“Me rompieron el tabique, me golpearon y me dieron comida podrida y otro día me desnudaron para que cante”, declaró ayer Diego Reyes ante el Tribunal Oral de Río Gallegos. Es uno de los cinco trabajadores estatales y militantes de ATE que está siendo juzgado por el incendio de un edificio público, en octubre pasado, durante un reclamo salarial en el marco de las paritarias.

Reyes, que con sus compañeros llegó detenido al juicio, denunció que la Justicia no tuvo en cuenta la denuncia que hicieron sus familiares por las torturas que dice haber sufrido en la comisaría 5ª.

Así comenzó el proceso oral y público por el incendio del edificio de la Función Pública, ocurrido el 18 de octubre de 2013, por el cual están acusados Alberto Arteaga, Ernesto Apendino, Juan José Vera y Patricia Benítez, además de Reyes. La CTA Santa Cruz expresó en un comunicado que “se trata de un nuevo caso de criminalización de la protesta, ya que se encarcela a trabajadores que lo único que hicieron fue reclamar por mejores condiciones de trabajo y por un salario acorde a la canasta familiar”. Según Gloria Pagés (Ceprodh), las acusaciones son muy imprecisas y todas pertenecen a policías. Tres de ellos, además, declararon que recibieron órdenes de no apagar el incendio.