El plenario del Consejo de la Magistratura decidió sancionar al juez federal Claudio Bonadio con una multa del 30 por ciento de su sueldo, por una única vez. Es por haber demorado dos expedientes durante años: uno sobre la privatización fraudulenta del astillero Tandanor y el otro sobre una maniobra de directivos de la curtiembre Yoma con el Banco Nación. La decisión fue tomada por una mayoría ajustada, de siete votos, que incluyó a todos los representantes del kirchnerismo, al académico Jorge Candis y a la presidenta del organismo, la camarista Gabriela Vázquez.

Bonadio tiene diez investigaciones acumuladas en el Consejo. La última es la que lo acusa de extorsionar con causas penales en trámite cada vez que el Consejo avanza en su contra. Las denuncias que el plenario trató ayer ya llevaban tres años en el organismo, que es el tiempo previsto legalmente para que caduquen los expedientes. Llegado ese punto deben pasar al plenario, que tiene cuatro meses para expedirse. Por eso el meollo de la discusión entre los consejeros a favor y en contra del juez pasó por las fechas de vencimiento. El expediente está listo para ser tratado en el plenario desde mitad de año y estaba a punto de caer. Los radicales, Angel Rozas y Gustavo Valdez, decían que cumplidos los tres años sin tratamiento pasa al plenario para el archivo automático. El oficialismo lo discutía.

El representante del Poder Ejecutivo, Julián Alvarez, pidió promover el juicio político por mal desempeño contra el juez que la semana pasada pidió las declaraciones juradas ante la AFIP de Cristina Kirchner y su familia. Para iniciar un jury hacen falta siete votos de los nueve consejeros, pero era una misión imposible. Para una sanción o apercibimiento basta con mayoría simple. Así fue que Candis impulsó la multa del 30 por ciento. El consejero juez Luis Cabral impulsó un dictamen a favor de Bonadio. La abogada Adriana Donato –que llegó al Consejo con apoyo del PRO y el massismo– también planteó la desestimación.

En tribunales calculan que el sueldo de este juez rondaría los setenta mil pesos. Si quiere, puede discutir la sanción y llevar el tema a la Corte Suprema. La quita en sus haberes fue votada por Alvarez, los diputados Eduardo “Wado” de Pedro y Héctor Recalde y los senadores Pablo González y Ruperto Godoy (todos del FpV), más Candis y Vázquez. Alvarez se preguntó cuál es “la razón por la que no se sancionaría a un magistrado que avaló la defraudación del Estado y les garantizó impunidad a sus responsables”. Los radicales, dos jueces y los abogados, al votar en contra deslizaron que no avalaban la conducta del juez sino que se basaban en argumentos técnicos, paradójicamente por el paso del tiempo en el trámite en el Consejo, en el fondo lo mismo que se le imputa a Bonadio. González señaló ese contrasentido.

En el expediente sobre Tandanor, Bonadio había sido denunciado por el Tribunal Oral Federal Nº5, que declaró la prescripción. Se trataba de una maniobra de defraudación que habría sido cometida por funcionarios de Defensa y accionistas de la adjudicataria del astillero, que provocó al Estado un perjuicio de más de 45 millones de dólares. La maniobra data de 1990, la denuncia penal es de 2002, en 2006 querellantes y fiscalía piden elevarla a juicio oral, que se hizo tres años después, en 2009. La Cámara de Casación revocó, al final, los sobreseimientos. La denuncia contra la curtiembre Yoma data de 2000. Bonadio llamó a indagatoria cinco años después, y pasaron otros cinco hasta que la causa llegó a un tribunal oral, otra vez el 5, que dictó la prescripción, que está firme.

La designación de nuevos secretarios en comisiones clave fue otro tema de chisporroteos entre los consejeros. De la Comisión de Selección fue desplazado José Elorza (cercano al radicalismo), quien llevaba varios meses de licencia y estaba bajo sospecha por la desaparición de las claves de los exámenes que identifican a los participantes de un concurso para tribunales orales de La Plata. Lo reemplazó Adriana Gigena, allegada a los camporistas. En Disciplina y Acusación renunció Néstor Schmidt y lo reemplazó Mariana Aballay. Los jueces Leónidas Moldes y Cabral se quejaron: “Es una remoción sin motivos”. También se nombró un subadministrador, Marcos Romera.