Desde que terminó la última dictadura del siglo XX, ningún presidente nacional había reunido en un mismo mensaje coherente los conceptos que pronunció el jueves Néstor Kirchner ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ninguno, con seguridad, se había atrevido a asumir la relación filial con las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo para cimentar el compromiso con la defensa de los derechos humanos y de la lucha contra la impunidad y la corrupción. En otro momento, el discurso en su conjunto, con todas sus partes además de las mencionadas, hubiera sido recibido en el país como una extravagancia ideológica, pero en las actuales circunstancias puede ser la plataforma para un consenso transversal de fuerzas distintas pero concurrentes hacia la fundación de una nueva época.
La Argentina, claro está, no tiene el peso específico ni la fuerza suficiente para que sus palabras decidan sobre las relaciones internacionales, aunque no está de más advertir que las crecientes dificultades del neoliberalismo para sostener su hegemonía en la región y en el mundo ayudan a multiplicar las voces que demandan la posibilidad de otro mundo mejor. “El verdadero nombre de la paz es la justicia social”, había dicho un día antes en el mismo foro el presidente Lula de Brasil. El argentino precisó en la misma línea: “Hambre, analfabetismo, exclusión, ignorancia, son algunos de los presupuestos básicos donde se generan las condiciones para la proliferación del terrorismo internacional”. Estas coincidencias indican que hay chances para que en esta era, desfondado el unicato del pensamiento conservador, sea también posible la formación de un pensamiento latinoamericano endógeno, carta de identidad regional en un mundo que se aglomera en bloques multilaterales.
En la Unión Europea hay roles diversos para sus miembros que se cumplen hasta donde cada uno puede. En esa división del trabajo, Alemania es la fuerza económica y Francia el cerebro político. ¿Sería posible algo así entre Brasil y la Argentina, al menos para el Cono Sur? Aparte de los intereses y orgullos nacionalistas, y de los temperamentos personales de sus líderes, existen algunas dificultades objetivas, que suelen manifestarse en recelos y tensiones como las que se vivieron en los últimos tiempos. Entre esas dificultades, quizás la más importante es que ambos países, a diferencia de las naciones europeas, carecen de un desarrollo económico-social sustentable y, por el contrario, padecen de un espantoso nivel de injusticia social. De manera que cualquier gobierno que pretenda revertir esas condiciones a favor de las mayorías, necesita más que nada afirmar su poder político, ocupando un espacio de liderazgo que, de ser factible, trascienda sus fronteras nacionales. De ahí surgen competencias y fricciones inevitables que sólo podrán superarse con una mutua, enérgica y equivalente convicción integradora, tanto en las palabras como en los hechos.
Son rutas inexploradas que requieren, al mismo tiempo que el tránsito, la producción de una cultura política distinta de lo trillado por décadas y desechar viejos hábitos. Cuanto más en las relaciones internacionales, si ya es difícil en el ámbito nacional que está en línea directa con la voluntad y la capacidad de decisión de los reformadores. El repaso de los temas en la agenda del país es un crudo muestrario de la persistencia de esos reflejos del pasado. Desde las maniobras de las AFJP que se presentan como víctimas, después que se llenaron los bolsillos con las comisiones que descontaban de los aportes de sus asociados (hay estimado un valor equivalente a 24 mil millones de pesos) al amparo de ese enorme fraude de los intereses populares que fueron las políticas privatizadoras de los neoliberales, a las conjuras de origen cuartelero que pretenden perpetuar las mismas ideas que deshonraron a las Fuerzas Armadas. La nueva perspectiva exige, además, identificar con claridad y precisión a losorígenes de los males que hoy padecen tantos. Los acreedores privados de la deuda externa, por ejemplo, deberían reconocer que sus pérdidas no son consecuencia del recorte de la oferta oficial para recuperar los bonos sino de los riesgos que tomaron, por propia voluntad o por consejo de bancos y de fondos de inversión, a cambio de recibir tasas de interés que jamás obtendrían en sus países de origen o en papeles seguros. Por lo demás, es el mercado el que fijó los actuales valores depreciados y, por último, que le reprochen a su propia avaricia que nunca tuvo en cuenta el precio que pagaban millones de argentinos para que ellos acrecentaran sus inversiones.
Incluso de los nuevos movimientos sociales, como el de piqueteros, que tanto de bueno tiene para mostrar con orgullo a la sociedad entera, se desprenden escuadras minoritarias dedicadas a organizar provocaciones, con el rostro enmascarado y el garrote en la mano. Son las expresiones perversas de un neoclientelismo que pretende alimentarse de un recurso legítimo como la asistencia social, sin que les importe que sus actos perjudican a trabajadores y transeúntes, so pretexto de “luchar por el pueblo”, y desprestigian al movimiento que invocan de cobertura. Trabajan para la derecha, aunque se crean revolucionarios de izquierda, porque excitan en el ánimo social el deseo de orden a cualquier costo, para luego envolver a todos los demás en la solidaridad con las eventuales víctimas de “la represión”. Con esas prácticas ayudan a justificar el voto a Patti, Rico y los que auspician la “mano dura” para recuperar la tranquilidad social. Por supuesto que la respuesta no es asunto de las fuerzas de seguridad, típico reflejo de la derecha que pretende asumirse como el sentido común, porque se trata de una cuestión política que debería ser dirimida en términos políticos. Hay una responsabilidad primaria en las fracciones mayoritarias del movimiento piquetero, que no deberían permitir en silencio que estos grupúsculos nihilistas socaven el duro esfuerzo que realiza la mayoría para construir nuevas opciones de vida digna, esfuerzos que supieron ganar la comprensión de muchos y la atención de las autoridades.
El Gobierno, por su parte, tiene la responsabilidad mayor de crear las condiciones para que los millones de excluidos vuelvan, con la gradualidad más rápida que permita la realidad material, a recuperar sus plenos derechos de ciudadanos mediante el ejercicio real del mandato constitucional que los habilitan para el trabajo, la educación, la salud, la vivienda digna, la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades. Es una obra titánica, ya se sabe, pero que pueden realizar “los hombres comunes en situaciones extraordinarias”, por citar una definición presidencial. De no ser así, a los mejores y más conmovedores discursos se los llevará el viento como a las hojas secas. Desde luego, este tipo de responsabilidades no se agota en el ámbito nacional del Gobierno, ya que en cada distrito, sobre todo en aquellos donde triunfan en las urnas los que se proclaman militantes de la nueva era, es bastante lo que podrían hacer para mejorar la vida de sus habitantes. En este sentido, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires deberían brillar con luz propia en el corto plazo, puesto que sus gobernadores fueron reelectos y no necesitan esperar hasta el 10 de diciembre para poner manos a la obra. La cultura del trabajo y la eficiencia de la gestión son partes sustanciales en la elaboración de ese nuevo pensamiento y la manera más efectiva de abrir rutas hacia el futuro.