A más de diez años de la reapertura de las causas por los crímenes de lesa humanidad, los organismos de derechos humanos de Santiago del Estero presentaron ante la Comisión Interpoderes un informe que señala que en los tres juicios orales que se hicieron con “tanto esfuerzo” en la provincia sólo fueron condenados un teniente primero, dos comisarios y cinco policías. Además, explican que entre ellos no están los “verdaderos responsables” del Estado represivo en la zona, sobre todo integrantes del Ejército y del Poder Judicial. En el texto, describen los mecanismos jurídicos que permitieron esta situación, hablan de una justicia de clases y selectiva y piden una auditoría profunda.

“Los verdaderos responsables militares y civiles, denunciados desde el año 2004, han gozado de una inconmovible impunidad gracias a un sistema de justicia displicente, cuando no cómplice.” En concreto, agregan, “venimos a poner en vuestro conocimiento y, a partir de ustedes, en conocimiento a la Suprema Corte de Justicia, de un estado de situación en la tramitación estos procesos que entendemos constituye un verdadero supuesto de gravedad institucional y privación de justicia”.

El comunicado lleva la firma de Luis Garay y Cristina Torres, de la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia de Familiares de Desaparecidos y ex presos políticos de Santiago. En él, dan cuenta del estado de situación de las causas en una provincia que hasta 2003 poseía metodologías y funcionarios que mostraban continuidades con el Estado represivo. Que con las primeras denuncias impulsadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el inicio de las investigaciones, avanzó aparentemente al condenar a las caras más visibles de la represión, en la que muchos de ellos, efectivamente, eran policías. Entre ellos están Musa Azar, Miguel Tomás Garbi, Ramiro López y el militar Jorge D’Amico. Pero lo que los organismos están mostrando es que ellos eran las caras de una estructura mayor y que la estructura del Poder Judicial impidió avanzar con otros responsables. Sobre todo porque, entre ellos, ubican a quienes también participaron como integrantes del Poder Judicial en el pasado.

“Las condenas siempre recaen sobre algunos y no sobre todos y tienen un tinte clasista”, dice Garay. “Hay policías presos y sobre los militares que fueron jerárquicamente más importantes todavía estamos peleando para poder procesarlos y no hablemos de los jueces que llevan más de una década sin procesamientos firmes. Hay una ingeniería para procurar cuidar a un grupo de gente.” En ese contexto pidieron a la Comisión Interpoderes que se realice una “auditoría profunda de todas las causas”.

En el informe describen cómo el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, sobre todo, se erigió en tribunal de alzada y de apelaciones para las causas. Y encuadró, frenó o habilitó determinadas investigaciones.

En la lista de acusados pendientes está Cayetano Fiorini, segundo jefe del Batallón 141 de Ingenieros de Combate con asiento en Santiago del Estero. Y tres jueces. Dos de ellos tienen una parte de la causa elevada por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de poder, pero las querellas están pidiendo imputaciones por torturas, asociación ilícita y privación ilegal de la libertad. Son los jueces Santiago Olmedo de Arzuaga y Horacio Liendo Roca. El tercer juez investigado es Luis Eduardo López, secretario penal durante la dictadura y, para terminar de explicar el cuadro, presidente del TOF de Santiago hasta 2012.