La medida precautelar que suspendió la designación de 16 fiscales para que asuman como subrogantes cuando concluya la feria judicial de enero creó una situación particularmente grave en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional porteña, que debería comenzar a funcionar el 2 de febrero. Mientras los miembros del tribunal prestaron juramento ante la Corte Suprema de Justicia el 18 de diciembre y los defensores subrogantes fueron nombrados por la defensora general Stella Maris Martínez sin que nadie los cuestionara, el freno judicial a la asunción de los fiscales dispuesto por el juez de feria Enrique Lavié Pico impedirá que la nueva Cámara, que no tratará delitos federales sino ordinarios, pueda comenzar a funcionar. El fiscal general Julio Castro, uno de los designados, con 23 años de trayectoria en el Ministerio Público, destacó la legalidad de los nombramientos, lamentó que quienes obstaculizan la labor de la procuradora Alejandra Gils Carbó “pierden de vista que la Justicia es un servicio” y señaló que detrás de la resistencia de muchos magistrados ante el sistema inquisitivo que surge del nuevo Código Procesal Penal hay “una disputa de poder por privilegios”.

La Cámara Nacional de Casación porteña se creó por ley en 2008, pero recién el mes pasado, tras la asunción de Gabriela Vázquez como presidenta del Consejo de la Magistratura, se pudieron sortear los supuestos obstáculos presupuestarios que impedían su puesta en funcionamiento. La ley que modificó el Código Procesal Penal creó tres fiscalías generales (anexo II art. 14) y tres Defensorías Públicas Oficiales (art. 32) ante esa Cámara. Un día después, el 11 de diciembre, la Corte Suprema (acordada 38/14) habilitó al tribunal, cuyos miembros prestaron juramento el 18. La decisión de la Corte incluyó además un feriado judicial de siete días hábiles que, sumado a los de fin de año y a la feria judicial, postergaba la puesta en marcha de la Cámara hasta el 2 de febrero.

El 17 de diciembre, la Defensoría General de la Nación designó transitoriamente, hasta que se concreten los concursos, a los defensores Gabriel Ignacio Anitúa, Mariano Patricio Maciel y María Florencia Hegglin, uno en cada secretaría ante la Cámara. El 29, luego de llamar a concurso para cubrir las tres fiscalías, Gils Carbó designó como subrogantes a los fiscales generales Irma Adriana García Netto, Guillermo Morosi y Julio Castro. La procuradora dispuso que los subrogantes entraran en funciones el 2 de febrero “a fin de garantizar la actuación (de las fiscalías) ante ese órgano judicial cuya puesta en marcha se encuentra en ciernes”. Un día después creó la Unidad Fiscal de Impugnación de Casación Penal, conformada por las tres fiscalías, con el fin de adecuarse al paradigma del sistema acusatorio y de “alcanzar sin dilaciones esquemas funcionales versátiles, eficientes y provechosos de los recursos del organismo”.

Cuando todo parecía dado para que el tribunal finalmente pudiera empezar a funcionar, el juez de feria Enrique Lavié Pico, a pedido de un legislador del Frente Renovador, dictó una medida precautelar que suspendió interinamente todas las designaciones de fiscales por entender que la urgencia de los nombramientos es “carente de toda razonabilidad”. Días después hizo lo propio a pedido de la Asociación de Magistrados.

“No se entiende el porqué del cuestionamiento. La cuestión legal es perfectamente clara: la procuradora tiene todas las facultades para nombrar subrogantes, tal como lo hicieron los anteriores. Pero hay otro dato interesante: la defensora designó a tres subrogantes con la misma antigüedad que nosotros y nadie dijo nada”, advirtió Castro ante la consulta de Página/12.

“Después está el punto de vista fáctico: el 2 de febrero asumen los jueces de Casación. Si los fiscales no podemos asumir, ¿quién va a resolver las cuestiones de la Casación ordinaria? Si un tribunal condena por homicidio simple y el abogado recurre la sentencia, ¿qué va a hacer la Casación Federal? ¿Se va a seguir ocupando de las causas ordinarias? Y en tal caso, ¿para qué hicieron jurar a los jueces el 18 de diciembre? ¿De qué van a trabajar?”, se preguntó.

En el caso de que Casación Federal girara las causas al nuevo tribunal, “no habría fiscales a quienes darles vista, no tendríamos actitud legal para actuar”. “Si se presenta un recurso de casación y el defensor lo sostiene, ¿a qué fiscal le van a dar intervención? Nadie habla de la parte práctica. Somos tres fiscales cautelarizados. ¿Paralizamos la Justicia ordinaria? Se genera un laberinto: se paraliza una parte y se traba todo el sistema”, explicó.

Castro manifestó su preocupación por el escenario creado a partir de la suspensión de las designaciones de fiscales y rechazó las “propuestas vergonzantes” de quienes “dicen ‘vamos a derogar el Código’ y no dicen qué Código van a aplicar”. “Hay desconocimiento y mala intención respecto de lo que se informa”, advirtió. Citó como ejemplo la recurrente acusación de “quieren cooptar la Justicia” y recordó que muchos de los subrogantes llevan más de veinte años como fiscales. Miembro de Justicia Legítima, Castro reivindicó “el ingreso democrático a los cargos públicos definido a partir de la idoneidad”, señaló que detrás de muchos cuestionamientos se esconde “la defensa de privilegios” en un ámbito “lleno de hijos y nietos de, una especie de casta familiar”, y que sus impulsores “pierden de vista que tenemos que dar respuestas a los ciudadanos, que la Justicia es un servicio, no un poder”.