Los jueces federales porteños deberán desfilar ante la Justicia en la causa en la que se investiga un supuesto pedido del ex jefe de la SIDE Carlos Soria para que encarcele al ex ministro Domingo Cavallo y a los banqueros Carlos y José Rohm y Eduardo Escassany. Según fuentes judiciales consultadas por el diario Río Negro, los magistrados serían interrogados en los próximos días por el juez de instrucción Eliseo Otero e incluso podrían ser procesados por omisión de denuncia. El periodista Horacio Verbitsky había publicado en este diario que todos participaron de una reunión en la que Soria expresó la presunta intención de meter preso al ex ministro de Economía y a los banqueros.
El 7 de abril Verbitsky describió que hubo dos reuniones el domingo 17 de enero de 2002: a la primera acudieron los jueces de la Corte Suprema Julio Nazareno y Eduardo Moliné O’Connor, los camaristas Luisa Riva Aramayo y Gabriel Cavallo y todos los jueces federales a excepción de Norberto Oyarbide y Sergio Torres. En la segunda apareció Torres pero no asistió Servini y se hizo presente el ex jefe de los espías Carlos Soria. Nazareno y Moliné O’Connor llevaron la inquietud del Gobierno por informes de inteligencia sobre las movilizaciones populares y los cacerolazos contra el corralito. Soria dijo que el gobierno pretendía el encarcelamiento de Cavallo y de los Rohm, del Banco General de Negocios (BGN) y de Escassany, del Galicia. Carlos Rohm fue preso a los pocos días por orden de Servini, su hermano José sigue prófugo, Escassany no perdió su libertad y el ex ministro de Economía entró y salió de la prisión en la causa sobre la venta de armas. Los abogados de Cavallo presentaron una denuncia contra Soria que recayó en manos de Bonadío, pero fue inmediatamente recusado por el fiscal Oscar Amirante y por los defensores del ex ministro.
Tras caer en un laberinto judicial, la causa pasó a la justicia ordinaria. Una alta fuente del juzgado de Otero confió al Río Negro la posibilidad de que los magistrados que participaron del encuentro puedan ser procesados por “omisión de denuncia”, si se llega a probar lo que se dijo en aquellas reuniones que tuvieron lugar en el domicilio de la fallecida camarista Luisa Riva Aramayo. Soria está acusado de “coacción agravada, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El juez Otero también convocaría a Moliné O’Connor.