Es prematuro concluir si el fiscal general Alberto Nisman se suicidó o fue asesinado. Cualquier afirmación al respecto que no esté sustentada por constancias indudables de la investigación sólo tiende a capitalizar lo sucedido en una dirección u otra.

Una lastimosa tradición nacional induce a sospechar de las apariencias. Pero el brigadier Rodolfo Echegoyen, quien investigaba en la Aduana un caso de narcotráfico mientras la Aeronáutica era conducida por su camarada José Antonio Juliá (el padre de los dos condenados en España por ese mismo delito), no tenía rastros de pólvora en las manos cuando lo suicidaron en 1990, ni marcas de la patada que en todos los peritajes posteriores produjo el 38 especial empleado. El capitán de navío Horacio Pedro Estrada, quien en 1997 estaba imputado en la causa por la venta ilegal de armas, era zurdo y el disparo ingresó por la zona derecha de la nuca. Pruebe a cruzar el brazo por detrás de la cabeza y apuntarse a la nuca del lado opuesto y después opine. Marcelo Cattáneo, acusado de pagar sobornos por las contrataciones del Banco Nación con IBM, apareció colgado al año siguiente, con un recorte de diario en la boca sobre el caso que lo involucraba. Lourdes Di Natale cayó por el balcón en 2003 con un tenor alcohólico en la sangre que no le hubiera permitido ni llegar a la ventana, y en toda la casa no había una sola bebida alcohólica.

Nada que ver con la muerte de Nisman.

Este misterio se parece más al del cuento “Los crímenes de la calle Morgue” que Edgar Allan Poe publicó en 1841: puertas cerradas por dentro, sin balcón, en el piso 13 de una torre inaccesible de otro modo, el cuerpo caído en el piso del baño bloqueando la puerta, tal como ocurrió con Favaloro, un solo disparo en la sien y sin intervención de terceras personas, según el informe del Cuerpo Médico Forense encargado por la fiscal Viviana Fein y controlado por Ricardo Lorenzetti. Borges decía que ese cuento de Poe fundó el género policial, “el asesinato cometido en un cuarto cerrado, tema que sugiere lo mágico, aunque luego se resuelva lógicamente. El doble asesinato ha sido cometido por un mono que trepa por la cadena de un pararrayos”. Descartada la lógica del mono, que a Borges le encantaba por su amor a la literatura fantástica, conviene prescindir también de otras interpretaciones demasiado imaginativas y atenerse sólo a lo demostrable.

Por ejemplo, Nisman había decidido tomarse vacaciones hasta fin de enero y se fue de viaje a Europa con una de sus hijas. A cargo de la fiscalía especial que investigaba el atentado a la DAIA de 1994 quedó su colega Alberto Adrián María Gentili.

Ayer Elisa Carrió dijo que la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó designó “en reemplazo de Alberto Nisman a fiscales vinculados con el narcotráfico, según denunció Horacio Verbitsky”. Le agradezco la cita y el link que colocó a una nota sobre una fiesta ofrecida por un defensor de narcotraficantes a la que asistió Gentili, por entonces a cargo de una fiscalía creada para investigar delitos de drogas. Muy impresionante, salvo que Gentili no fue designado por Gils Carbó sino por el propio Nisman. Eran amigos y ya lo había propuesto para reemplazarlo en licencias anteriores. Pero esta vez Nisman regresó en forma intempestiva y sin comunicar a nadie que reasumía sus funciones, el 13 de enero presentó su bodoque acusatorio contra la presidente CFK por encubrimiento del atentado a la DAIA de julio de 1994. Su inconsistencia impresiona e induce a preguntarse cómo hubiera podido defenderlo ante los diputados en la cita a la que no acudió ayer. Fue muy apropiada la decisión presidencial de levantar todos los secretos que le pidió Nisman, para que nada obstruya la comprensión de lo que el ex fiscal sostuvo y con qué respaldo lo hizo.

El juez de la causa Rodolfo Canicoba Corral se quejó: si se refería al atentado, Nisman debió presentárselo a él; si era un hecho nuevo, remitírselo a la Cámara Federal para que sorteara un juzgado, pero nunca enviárselo al juez Ariel Lijo, que sólo debe investigar el encubrimiento ya establecido en el juicio del Tribunal Oral que incriminó a Menem&Compañía. Como Lijo estaba de vacaciones, la jueza María Servini leyó la denuncia y rechazó investigarla aduciendo que no aportaba pruebas. Después de la muerte de Nisman, Lijo volvió a casa y asumió la causa, que no le corresponde. La clave de la denuncia de Nisman es que la impunidad se lograría cuando se levantaran las órdenes de captura contra los sospechosos iraníes y las alertas rojas de Interpol. Pero el propio Secretario General de Interpol, Roland Kennet Noble, lo desmintió: CFK y Timerman insistieron en que se mantuvieran las alertas rojas. ¿Qué quedaba para sustentar el escándalo al que se ha reducido el horizonte de la descorazonada oposición política y mediática?

El sábado, Nisman llamó a un empleado técnico que trabajaba en su fiscalía desde 2007, le dijo que lo amenazaban y le pidió que le consiguiera un arma para defensa personal. El colaborador le llevó a su casa la pistola Bersa .22 que se encontró junto al cuerpo. Nisman tenía diez custodios de la Policía Federal, que sólo obedecían sus órdenes. El sábado por la tarde le pidieron instrucciones para el día siguiente. Los citó a las 11 del domingo. Para entrar junto con la madre de Nisman debieron recurrir a un cerrajero porque ambas puertas estaban cerradas por dentro.

Pese a todo eso, no me animo a aseverar que fue un suicidio. Quienes por el contrario dan por sentado que lo asesinaron y que la responsabilidad es del gobierno, deben forzar los hechos a su gusto, con el mismo desprecio por la realidad que les permitió decir que el gobierno argentino coincide con los asesinos en que había razones para matar a los dibujantes de Charlie Hebdo, o que la presidente le prohibió al canciller asistir a la marcha, cuando Héctor Timerman fue el único ministro de las tres Américas que estuvo allí y que firmó el libro oficial de condolencias.

Al día siguiente Nisman debía presentarse en el Congreso para defender su acusación, cuya inconsistencia es similar a la que recorre desde el primer día todo el expediente por el atentado y que en 2005 llevó al gobierno nacional a reconocer su responsabilidad ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y comprometerse a adoptar una serie de reformas institucionales, entre ellas una ley de Inteligencia que sometiera a los servicios al mismo régimen de control de legalidad que los jueces aplican cuando la prevención está a cargo de las fuerzas de seguridad. A veinte años del atentado y a diez de la firma del reconocimiento de responsabilidad, esa deuda con las víctimas y con el conjunto de la sociedad sigue pendiente. En el mes transcurrido desde el descabezamiento de la Secretaría de Inteligencia abundaron las opiniones críticas sobre la promiscuidad entre los servicios de informaciones y la justicia federal. Pero esto no comenzó ahora. Es un hilo que viene desde tiempos de la dictadura y que se continuó a través de todos los gobiernos de la democracia.

Es paradójico que el kirchnerismo pague el precio de ese revoltijo obsceno justo cuando intenta ponerle límites. Pero la denuncia de Nisman y su muerte dudosa son parte de esa confluencia de desidia e intereses que dejó impune el más grave atentado de la historia argentina. Este es el momento exacto para ponerle una bisagra a esa tradición, cumplir con lo prometido a las víctimas y asegurar que lo pasado no pueda repetirse, ni en ésta ni en otras causas.