Las razones detrás de la medida

OPINION

Por Franco Catalani *

El pedido de indagatoria de la Presidenta, el canciller, otros funcionarios y un puñado de militantes sociales por parte del fiscal Nisman revela distintas situaciones que merecen cierto análisis. El primero de ellos es la perversidad de usar a los muertos, los de la AMIA y los de Charlie Hebdo, para atraer la atención pública y manipular la tensión contra las principales figuras del gobierno nacional. Es una actitud inmoral y ofensiva hacia los sentimientos y la inteligencia de las víctimas y sus familiares.

La pregunta que surge es ¿por qué lo hacen y quién lo hace? En primer lugar hay que mencionar al estamento judicial-familiar del fuero federal, que hoy se siente amenazado desde varios frentes (cosa que no sucede en los poderes judiciales de provincia): la actual correlación de fuerzas en el Consejo de la Magistratura Nacional, favorable al oficialismo; la fractura de su propio estamento por la deslegitimación constante que sufre desde hace años y que hoy se manifiesta en el surgimiento de una asociación que le disputa poder (Justicia Legítima); la transparencia concursal emprendida por la Defensoría Pública de la Nación y por la Procuración General de la Nación, que dejan en evidencia el oscurantismo familiar que domina la designación de jueces, funcionarios y empleados de las magistraturas judiciales; la reforma del Código Procesal Penal, que limita la omnipotencia de los jueces penales para la investigación y aumenta las facultades de los fiscales; la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que obligará a los jueces a estudiar de nuevo y, último pero no menor, la necesidad de cubrir un cargo en la Corte Suprema de modo inminente, y la citación del juez Carlos Fayt ante el Congreso que se encuentra en curso a fin de evaluar sus condiciones psicofísicas para continuar en el cargo.

En segundo lugar, pero vinculado con lo anterior, influye la reciente limpieza emprendida en la Secretaría de Inteligencia, cuyo “hombre de atrás”, Jaime Stiuso, debió renunciar luego de veinte años de “servicios”, nunca mejor dicho. Como lo ha señalado en reiteradas ocasiones el periodista Horacio Verbitsky, la Secretaría de Inteligencia era (hasta el día de hoy, ojalá) una más de las grandes deudas pendientes de la democracia. Encargada sistemáticamente de toda operación de condicionamiento y desestabilización de los gobiernos democráticos de los últimos treinta años, en línea directa con los “halcones” de Washington y Tel Aviv, y regente de los dolarductos hacia el juez Galeano y sus autores autoincriminados, hacia los ministros y jueces menemistas que cobraban sobresueldos y hacia los senadores de la “Banelco”, sólo para mencionar los que se conocen porque, de tan desprolijos, pasaron del secreto a las tapas de las revistas de chismes. Lo que se dice, ¡una pinturita!

En tercer lugar (o antes que el primero, si se quiere), las corporaciones mediáticas que hoy, como nunca, se ven obligadas a invertir todo su potencial de daño para tratar de esmerilar al gobierno nacional, sólo que mientras antes les bastaban un par de titulares, hoy llevan centenares de tapas, miles de horas de televisión y radio, ejércitos de mercenarios menores, sin el menor resultado. Mal que les pese, Cristina Kirchner termina con el 50 por ciento de imagen positiva en su octavo año consecutivo de gobierno, dato en el que coincide la mayor parte de los encuestadores serios del país. Otro molde roto. Esto es, por supuesto, lo que los hace retorcerse en su nido, ya que sienten que no tienen el poder que tuvieron durante tanto tiempo y han perdido la capacidad de determinar la agenda de los “cargos menores”.

En todo esto, claro, el eje de menor relevancia es la absoluta improcedencia formal de semejante aberración jurídica. Finalmente, la medida de su esfuerzo por lograr lo que ya no pueden lograr es también la medida de su ridículo y de su desesperación. Y es también la señal más evidente de su nueva derrota inminente.

* Abogado, dirigente de Nuevo Encuentro La Pampa.

La embestida

OPINION

Por Oscar González *

Aunque absurda y vergonzosa, la denuncia del fiscal Alberto Nisman no es sino una manifestación más de la brutal ofensiva que tiene por destinataria a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que persigue destruir todo lo que ella representa y todo lo construido a lo largo de una década por dos gobiernos que plantaron la bandera de la autonomía de la política frente a los poderes corporativos, una afrenta imperdonable.

