Nazareno Silva es un cartonero de la Villa 31 que fue detenido en un procedimiento en agosto del año pasado, cuando la policía encontró en su carro unos cables de aluminio y lo acusó de robo. Un juez lo llamó a indagatoria y ordenó secuestrarle el carro, que para colmo era alquilado. Se lo retuvo casi dos meses, lo que le causó un enorme perjuicio laboral. Su historia fue relatada entonces por Página/12, y es una de cientos similares. Nazareno no entendía qué daño había cometido, le parecía obvio que le tenían que devolver el carro y no sabía qué hacer. Sentía que era él quien tenía motivos para hacer una denuncia. Vale la pena recordar su caso porque permite entender que cuando se habla de la falta de “acceso a la Justicia” es mucho más que hablar de cuán cerca o lejos quede el edificio de los tribunales, en especial cuando se advierte que en los barrios humildes el propio sistema criminaliza, acentúa estereotipos y pone barreras. Así lo constató un relevamiento realizado en sus primeros seis meses de trabajo en cinco villas porteñas la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (Atajo), que se encontró con que lo que más necesitan los pobladores es asesoramiento judicial: eso le pidieron al organismo en un 41 por ciento de las consultas, a las que se suma un 16 por ciento que necesita datos concretos de causas judiciales con las que tienen alguna relación. Un 25 por ciento de intervenciones fueron por violencia de género o familiar y una proporción similar fue por violencia institucional, es decir, de las fuerzas de seguridad.

“Cuando comenzamos a trabajar en los barrios imaginé que Atajo iba a convertirse en un foco de atracción de denuncias, pero encontramos que lo que más necesita la gente es resolver sus problemas habituales y tener información. Conocer sus derechos y su situación jurídica. La gente desconoce sus derechos. Yo llamo a esto ‘necesidades legales insatisfechas’”, dice Julián Axat, titular de Atajo. “Las grandes villas tienen el problema del desconocimiento de los recorridos legales en cuestiones que van desde la relación de pareja, la violencia familiar, el puntero del barrio, los olvidos u abandonos del Estado, hasta los vínculos con la policía”, explica. “Acceder a la Justicia implica disputar a las policías el manejo de información para luego interpelar a los fiscales y los jueces a que realicen su tarea”, escribió el investigador de la UNQ Esteban Rodríguez Alzueta, autor de Temor y control: la gestión de la inseguridad como forma de gobierno.

El programa Atajo depende del Ministerio Público Fiscal, pero rompe la lógica tradicional de que los fiscales sólo acusan e investigan. Tiene una función receptora y canalizadora conflictividades diversas en barrios precarios. En los últimos tiempos otras agencias gubernamentales han intentado empezar a suplir la falta de acceso a la Justicia dentro de las villas, como los Centros de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia o las Defensorías (General y del Pueblo) porteñas. Algunas interactúan. Atajo tiene hasta ahora tiene cinco agencias que funcionan en Barrio Mitre (Saavedra), Barrio Mugica-Villa 31 (Retiro), Villa 21-24 Zavaleta (Barracas), Villa 1-11-14 (Bajo Flores), y ha participado en una causa sobre trata laboral en Mar del Plata. En estos lugares es donde han podido iniciar un diagnóstico en función de las personas que atendieron, que derivaron en 1014 “intervenciones” del organismo entre junio y noviembre de 2014.

- Un 27 por ciento de las consultas se han concentrado en conflictos legales de familia, como el régimen de alimentos en un divorcio, el de visitas y la tenencia de los hijos. A veces son situaciones que se cruzan con violencia de género y familiar. “Hemos advertido que ante un hombre golpeador, las mujeres que deciden abandonar la casa, debido al temor de ser perseguidas o denunciadas por llevarse a los hijos, se presentan en la comisaría cercana a dejar constancia de que dejaron la casa. Es porque no saben qué hacer ni qué herramientas legales tienen”, ejemplifica Axat.

