Hugo Anzorreguy, el jefe de la SIDE en el momento en que el organismo le pagó 400.000 dólares al imputado Carlos Telleldín, va a declarar este martes ante el Tribunal Oral y dirá que le entregó el dinero al Enano, como le dicen a Telleldín, por orden del juez Juan José Galeano. Anzorreguy argumentará que la plata salió de fondos reservados de la SIDE y que ese organismo únicamente actuó como auxiliar del magistrado. “Si el pago se hizo en forma clandestina, o sea que no quedó asentado en el expediente, no es problema de la SIDE sino de Galeano. Si hubo un acuerdo sobre el contenido de lo que tenía que decir Telleldín en su declaración, tampoco es cuestión de la SIDE sino de Galeano”, será la línea de argumentación del ex Señor 5. Ni los familiares de las víctimas ni los defensores aceptarán fácilmente esta explicación. Es más, muy probablemente apunten a demostrar lo contrario: que la SIDE ideó el plan de pagarle a Telleldín y que convencieron a Galeano. Pero tal vez lo más relevante es que la acusación por la maniobra termine este martes apuntando al ex presidente Carlos Menem: según parece, existen datos de que una operación de esa envergadura, en un caso tan importante y poniendo en movimiento 400.000 dólares, requirió del visto bueno del riojano.
Después del atentado contra la AMIA, una de las claves de la pesquisa estaba en la camioneta que se usó como coche.bomba. El motor de ese vehículo figuraba a nombre de Carlos Telleldín, un armador de autos truchos muy allegado a hombres de la policía bonaerense. De entrada, Telleldín dijo que le vendió la camioneta a un desconocido que le entregó un documento falso a nombre de Ramón Martínez. La historia era frágil porque el supuesto comprador prácticamente no se había llevado ninguna documentación para andar con la camioneta. Dos años después, el 6 de julio de 1996, Telleldín volvió a declarar y dijo que la anterior historia que contó fue falsa y que en verdad la camioneta se la entregó a un grupo de policías bonaerenses que lo extorsionaban pidiéndole dinero a cambio de no meterlo preso. Como estaba sin plata, entregó la camioneta. Tras esa declaración, el juez Galeano ordenó la detención de los policías. Lo que ahora se confirmó y que fue adelantado en su momento en forma exclusiva por Página/12 es que Telleldín cobró en dos cuotas para hacer la declaración. La forma clandestina en que se hizo el pago es lo que más compromete a la secretaría y a su entonces jefe.
La estrategia que desplegará Anzorreguy es clara:
u Yo, desde la SIDE, puse el dinero a disposición de Galeano.
u No existe ningún delito de mi parte porque sólo actué como auxiliar de la Justicia.
u Estaba dentro de mis facultades disponer de los fondos reservados para operaciones de inteligencia. Esta era una de ellas.
u Si a Telleldín se le pagó en forma clandestina y no haciéndolo en forma oficial, tomando fondos previstos por el decreto de recompensa, no es mi culpa. Era responsabilidad del juez.
u No sé si hubo algún acuerdo para que Telleldín declarara tal o cual cosa. El diálogo con Telleldín, como se ve en dos famosos videos, lo mantuvo Galeano.
De estos dichos de Anzorreguy surgen varios interrogantes:
¿Tiene Anzorreguy alguna prueba de que el pago se hizo por orden de Galeano?
Todo indica que no hay ningún papel que acredite eso, pero sí varios testimonios: el de los hombres de la SIDE que participaron de la operación y el del propio Telleldín, que no sólo dice que Galeano ordenó el pago sino que incluso estaban al tanto los dirigentes de la DAIA y la AMIA de aquel entonces.
¿Es verdad que Galeano tenía el control de la operación?
En la realidad, todo indica que no. La voz cantante en la investigación siempre la tuvo la SIDE que, además, tenía bastante control sobre los jueces. Lo que sucede es que eso deberá decirlo y probarlo el juez Galeano.
¿Anzorreguy no cometió ningún delito?
Es discutible. Hubo una operación clandestina de pago a un imputado a cambio de un testimonio que comprometió a otras personas con el atentado. Esa operación fue ilegal, en principio porque se hizo en forma clandestina. Anzorreguy debía saber que si se hacía un pago en blanco, legal, como correspondía, el dinero tendría que haber salido oficialmente del Estado, de un fondo existente en el Ministerio del Interior. En cambio, salió de fondos reservados. O sea que Anzorreguy era consciente de que participaba de una operación ilegal. Su argumento se parece mucho al de la obediencia debida.
¿El escándalo puede salpicar a Carlos Menem?
La lógica indica que sí. Parece poco probable que semejante operación se hiciera sin el visto bueno del Presidente. Anzorreguy es probable que diga que no le consultó al primer mandatario, pero habrá que ver si le creen.
¿Qué sucede con Galeano?
El juez puso por escrito, en sede judicial, que no se le pagó a Telleldín. A esta altura está probado que mintió. Además, todos los empleados y secretarios dijeron también que no se le pagó a Telleldín y conociendo cómo se trabaja en un juzgado –el ámbito es muy reducido, todas las movidas del magistrado se conocen– es obvio que alguno de los secretarios y empleados también mintió. Esto solo ya debería ser motivo de la destitución del juez y, sobre todo, su apartamiento del caso AMIA.
¿Galeano puede terminar acusado por delitos graves?
En uno de los dos videos en que se registran las negociaciones entre Galeano y Telleldín, el magistrado y su secretaria, Susana Spina, aparecen marcándole al Enano la foto de un hombre al que llaman Diego de la Vega, el personaje de la serie El Zorro. Es más, se habla de la foto número 5. Ese tramo indica que la intención fue que Telleldín marcara esa foto en un reconocimiento fotográfico. El hombre parecido a Diego De la Vega era el subcomisario Raúl Ibarra, mano derecha de Juan José Ribelli y, con esa movida, podría interpretarse que se quiso apuntar la investigación contra Ribelli. Aún así, de aquí al final del juicio, habrá que ver qué elementos existen contra Ribelli para imputarlo por el atentado, pero aquel tramo del video es una prueba muy grave contra Galeano. Los delitos podrían encuadrarse en coacción, instigación al falso testimonio, asociación ilícita y un largo listado adicional.
En algún momento se escuchará la voz –tal vez por escrito– del juez. Habrá que ver si acepta el señalamiento que le hará Anzorreguy. Ambos eran íntimos y siempre convivieron en lo que fue una especie de oficialismo de la investigación. De ese lado también estuvieron los que entonces eran los dirigentes de la DAIA y la AMIA, que les dieron un respaldo sin crítica alguna al juez y al Gobierno. En la vereda de enfrente, casi solos, los familiares de las víctimas dieron la pelea porque siempre intuyeron que el gobierno de Carlos Menem no quiso investigar –tal vez detrás del atentado se escondían represalias por promesas hechas durante la campaña electoral del riojano– y el juez Galeano fue funcional y obediente a esos deseos de la Casa Rosada.