La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley del oficialismo que le cierra el paso a cualquier intento de “amnistía, indulto o conmutación de pena” a los condenados por los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. La propuesta fue definida como “una norma general para que ningún presidente futuro pueda tener el atrevimiento” de revisar las condenas por violaciones a los derechos humanos, además de “un pronunciamiento por la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad”, en los que se “empiezan a juzgar las complicidades civiles”. El radicalismo salió al cruce de las “objeciones formales” al proyecto y se plegó a favor de la iniciativa. Desde el PRO consideraron la propuesta como “inconstitucional” porque “se inmiscuye en una decisión privativa del presidente de la República” y propuso que el proyecto de ley derivara en una “declaración” parlamentaria.

El proyecto obtuvo 173 votos a favor, ninguno en contra y 16 abstenciones de los diputados macristas, que arrastraron detrás de su postura a un puñado de radicales.

El único artículo del proyecto expresa que “las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga”.

El presidente de la Comisión de derechos Humanos, Remo Carlotto, defendió el proyecto como “pronunciamiento por la continuidad de los juicios por lesa humanidad” y “una respuesta de orden jurídico sobre los delitos imprescriptibles, sancionados y perseguidos por el Estado”. Además, señaló que quienes afrontan estos “procesos judiciales tienen esperanza, ante un posible cambio de gobierno, de algún tipo de perdón o cierre, que ya fracasó en términos políticos e institucionales”. Carlotto también dijo que “el proyecto fue impulsado por legisladores que son hijos de desaparecidos, nietos recuperados y quienes resistieron la dictadura”. Y destacó la presencia en los palcos del recinto de las Abuelas de Plaza de Mayo Rosa Roisinblit y Buscarita Roa.

El diputado del FpV y nieto recuperado Horacio Pietragalla, uno de los autores del proyecto, salió al cruce de los cuestionamientos. Insistió en que no se trata de condenas sin fundamentos y recordó que “de esos juicios hay 559 condenados y 61 absueltos”. También definió las motivaciones de la iniciativa: “Estamos avanzando sobre responsabilidades civiles, ahí cambia la vaina. Hay grandes grupos económicos al acecho, poniendo trabas. El avance sobre la responsabilidad civil es un riesgo para nuevos indultos y leyes de impunidad”. Sin nombrarlo, le apuntó al líder del Frente Renovador, Sergio Massa. “Hay candidatos que entran a la Embajada de los Estados Unidos, o cuando fueron funcionarios de este gobierno, a brindar información”, señaló para concluir que el proyecto apunta a que no haya “a futuro” autoridades “capaces de traicionar la memoria de más de 30 mil compañeros desaparecidos”.

“No basta tener un propósito loable para impulsar una ley”, cuestionó el macrista Pablo Tonelli, que junto a su compañera de banca Laura Alonso firmó un dictamen en minoría con la propuesta de transformar el proyecto de ley en un proyecto de declaración. Tonelli argumentó que con los tratados internacionales incorporados a la Constitución del ‘94 le dan “a la nueva norma una jerarquía infraconstitucional”. Luego sostuvo que la decisión de otorgar indultos o conmutación de penas “es una facultad privativa del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, y que el Congreso no puede inmiscuirse por la división de poderes”.

El radical Manuel Garrido criticó los “cuestionamientos formales”. “La ley es una declaración política contundente y es un elemento más en contra de la impunidad”, señaló para anunciar que la UCR respaldaría el proyecto. Aunque no pudo evitar que sus correligionarios Oscar Aguad y Fabián Rogel se plegaran a la abstención macrista.

Elisa Carrió tenía –junto al radical entrerriano Jorge D’Agostino– su propio dictamen de minoría, pero no lo defendió porque no estaba en el recinto al momento del debate.

Por otra parte, el extenso temario de la sesión ordinaria de ayer tenía más de 60 proyectos. La cámara convirtió en ley la creación de la Universidad Nacional de Hurlingham, dentro de ese municipio bonaerense, a pesar de los cuestionamientos opositores. Además, dio media sanción por unanimidad al proyecto de Fomento a los Clubes de Barrio; al proyecto para que todos los medios de transporte público lleven la leyenda “La Malvinas son argentinas”; que a los bebés nacidos por fuera del sistema sanitario tradicional (hospitales y clínicas) se les haga obligatoriamente una prueba de ADN para certificar la filiación de los padres que los inscriban; y otros proyectos.