- Hay un 24 por ciento de pedidos de acceso a información judicial. A Nazareno, por ejemplo, le pasaba que si no iba al juzgado con alguien que lo apuntalara, era candidato a ser ignorado. No conocía su situación, ni qué podía pedir, ni el destino de su carro. Uno de los grandes problemas que se presentan con las causas judiciales es que “no suelen llegar las notificaciones y cuando llegan los habitantes no siempre cuentan con alguien que los asesore”. Aquí sí viene el problema de tener que trasladarse hasta los tribunales, meterse en el laberinto kafkiano y lograr alguna mínima atención. También les ha pasado que llegue desesperada la madre de un chico asesinado, que no logra que nadie le diga si alguien va a investigar la muerte de su hijo.

- Las denuncias y pedidos de ayuda por violencia de género llegan a un 17 por ciento. Por lo general se presentan mujeres que no conocen o no han podido acceder a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, con la que suelen trabajar en conjunto.

- El 11 por ciento, que son pedidos de asesoramiento sobre documentación, provienen de una mayoría de migrantes, que también requieren ayuda legal en situaciones de expulsión cuando se les atribuye un delito.

- Un 10 por ciento de consultas son sobre temas de seguridad social y jubilaciones y, en especial, situaciones de trata laboral. Una de las historias más extremas es la de una persona con cierta capacidad motriz disminuida a quien le ofrecieron en Paraguay venir a la Argentina a trabajar en la Villa 21. Al llegar se encontró con que tenía que juntar chapas, algo que no podía hacer. Atajo también tuvo que dar su asistencia en Mar del Plata, en un operativo en una explotación agrícola.

- Otro 10 por ciento se corresponde con uno de los grandes temas de las villas o asentamiento del último año, que son las ocupaciones de espacios. En este rubro hay de todo: desde gente que necesita una parcela, otros que les piden que participen de ocupaciones, otros son los sitios tomados por narcos y organizaciones criminales que terminan siendo depósitos de armas y drogas. Los conflictos por espacios o parcelas, entre personas que viven en condiciones deficitarias o de hacinamiento, a veces terminan en violencia y hasta en homicidios. Es uno de los ámbitos más difíciles. “Estamos tratando de desactivar estos conflictos intervecinales, entre personas que se conocen, que han sido señalados por los estudios sobre homicidios del instituto de investigaciones de la Corte”, dice Axat. Hay una arista menos conocida de los terrenos “usurpados”, que es la que tiene como protagonistas a empresas privadas, que se apropian de terrenos. El caso más insólito fue plasmado en una de las últimas denuncias del año que hizo Atajo (ver aparte).

- Los hechos que más se han convertido en denuncia –junto con los de violencia de género– han sido los de violencia institucional, en los que se le suele dar intervención a la Procuraduría especializada (Procuvin). Por lo general son episodios de maltrato durante procedimientos de la policía o la Gendarmería, con frecuencia dirigidos contra jóvenes, y alguno de los cuales han terminado en homicidios, como sucedió en la Villa 20, donde dos chicos fueron acribillados cuando los acusaban de robar un auto. “Estamos tratando de ir a recoger testimonios e ir a la escena de los hechos –comenta Axat–. Nosotros mismos hemos presenciado muchas situaciones de violencia policial, pero notamos que nuestra presencia ha comenzado a modificar estas prácticas en algunos barrios, aunque todavía esto no se vea reflejado en un dato duro.”

El estudio ha mostrado también que la mayoría de las veces las portadoras de denuncias o pedido de ayuda son mujeres. “Han sido las luchadoras y son portadoras de los problemas de otros. Llevan a los niños, preguntan y hablan de las cuestiones legales familiares. De los varones, reflejan problemas penales, laborales y de violencia policial”, explica Axat.

Rodríguez Alzueta dice que como consecuencia del neoliberalismo “la brecha social se tradujo en brecha jurídica”. Las necesidades básicas insatisfechas tienen correlato, señala, en lo que Axat llama “necesidades jurídicas insatisfechas”. “La fragmentación social y el declive de lo político creó condiciones para incapacitar (jurídicamente hablando) a los actores más vulnerables para que puedan ejercer sus derechos”, señala el investigador. Ahí apunta el informe de Atajo cuando dice que, en función de su diagnóstico, habría que “repensar el sistema tradicional de Justicia y proyectar el servicio necesario para los sectores vulnerables”.