Los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura se veían sonrientes y espléndidos en el acto de su asunción ayer al mediodía en la señorial sala de audiencias de la Corte Suprema. A la tarde, ya estaban trenzados en la primera batalla. El motivo de la discordia fue la convocatoria del kirchnerismo al plenario inaugural de mañana con un temario basado en la revisión de las designaciones de todos los funcionarios con poder en el organismo, desde el administrador general y cinco secretarios de comisión hasta el jefe del cuerpo de auditores. Uno de los flamantes consejeros, Luis Cabral, hizo circular una nota en la que les advierte a sus colegas que la convocatoria en esos términos es ilegítima y que sólo se puede votar presidente y vice.

Cabral es uno de los dos principales candidatos a presidir el Consejo, cargo que ya ocupó en 2010. Preside por unos días más la tradicional Asociación de Magistrados, donde representa a la lista Bordó, la más conservadora, y además es subrogante en Casación Penal, donde llegó sin sorteo. La otra candidata a comandar el cuerpo es la camarista laboral Gabriela Vázquez, quien en la entidad de los jueces pertenece a la lista más progresista, la Celeste, lo que le valió en plena jura una lluvia de comentarios por el vestido de ese color que se había puesto. Vázquez tiene aval de todo el kirchnerismo del Consejo –seis votos– para presidirlo y bastaría con que se vote a sí misma para resultar electa, aunque hay chances de que la apoye un radical.

Con este escenario, el éxito de Cabral es más dudoso. Por lo pronto, intentó salir a marcar la cancha no bien el oficialismo puso a circular la lista de temas a tratar mañana, en lo que varios consejeros opositores interpretaron como una demostración de fuerza. Formalmente, la convocatoria lleva la firma de Héctor Recalde, a quien por ser el nuevo consejero de mayor edad le toca presidir interinamente. Prevé una “ratificación o reemplazo” de nueve funcionarios de planta claves del Consejo, que podrían ser reasignados. En rigor, entre ellos el caso que motiva esta revisión es el del administrador general, el santafesino Germán Krieger, quien maneja el dinero del Poder Judicial y le debe lealtad al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Se encuentra salpicado por cinco denuncias penales en trámite por presuntos desvíos de fondos, contrataciones dudosas, locaciones irregulares y en una causa se investiga si cumplía los requisitos para su designación.

La nota de Cabral advierte que la convocatoria al plenario está mal hecha porque Recalde sólo fue designado para presidir la primera sesión, para elegir presidente y vice únicamente, y sostiene que se debe hacer con tres días de anticipación. Nunca el Consejo puso en revisión a todos los funcionarios, les decía Cabral a quienes lo consultaban. La jueza Vázquez replicó que “las sesiones extraordinarias se pueden convocar en cualquier momento y lo puede hacer el presidente en ejercicio, quien fija el orden del día”. “Igual –acotó– estas objeciones formales me parecen mal, todos prometimos ponernos a trabajar”, le dijo a Página/12.

La jura de los nuevos consejeros, en el caluroso mediodía, fue multitudinaria como pocas. No fue en la sede del organismo, sino en territorio de los jueces o, mejor dicho, de la Corte Suprema, tribunal con el que mantiene una relación históricamente tensa. La imagen de Lorenzetti, que tomó juramento a los trece consejeros, se proyectaba en pantalla gigante en medio del patio del cuarto piso del Palacio de Justicia, donde iba a parar el público que no entraba en la sala. Un paso atrás estaban sus colegas Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, rodeados de sillas vacías, todo un simbolismo de lo que quedó de la Corte. Había familias enteras que llegaban tarde porque se perdían en los pasillos laberínticos. Entre el público, estaban el ministro de Justicia, Julio Alak; el titular del gremio de judiciales, Julio Piumato; la defensora general Stella Maris Martínez; el gobernador correntino, Ricardo Colombi, junto con otros radicales como Gerardo Morales y Ernesto Sanz. La nueva composición del Consejo, que durará cuatro años, no ofrecerá un cambio abrupto en la relación interna de fuerzas. Entre las incorporaciones, es novedosa la del senador kirchnerista Ruperto Godoy, el primer consejero que no es abogado (lo permite la ley actual del Consejo). Los otros tres consejeros del Frente para la Victoria son el senador Pablo González y los diputados Recalde y Eduardo “Wado” De Pedro, quien ya integraba el organismo. Por el radicalismo, asumieron el diputado Gustavo Valdez y el senador Angel Rozas. El bloque de seis del oficialismo se completa con el representante del Poder Ejecutivo, Julián Alvarez, y con el académico Jorge Candis. Entre los jueces, por ahora Vázquez se muestra afín al oficialismo, que a su vez intentará negociar con Cabral, y le será más complicado con el juez Leónidas Moldes. Los nuevos consejeros abogado son: Adriana Donato, llegó de la mano del PRO, y Miguel Piedecasas, con aval de Lorenzetti, radicales y massistas.

Al final del evento Alvarez hablaba de consensos, mientras unas chicas le sacaban fotos con el celular. Donato suscribía la idea. No tuvieron el mejor de los comienzos. Las discusiones en puerta son: la designación de un subrogante en el juzgado federal de La Plata y los juicios políticos contra los jueces federales Norberto Oyarbide, Claudio Bonadío y Daniel Rafecas, decisión que requiere dos tercios de los presentes.