La presidenta Cristina Fernández de Kirchner produjo ayer un fuerte recambio en la Secretaría de Inteligencia aceptando la renuncia del titular de la ex SIDE, Héctor Icazuriaga, y su segundo, Francisco Larcher, quien siempre figuró como el hombre operativo a cargo de los espías. Todo indica que la mandataria perdió confianza en esa conducción, sobre todo en Larcher, y puso en su lugar a alguien del riñón del Gobierno, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, que estará acompañado por un hombre especializado en las cuestiones judiciales y en el caso AMIA como Juan Martín Mena, hasta ahora jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia. El nuevo secretario general de la Presidencia será el senador Aníbal Fernández, quien ayer anunció que renunciará a la banca. El primer suplente es el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, actual embajador ante el Mercosur y la Aladi, quien ocupará su lugar (ver aparte).

Parrilli juró anoche mismo en la Casa Rosada, minutos antes de que la Presidenta partiera hacia Paraná, donde hoy encabezará la Cumbre del Mercosur. El hasta ayer secretario general de la Presidencia es uno de los funcionarios más cercanos a CFK, de manera que con las designaciones de ayer se ubica en la SI a alguien de extrema confianza de la mandataria. En los próximos días jurará Mena, muy cercano al viceministro de Justicia, Julián Alvarez, y redactor de varios de los proyectos de ley que se discutieron este año en el Congreso.

Desde hace muchos años es un secreto a voces en los pasillos de Tribunales la relación existente entre la ex SIDE y la Justicia Federal. Y en el último tiempo comenzó a tomar fuerza la versión de que sectores de la central de espías estaban jugando su propio partido en el terreno político. Los sectores más suspicaces del oficialismo intuían algún guiño hacia Sergio Massa, pero aun los menos suspicaces veían la mano de la SI en varias causas manejadas por ciertos jueces federales. En ese clima, se multiplicaron las versiones de amenazas y enfrentamientos internos, con el estruendo suficiente para provocar escozor en la Casa Rosada (ver aparte).

El origen de los rumores sobre las relaciones cercanas entre los espías y una parte de la Justicia Federal arrancó en la época del gobierno de Carlos Menem. En esa época, se aseguraba que los magistrados tenían un sobresueldo que salía de la entonces llamada SIDE. Se mencionaba incluso un edificio de la avenida Coronel Díaz en que los magistrados pasaban a cobrar. También de la central de espías –se publicó en esos años– salían gastos y viáticos para investigaciones en materia de narcotráfico y otros delitos federales. Esto se vio en forma clara en el caso AMIA: el pago de 400.000 dólares al principal imputado, Carlos Telleldín, salió de la SIDE, tal como declararon en el juicio algunos de los jefes del edificio de la calle 25 de Mayo, donde funciona la central.

Ya en el Gobierno de De la Rúa, volvió a traer el tema al centro de la escena el caso de las coimas en el Senado. La versión que ofreció el arrepentido Mario Pontaquarto partía de la cifra millonaria en dólares que salió de la SIDE para pagar votos en la Cámara alta. En la causa judicial todos los imputados fueron absueltos, pero a nadie le pareció descabellada la versión de que se utilizaba dinero de la central de Inteligencia para esas maniobras.

El vínculo de la SIDE y algunos jueces federales fue también denunciado por el ex ministro del Interior Gustavo Beliz, quien en 2004 mostró una foto del que señaló como el principal operador de la central de espías, Jaime Stiuso. Beliz sostuvo que los jueces respondían a la SIDE y que había un proceso de enriquecimiento de los magistrados a partir de dineros salidos de la secretaría.

En los últimos tiempos, uno de los puntos de desacople con la SI fue el Memorándum de Entendimiento por el caso AMIA. En la calle 25 de Mayo existe un fuerte alineamiento con Estados Unidos e Israel, al punto de que una parte importante del expediente del atentado contra la mutual judía se basa en informes de Inteligencia de la CIA, el Mossad y la SI. Por ejemplo, la prueba para inculpar a un sospechoso consistió en que hizo llamadas desde Buenos Aires a una sede de Hezbolá en El Líbano. La identificación de ese teléfono como perteneciente al grupo libanés pro-iraní corrió por cuenta del Mossad o la CIA, lo que hace imposible comprobar la veracidad. Lo cierto es que la Justicia aceptó un amplio informe presentado por la SI como una de las bases de la investigación. Como se sabe, a nivel geopolítico Estados Unidos declaró a Irán como uno de los integrantes del llamado “Eje del Mal” y eso tiñó políticamente la causa, sobre todo porque la base fueron los informes de Inteligencia de centrales que respondían a determinado juego político en el mapa mundial.

Cuando los cancilleres de Argentina y de Irán, Héctor Timerman y Alí Salehi, firmaron el Memorándum, desde la SI salieron a operar fuerte en la Justicia para lograr que fuera declarado inconstitucional. Internacionalmente, Estados Unidos e Israel, y en lo local la DAIA, la AMIA y el fiscal Alberto Nisman enfrentaron el acuerdo. Pese a ello, la Presidenta insistió con el concepto de que “no permitiremos que la causa AMIA sea utilizada en el tablero geopolítico”.

En la Casa Rosada hubo fuertes sospechas de que la SI fue protagonista de la movida judicial para bloquear lo firmado entre Timerman y Salehi. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral declaró abstracto el planteo de inconstitucionalidad porque Irán no había ratificado el Memorándum y, por lo tanto, dejó vigente el texto. Pero luego, la Cámara Federal, de manera asombrosa, declaró la inconstitucionalidad y la herida quedó abierta.

En medio de ese clima enrarecido, llegan los cambios decididos por la Presidenta.

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