Hay diez jueces nombrados para integrar la Cámara de Casación en lo Penal y Correccional de la Capital Federal. Concursaron por sus cargos en 2008. Todavía no están en funciones y la Cámara es una quimera. El argumento justificatorio más repetido es la falta de un inmueble para que se desempeñen. Con todo respeto, son un conjunto de homeless con toga. Se trata de Gustavo Bruzzone, Héctor Magariños, Luis Niño, María Laura Garrigós de Rébori, Pablo Jantus, Horacio Dias, Daniel Morín, Eugenio Sarrabayrouse, Luis García y Carlos Mahiques.

La demora es una suerte de maqueta sobre la morosidad del Poder Judicial, aunque el Ejecutivo tiene su cuota de responsabilidad. Ahora se puso las pilas y está resolviendo el entuerto.

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La historia comenzó cuando Néstor Kirchner cuestionó públicamente a la Cámara de Casación Federal, y al juez Alfredo Bisordi en especial, por cajonear causas que investigaban el terrorismo de Estado. Le sobraba razón, ya que Bisordi (ideológicamente afín a los represores) se sentaba sobre los expedientes. Ese magistrado y otros más respetables comentaron que uno de los motivos de las demoras era el atiborramiento de casos sometidos al tribunal. El Gobierno optó por una solución práctica y sensata: crear una nueva Cámara (la que estamos mentando) que absorbiera una cantidad importante de juicios. Su competencia versa sobre otros delitos, en principio menos graves.

El concurso se convocó velozmente y lo ganaron quienes ya nombramos. Escapa a esta nota hacer la semblanza de cada cual, se puede encontrar una interesante en el portal Infojus noticias (http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/perfilesdiezjuecesparalanuevacamaradecasacionpenal1013.html).

Son diez protagonistas: no es sencillo volcarlos en un molde único. Varios de ellos, consultados por este cronista, se autodefinen como ajenos a las roscas que predominan entre los magistrados y no encuadrados políticamente con el Gobierno. Eso, a su ver, los coloca en una suerte de “no lugar” que los perjudicó.

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Bisordi renunció, los juicios referidos a violaciones de derechos humanos avanzaron un poco. Tal vez eso calmó las urgencias del Ejecutivo. En todo caso, la premura cedió paso a la parsimoniosa búsqueda de un edificio adecuado para que funcionara la nueva Casación. El Consejo de la Magistratura (CM) es el organismo que debe procurarlo: su ineficacia es característica. Se le adjudicó un inmueble, no se hizo nada para adecuarlo. El representante del Ejecutivo en el CM, Hernán Ordiales, desactivó la idea.

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dictamina en privado que el CM es la quinta rueda del carro, que no funciona ni para atrás ni para adelante. A su ver, es una rémora global que se repite en otras latitudes.

Como fuera, los camaristas le pidieron que intercediera, que se moviera para conseguir que sus designaciones no quedaran en la virtualidad. Se reunieron, varios asistentes comentan que Lorenze-tti puso pésima onda y reaccionó mal. “No hace nada si no se lo endiosa”, calcula uno de ellos. Para el cortesano nada podía hacerse (no movería un dedo la Corte) si el CM no procuraba las oficinas. Uno de sus interlocutores le propuso comenzar a trabajar sin una sede central, para ir avanzando y (tal vez) movilizar al Consejo. Lorenzetti se enfadó, le respondieron. Luego le comentó a un allegado cercano que no está habituado a “ser tratado así”, esto es, a que le discutan.

Los casadores ocultos pidieron un encuentro con la jueza Elena Highton de Nolasco, porque alguien les deslizó que sería más permeable. Se equivocó el informante. Highton se mostró enfadada, alegando que se le pedía algo imposible. Tuvo pocas pulgas en el intercambio de opiniones, hasta utilizó la expresión “maldigo” dirigida a sus visitantes. Cuando Magariños trató de explicarle, lo mandó a leer la Constitución nacional. El juez es un jurista de nivel que conoce bastante más que eso. En la nota ya citada Infojus recuerda que la Corte menemista le impuso una multa del 30 por ciento de su salario por criticarla. Con Highton la sacó más barata, sólo un rapapolvo.

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Los casadores son ahora acusados de revistar en Justicia Legítima (JL) por varios de sus colegas. Sólo Garrigós de Rébori la integra. Cierto es que es presidenta, pero en una democracia eso igual vale uno y no diez.

Los jueces leen que el CM y la Corte los ningunearon durante años, hasta cabildearon sobre presentar un recurso de amparo. No lo hicieron, acaso porque malician que la corporación no les tiene simpatía.

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El Ejecutivo decidió intervenir enérgicamente recién el año pasado. Mandó los pliegos al Senado, se aprobaron en julio con algunas invectivas opositoras contra la organización subversiva JL.

El secretario de Justicia, Julián Alvarez, rompió la inercia quietista. Ofreció un inmueble utilizado por el Ejecutivo en comodato (uso gratuito) al CM. Está en una manzana frente al Palacio de Tribunales, donde funcionó el registro de Reincidencia. Tiene 1600 metros cuadrados utilizables, el CM debe proveer el mobiliario. Las labores para dotarlo de la infraestructura están encaminadas, coinciden en la Corte y en el Ministerio de Justicia.

Cuando el edificio esté “operativo”, la Corte debe tomar una serie de decisiones burocráticas y materiales. Lorenzetti asegura que lo hará en cuestión de horas o de días. No es el ritmo forense habitual, pero habrá que ver. Según las mismas fuentes, a fin de año o en febrero podría producirse el milagro.

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Los casadores podrían avocarse a las causas que les competen, lo que aliviaría a la Casación Federal, que está desbordada. Las excarcelaciones, que deben zanjarse en días, pueden tardar cuatro o meses chimentan baqueanos de tribunales.

Un detalle más: incompleta como está, la “vieja” Cámara de Casación Federal debe cubrir vacantes con subrogancias de jueces de otros tribunales. Uno de ellos, muy criticado, es el colérico camarista Luis Cabral, quien no es un homeless pero sí está acusado de actuar como un okupa. Las subrogancias amplían el poder de quien las ejerce, aunque las causas se eternicen como le sucede a Cabral. Además aportan un bonus equivalente al treinta por ciento del sueldo de bolsillo (ver asimismo nota central).

Alvarez representa al Ejecutivo en el CM, donde el kirchnerismo tuvo muñeca y transigencia para armar una alianza con otros sectores. Así se consiguió nombrar a la nueva presidenta, Gabriela Vázquez, una camarista de carrera, no alineada políticamente y prestigiosa. Esta expresó que la Cámara virtual debe estar en funcionamiento “desde ayer”. Así dicho es imposible. Ojalá que sea pronto, aunque siempre será tarde.