directa en los editoriales de LNP, que reclamó a las Fuerzas Armadas impedir el ascenso del gobierno peronista y luego derrocarlo. “El nacionalismo ultrafascistoide le ‘brotó’ a LNP cuando uno de sus nenes (el que está en el fino humor de Cabildo) comenzó a incursionar en el periodismo”, informó en 1974 la revista Militancia, que dirigían Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde.

Los hechos que involucran directamente a Vicente Massot comienzan en 1975, cuando los editoriales criminalizaban a delegados y activistas gremiales. En septiembre de ese año, su mamá le encomendó “todo trato con el personal”, misión que quedó documentada en actas ante escribano halladas por los fiscales. Mientras los gráficos encabezaban los reclamos para que la empresa respetara el convenio colectivo de trabajo, exigencia que llegó a contar con el respaldo activo de los cinco gremios a los que pertenecían los trabajadores del diario, el Canal 9 y la radio LU2, un editorial anunció que “LNP se encuentra en guerra” y en otro se presentó como víctima de “la infiltración más radicalizada”.

Por esos meses (el primer borrador data de diciembre), la sección informaciones de Prefectura local elaboró una investigación titulada “Guerrilla sindical” en LNP, que concluyó con una lista de “personal a ser raleado”. La encabezaban Heinrich y Loyola, e incluía las direcciones donde los secuestraron. Dos días antes del golpe de Estado se elaboró el informe definitivo y, el 24 de marzo de 1976, madre e hijo pasearon por la rotativa con una bandera argentina, provocando a los gráficos: “¿A qué no se animan a hacer paro ahora?”. Cuando aparecieron los cadáveres masacrados y con signos de tortura, LNP dio la noticia en veinte líneas bajo el título “Son investigados dos homicidios”. En los 38 años siguientes no retomó el tema.

En septiembre de 2012, al dictar la primera sentencia a represores locales, el Tribunal Oral Federal ordenó investigar a LNP por su “campaña de desinformación y propaganda negra” para “imponer la versión de los victimarios” y crear “un estado de anomia legal en la sociedad que permitió el ejercicio brutal de una violencia irracional”. Los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, que asumieron como subrogantes por la falta de garantías de sus pares bahienses, recordaron que el general Adel Vilas aludió a LNP como un “valioso auxiliar de la conducción” militar y señalaron que la actuación de la familia Massot “no se halla alejada de toda la ilegalidad que existía en la época”.

En abril de 2013, los fiscales pidieron la detención e indagatoria de Massot y de Gabrielli, que moriría en julio. Nebbia y Palazzani destacaron la “participación criminal concreta y específica” de los directivos de LNP disfrazada “bajo el ropaje de la actividad periodística”, y los acusaron por “el ejercicio de funciones de acción psicológica” diagramadas por el Destacamento de Inteligencia 181, al que pertenecían los interrogadores del centro clandestino La Escuelita.

Ante el pedido de los fiscales, el juez subrogante Santiago Martínez sostuvo en una carilla que la “orfandad probatoria” no permitía siquiera hablar de “algún grado de complicidad” de los Massot con la dictadura. Seis meses después, la Cámara Federal revocó esa decisión infundada, apartó a Martínez, pero en vez de ordenar una indagatoria sostuvo que Massot se había presentado cuando el Tribunal Oral ordenó investigar a LNP y que tenía derecho a prestar una “declaración espontánea”, que en rigor nunca había pedido. El 18 de marzo se cumplió ese trámite: Coleffi escuchó a Massot ante la mirada de Nebbia y Palazzani, que no pudieron hacer preguntas.

El 8 de abril, por orden de Coleffi, los fiscales encabezaron durante once horas un allanamiento a las oficinas comerciales, la dirección y el archivo de La Nueva Provincia. Entre otros materiales, secuestraron los legajos de los obreros asesinados, coberturas fotográficas de actos militares, registros contables y liquidaciones de haberes. Un estudio de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero del Ministerio Público Fiscal concluyó que Massot, quien sostenía que por aquellos meses había cumplido con el servicio militar y que comenzó a trabajar recién en 1977, “se desempeñó en forma permanente” como editorialista y cobraba su sueldo en persona.

El 24 de abril, citado a indagatoria, Massot se negó a responder preguntas, intentó minimizar la importancia de las actas en las que aparece negociando mano a mano con Heinrich y Loyola, dijo no recordar cómo se enteró de los asesinatos y centró la responsabilidad en los muertos: su madre y su hermano Federico. La novedad que descolocó al empresario fue la declaración del teniente coronel Mauricio Gutiérrez, ex auditor del Ejército y abogado de represores, quien contó que el general Adel Vilas en 1987 le relató cuando Diana Julio, en la casa del comandante del Cuerpo V, general Osvaldo Azpitarte, les pidió “chupar por izquierda” a los dirigentes gremiales que días después serían asesinados.

La ampliación de la indagatoria de Massot, icono de los partícipes civiles en el terrorismo de Estado, genera amplia expectativa. Tras la indagatoria comenzará la cuenta regresiva para que el juez se pronuncie sobre la situación procesal de Massot.