La Procuración General de la Nación apeló ayer una de las medidas precautelares que suspendieron la designación de 16 fiscales subrogantes creados en el marco de la sanción del Código Procesal Penal, y solicitó que se unifiquen las seis causas que fueron abiertas por el mismo hecho. En el escrito, el representante del Ministerio Público Fiscal considera que la decisión del juez de feria Enrique Lavié Pico es “irrazonable y caprichosa”.

El organismo dirigido por Alejandra Gils Carbó solicitó el revocamiento de una de las dos precautelares que aplicó Lavié Pico sobre la designación de los responsables de las 16 fiscalías generales creadas a partir del nuevo Código Procesal Penal. Será la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la que intervendrá para definir la apelación. El pedido no exime al organismo fiscal, por otro lado, de su deber ante el expediente: el lunes presentará el informe, contestando el amparo presentado por el diputado bonaerense del Frente Renovador, Mauricio D’Alessandro, lo que había sido solicitado por el juez Lavié Pico.

Para la Procuración, la decisión del juez a partir de la denuncia que presentó el massista D’Alessandro –la primera precautelar que impuso el magistrado– es “irrazonable y caprichosa”, y “es demostrativa de la falta de imparcialidad del magistrado que la dictó”. En ese marco, el organismo a cargo de Gils Carbó solicitó el revocamiento de la precautelar: “El magistrado de feria ha abusado de sus funciones al dictar una medida interina de enorme gravedad institucional sin existir requisitos básicos que hacen a su procedencia y sin respetar la limitación temporal impuesta por la norma vigente”, señalan en el escrito los letrados apelantes.

Entre varios “agravios” que refleja en el escrito, la Procuración considera que el objeto de la denuncia presentada por D’Alessandro, la designación que Gils Carbó había realizado de funcionarios subrogantes para cubrir una quincena de nuevas fiscalías a partir del 2 de febrero próximo, no implicaba “presupuestos exigidos legalmente para dictar” una precautelar. “La medida interina resulta injustificada y es demostrativa de la falta de imparcialidad” de Lavié Pico, consideran los abogados del Ministerio Público Fiscal.

Otro punto que ese organismo cuestiona de la medida implementada por el juez de feria es la “falta de legitimación de los peticionantes”. D’Alessandro presenta su denuncia en calidad de abogado, relata la Procuración, por lo que “no puede expresar un agravio diferenciado respecto de la situación en que se hallan los demás ciudadanos”.

Por último, la Procuración sostiene en su texto que el nuevo Código Procesal Penal “no establece ninguna clase de condicionamientos sino que expresamente aclara que es necesario un fortalecimiento inmediato y básico de las fiscalías y defensorías para atender las necesidades actuales existentes en materia penal”. “Es importante comprender que cuando el nuevo sistema procesal comience a funcionar, el Ministerio Público Fiscal ya debe tener las herramientas desarrolladas y los recursos humanos disponibles para llevar adelante sus funciones y tareas”, agrega.