Desde el ámbito político también surgieron críticas contra la medida precautelar que suspendió la designación de fiscales que realizó la procuradora Alejandra Gils Carbó. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, consideró que “esta decisión judicial desprecia la soberanía popular que representa el Congreso argentino”. En la misma sintonía, la diputada del Frente para la Victoria Diana Conti denunció que “una vez más, a través de medidas cautelares y precautelares, se pretende obstaculizar toda posibilidad de mejor Justicia”. Diputados y senadores del oficialismo darán mañana una conferencia de prensa en la que fijarán posición con respecto al tema.

Domínguez y Massa enmarcaron la decisión de la procuradora en la aplicación de lo establecido en el Código Procesal Penal. En ese sentido, Conti explicó que “el Congreso Nacional, dentro de sus facultades constitucionales específicas (artículos 75 incisos 20 y 32 y el artículo 120, Constitución Nacional) ha creado por ley 27.063 –la que rige el nuevo código– nuevos cargos dentro del Ministerio Público de la Nación”. Esa norma, según señaló también Domínguez, “claramente expresa y ordena designar fiscales para que pueda operar el Código Procesal Penal, es deber y derecho de la Procuración General hacerlo y no todo lo contrario”.

“Se está cuestionando el nombramiento de fiscales subrogantes en fueros sobrepasados de trabajo. Fiscales que accedieron a sus cargos en cumplimiento de todos los requisitos constitucionales. Eso sí, cuando esas subrogancias son cubiertas por los mismos miembros de la Asociación de Magistrados, nadie las cuestiona”, afirmó Domínguez y agregó: “Lo que sucede con algunas resoluciones judiciales es de gravedad institucional y los representantes del pueblo no podemos ni queremos quedarnos con los brazos cruzados, frente al desvío de estos actos jurisdiccionales”.

Conti, por su parte, remarcó que la creación de nuevas fiscalías fue “de absoluta necesidad y razonabilidad no sólo para la cercana aplicación de un nuevo procedimiento penal, sino para la mejor eficacia de la actuación de los fiscales y la defensa pública en la actualidad”. También advirtió que hay “una inusitada campaña mediática llevada adelante por jueces y fiscales además de políticos oportunistas” que “confunde a la población defendiendo espurios intereses corporativos”. “Se ataca a Gils Carbó pero, en realidad, y tan grave como ello, es el Congreso Nacional el que está siendo avasallado injustamente por el Poder Judicial”, concluyó.