“¡Se robaron una calle!”, denunció, en estado de alarma, una decena de vecinos de la Villa 31 ante la oficina de Atajo. Uno de los conflictos legales asociados a los barrios humildes es el de la ocupación de tierras, a veces aledañas. Pero contra la creencia común, los okupas no siempre son vecinos pobres o fogoneados por punteros. A veces son empresas, como parece ocurrir en este caso. La calle en cuestión es la número 10 y es la única que oficia de acceso al Barrio Inmigrantes de la Villa 31, en Retiro. “Por acá entran los bomberos y las ambulancias, tienen que devolverla”, le dice a este diario Cristina Cardozo, de 52 años, ama de casa, madre de seis hijos, dos de los cuales viven con ella. Cristina vive justo en la punta de la calle y es una de las que se presentaron en tribunales y sostienen que la empresa de transportes Capitán Cortés se apropió de la calle para poner un estacionamiento. La obra, agregan, “es discriminatoria porque nos encierran con una pared y el alambrado que construyó la empresa”. “En el barrio vivimos unas 900 familias que nos encontramos afectadas por esta usurpación”, dice el escrito judicial. Recuerda que en otras oportunidades, en que hubo gestiones para que en esa calle hubiera un comedor comunitario, la respuesta fue que los arquitectos habían mirado y evaluado que era imposible.