Nadie que conozca la historia argentina del siglo XX podrá sorprenderse por la agresividad de las diatribas: como ocurrió con Hipólito Yrigoyen, Juan Perón, Arturo Illia o Raúl Alfonsín, las denuncias de supuesta corrupción, de hipotética inoperancia, de imaginario avasallamiento de las instituciones, de teórico vaciamiento de la República, eran apenas la retórica que encubría la embestida contra gobiernos de raigambre popular para imponerles reglas de juego extrañas a la legitimidad democrática, pero funcionales a los intereses del capital concentrado, de los banqueros, de las embajadas extranjeras, de los especuladores financieros, de los terratenientes, de las multinacionales, de los sectores retardatarios de la jerarquía religiosa, de los altos mandos militares, de los propietarios de los grandes medios o, habitualmente, de todos ellos a la vez.

Hoy la historia se repite, aunque, parafraseando a Marx, si la farsa impusiera sus reglas, sobrevendría la tragedia. Algunos memoriosos recordarán que Roberto Dromi, ministro de Carlos Menem, justificó las privatizaciones porque el país se encontraba de rodillas frente a los acreedores. Por entonces, el Banco Mundial teorizaba que, en situaciones objetivas y subjetivas de debilidad y desprestigio de los gobiernos, las sociedades estaban más dispuestas a aceptar reformas promercado, que en otras circunstancias rechazarían. No hace falta recordar que el gobierno alfonsinista fue tumbado por un golpe de mercado y una estampida hiperinflacionaria que crearon las condiciones pregonadas por el Banco Mundial para la irrupción triunfal del neoliberalismo.

Sugestivamente, la expresión de Dromi fue retomada años más tarde por Alfonso Prat-Gay, que se convirtió a la causa “republicana” después de asesorar a Amalia Fortabat, trabajar para la banca Morgan y para el establishment financiero, incluso como presidente del BCRA. Ocupaba aún ese cargo cuando dijo en Nueva York, antes de asumir Néstor Kirchner, que el país había perdido la oportunidad de renegociar su deuda externa. El momento propicio era “cuando el país estaba de rodillas”, había asegurado entonces.

La vocación de tener hincado al gobierno es tan connatural al gran capital como su irrefrenable propensión a ganar lo máximo invirtiendo lo mínimo, en lo posible con dinero de otros. Así como en tiempos de la república oligárquica cuando los gerentes de las empresas inglesas eran diputados o ministros, hubo momentos en la historia posterior a la ley Sáenz Peña en que colonizaron por vía directa o indirecta las agencias más importantes del Estado. A veces, con sus propios representantes políticos o técnicos; otras, mediante la llamada condicionalidad impuesta en los acuerdos con el FMI o el Banco Mundial; en ocasiones, mediante el expediente, todavía más audaz, de colonizar a los propios partidos populares en condiciones de ejercer el gobierno.

La diatriba es así la más cabal expresión del odio y la indignación de una clase privilegiada que se considera destinada a conducir el país prescindiendo de las formalidades republicanas a las que acude literariamente para hacer precisamente lo contrario. Que busca legitimar sus posiciones con el socorrido así nos ven afuera, generalmente extraído de la prensa sajona de derecha, hostil a toda expresión que no comulgue con su manera de ver el mundo y siempre dispuesta a medir la respetabilidad de un país por la tasa de ganancia de las multinacionales y la disposición de sus gobernantes a rendirles pleitesía.

Aunque repetido, no deja de ser llamativo el encanto que ese discurso produce en cierto sector de clase media adicta al dólar, cautivada por una conjetural mano invisible que imaginan cercana y cálida, pero que cada tanto la deja desnuda, en la calle y a los gritos, a la espera de que nuevos populismos la rescaten de la miseria.

La furibunda campaña contra la Presidenta tiene así razones estructurales, simbólicas, culturales, pero también se alimenta de urgencias concretas. No es casual que la renovada ofensiva se produzca en coincidencia con la negativa del Gobierno a aceptar las condiciones extorsivas de los fondos buitre, la fuerza de tareas en la que la oposición desestabilizadora tenía depositada la misión de someter a la Argentina y obligarla a aceptar, otra vez, las exigencias del FMI y el regreso al endeudamiento.

Esa misma oposición mastica frustración y resentimiento por las encuestas que siguen mostrando el sólido respaldo a la Presidenta y la evidente posibilidad de que el proyecto político que ella encarna continúe desplegado tras las próximas elecciones.

Dicho de otra manera, cuando el “fin de ciclo” parecía garantizado, recupera viabilidad la alternativa tan temida. Todas las fichas estaban puestas en minar la credibilidad de la Presidenta, debilitar su natural liderazgo y preparar el clima político para la inevitabilidad del ajuste y un drástico cambio de rumbo. La tarea pendiente, casi accesoria, era seleccionar al candidato, prometerle una campaña protegida y pasar a cobrar por ventanilla el año próximo.

Para frustración de los conspiradores seriales, tan activos en estos días, la realidad va por otro lado: seguimos teniendo Presidenta, seguimos teniendo gobierno, seguimos teniendo pueblo. Es decir, tenemos patria.

* Dirigente del Socialismo para la Victoria, en el FPV. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.