A Marta Querejeta la secuestraron el 5 de diciembre de 1974. Tenía 16 años, estaba embarazada y militaba en el PRT. Para entonces, la organización ya era perseguida. Marta vivía entre distintas casas, dentro y fuera del país, pero ese diciembre pasaba dos días en la casa de su abuela de Campana. Hoy comenzará el juicio por su secuestro y tormentos. Marta sobrevivió. El TOF Nº1 de San Martín juzgará a dos prefectos, entre ellos uno de los jefes de la zona. Y también a un médico muy conocido de Campana, Carlos Quetglas, ciudadano ilustre y médico de la policía cuya función fue clave como garantía de la última etapa del plan represivo: Quetglas dijo que ella no tenía nada y se negó a dejar constancia de las marcas de tortura que hasta el día de hoy conserva en su cuerpo.

El juicio será corto. Marta será testigo de su propio caso. Uno de los ejes del relato estará puesto en las situaciones de tortura que no cesaron ni disminuyeron por su condición de embarazo. En el debate será juzgado el ex jefe de Prefectura Naval de Campana Carlos José Ramón Shaller y el ex oficial Oscar Rubén Montagano, ambos por primera vez en juicio.

“A Marta la torturaron brutalmente durante su cautiverio”, explica el abogado Pablo Llonto, de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de zona norte. “Antes de liberarla, Shaller les ordenó a ella y su padre ir a ver a Quetglas para que el médico corroborara su estado físico. De esta manera, Quetglas participó de los hechos como último eslabón del plan diciendo que ella no tenía nada y no constatando que estaba torturada ni señalando los daños en el cuerpo. Su rol permitía que ella reapareciera como una chica más. Para nosotros su función es la del partícipe secundario de la acción que consiste en secuestrar y torturar y ocultar el hecho. Tuvo por eso participación: no denunció; no corroboró las torturas.” En esa misma lógica se está reconstruyendo en este momento el rol del Poder Judicial. Los jueces son evaluados porque “hicieron aun cuando no hicieron”.

Quetglas fue presidente del Club de Leones de su pueblo. Hoy tiene 86 años y el jueves pasado, al ser examinado por los peritos, hizo alarde de todos sus honores. Como médico, firmó la partida de defunción de Gastón Roberto José Gonçalves Pérez, aunque sin saber que era él. Gonçalves había sido secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Escobar y enterrado como NN en el cementerio luego de ser hallado calcinado en Zárate el 2 de abril de ese año. El médico declaró como testigo en su causa.

Otro eje del juicio estará puesto en las líneas de continuidad entre 1974 y 1976. “Como sucedió en Trelew y en otros juicios del país –dice Llonto–, también permitirá probar que desde el punto de vista del Estado el plan represivo comenzó mucho antes del ’76, y que la acción de aniquilamiento y destrucción del grupo de militancia político el Estado lo llevó adelante antes del 24 de marzo.”

Pero los temas del debate no son sólo estos. El TOF está integrado por Hector Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña. En los últimos días, los querellantes de San Martín tienen puesta la mirada en lo que irá haciendo el Tribunal durante las distintas audiencias.

El juicio se hará en una sala muy pequeña en el edificio de la calle Villate, de Olivos. El lugar no permite la presencia de más de diez personas. La comunidad de la zona está muy disgustada con este punto porque después de mucho batallar logró hace dos años que el Consejo de la Magistratura pagara el alquiler de una sala enorme en el centro de San Martín, que nadie entiende por qué en este caso no se usa. “El juicio se va a hacer en una sala donde no entra nadie porque tiene capacidad para ocho personas y eso nos obliga a hacer el acompañamiento desde la calle”, dice Adriana Taboada, de la comisión. “La sala de audiencias de Villate es muy pequeña, por lo cual sentimos que atenta contra nuestro derecho a estar presentes en un juicio que además es oral y supuestamente público”.

Taboada es psicóloga y actúa además como perito de parte en el examen de algunos acusados, una función en la que las querellas pusieron el ojo durante los últimos meses por discrepancias con criterios de los peritos oficiales. En este caso, la semana pasada, el tribunal avisó a las partes que las pericias se harían a los tres imputados el mismo día y a la misma hora, pero en lugares distintos. “Para nosotros fue un problema porque hacemos todo esto ad honorem y por militancia –dice la mujer–. ¿Así que cuántos peritos tendríamos que tener en ese momento como para poder seguir todas las pericias a la vez?”

El TOF de San Martín no está totalmente integrado. Eso provoca falta de jueces e impide que haya mayor cantidad de juicios en la zona y se avance con los juicios más importantes, explica en este caso Pablo Llonto. El que ahora comienza es el juicio número doce desde la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, pero en la zona hay otros juicios que están esperando para comenzar. “Uno es el de los obreros metalúrgicos, que estaba listo para ser realizado junto a los ceramistas y astilleros, pero lo levantaron y pasó para el año que viene”, dice Llonto. Otro de los juicios que generan expectativas es el que tendrá como acusados a los directivos de la empresa Ford. A mediados de año se anunció que se haría este año, pero finalmente se postergó. Las demoras molestan en un contexto en el que avanzaron las causas por la responsabilidad civil de los crímenes de lesa humanidad, pero ninguno de los acusados aún se sentó en una sala pública a enfrentar un juicio.