Una primera lectura a velocidad supersónica de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidente CFK y su ministro Héctor Timerman, difundida en la tarde de ayer por la Corte Suprema de Justicia en su página electrónica, indica que el eje excluyente de la argumentación del difunto ex fiscal gira sobre la presunta decisión de las máximas autoridades argentinas de obtener la anulación de las órdenes de captura contra los funcionarios iraníes acusados y de las correspondientes alertas rojas emitidas por Interpol. Esta afirmación se reitera ad infinitum a lo largo del dictamen, ahora en poder del juez federal Ariel Lijo, quien lo puso en manos del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

“La baja de las notificaciones rojas constituyó el interés central para las autoridades iraníes en este acuerdo y el canciller Timerman aceptó y contribuyó a ello. Hizo todo lo posible para que ese objetivo fuera cumplido por Interpol, más allá de sus declaraciones públicas en sentido contrario, porque sostener la verdad además de confesar su participación en el plan delictivo, hubiese sido incompatible con los reclamos de justicia. La diligente y a la vez inesperada –para los encubridores– actitud de Interpol, específicamente de su secretario general, Ronald Noble, lo impidió”, sostiene en la foja 107.

En la 120 narra una reunión de Timerman con el secretario general de Interpol el 26 de noviembre de 2013 en la sede de la organización en Lyon y dice que el canciller argentino intentó convencerlo “para que cediera y dispusiera el cese de las notificaciones rojas”. Este esquema se repite una y otra vez a lo largo del escrito.

(De allí la importancia del correo electrónico que Noble le envió a Timerman la semana pasada, en el que afirma en forma categórica que tanto el ministro como la presidente CFK y todo el gabinete argentino permanecieron “cien por ciento comprometidos a que las alertas rojas de Interpol siguieran vigentes”, con una actitud consistente e inflexible. Sobre el encuentro del 26 de noviembre de 2013 en el que Nisman afirma que Timerman intentó convencer a Noble para que cediera y levantara las alertas rojas, el propio Noble dice que Timerman “reiteró que la posición del gobierno argentino es que las alertas rojas debían permanecer en efecto, sin cambios, debían seguir siendo válidas”. Nada que el gobierno diga ahora podría mejorar este desmentido rotundo de Noble, ex jefe del Servicio Secreto de los Estados Unidos, quien en un reportaje publicado en este diario el domingo, añadió por si quedaran dudas, que Nisman mentía cuando afirmaba lo contrario.)

La segunda línea argumental de fondo en la denuncia de Nisman es que en 2011, dos años antes de la firma del Memorando de Entendimiento los cancilleres de la Argentina e Irán acordaron en Siria dejar de lado la investigación de los atentados. Las fuentes son los periodistas argentinos José Ricardo Eliaschev y Gabriel Levinas. Eliaschev dijo bajo juramento a Nisman que había leído un documento secreto redactado por el canciller iraní Alí Akbar Salehi en el que le informaba a su presidente Mahmud Ahmadinejad “que la Argentina ya no está interesada en resolver aquellos dos atentados y en cambio prefiere mejorar sus relaciones económicas con Irán”. Sin explicación, ese “típico paper intergubernamental” que Eliaschev leyó, no está redactado en farsi sino en inglés. Según el periodista “ha circulado por las cancillerías de varios países”. En alguna de ellas lo habrán traducido. Algo menos asertivo fue Levinas, en un libro de 2013 sobre Timerman. El ministro argentino habría dicho que llegó a Siria “bajo precisas órdenes de nuestra presidente para tratar de encontrar o buscar una solución a la causa AMIA”. Si bien este párrafo no incrimina a Timerman ni a la presidente como el de Eliaschev, contiene una precisión invalorable: dice que lo supo por “fuentes oficiosas de la Cancillería de Israel”.

(Esto remite una vez más al problema que el juez Rodolfo Canicoba Corral señaló en la resolución en que pidió las capturas que originaron las alertas rojas de Interpol: Nisman debía conseguir pruebas, ya que se basaba sólo en informes de Inteligencia. La modificación de la ley de Inteligencia, para que la justicia controle la tarea de los servicios y no a la inversa, es el compromiso que Néstor Kirchner asumió en 2005 ante los familiares nucleados en Memoria Activa, en el reconocimiento de responsabilidad que la Argentina realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuyo cumplimiento sigue pendiente.)

Muchas fojas transcriben conversaciones telefónicas del agente iraní Jorge Khalil con los piqueteros Fernando Esteche, de Quebracho, y Luis D’Elía, de la Federación de Hábitat y Vivienda quienes se atribuyen distintas proezas. Esteche sostiene que el Memorando firmado en 2013 es copia de uno que él había redactado con Khalil en 2006 y que ni Irán ni la Argentina habían aceptado entonces. D’Elía informa cada vez que habla con su amigo Khalil que está en la Casa de Gobierno o en el Ministerio de Planificación, llama Jefa o Número 1 a la presidente y se jacta de que ella conoce y aprueba sus gestiones y que Julio De Vido, a quien llama Julio a secas, está ansioso por conseguir petróleo. En varias conversaciones se señala que hasta ese momento el intercambio era entre privados y los interlocutores procuran obtener que también participen los estados.

(Hasta el día de hoy eso no ocurrió. Los granos los sigue vendiendo Grobocopatel y la Argentina no importa petróleo de Irán. El comercio bilateral creció antes de la presunta apertura de las negociaciones secretas y decayó desde entonces.)

Por último, el dictamen del ex fiscal reproduce conversaciones telefónicas de una persona a quien identifica como Allan Bogado, “que responde a la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación. Se trata de una persona con acceso al entorno presidencial que cuenta con información privilegiada, incluso sobre la salud de la señora presidente, y que ha declarado su simpatía por el régimen iraní”. Agrega que ha transmitido informaciones secretas y protegidas por la ley de Inteligencia a agentes de una potencia extranjera y en quien la señora presidente ha confiado para llevar adelante parte del plan de impunidad. La que menciona es reducida por el propio Bogado al carácter de “chisme”. En febrero de 2003 dice que habría sabido “en la casa” (Nisman interpreta que es la SI) que Interpol estaba por levantar las alertas rojas. El ex fiscal también menciona como inventor de una “verdad falsa” que se instalaría en el expediente para liberar de culpa a los iraníes, al ex juez y ex fiscal Héctor Yrimia.

(Ante una consulta de Lijo, el Secretario de Inteligencia Oscar Parrilli respondió que ninguno de ambos “pertenecen ni han pertenecido como personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio”. Agregó que en noviembre, la Secretaría denunció por tráfico e influencias a Bogado, “quien no siendo personal de este organismo se presentaba ante funcionarios de la Aduana como agente de esta Secretaría”. La causa está en el juzgado federal del juez Luis Rodríguez. Además, hace dos años la SI ya había negado que Bogado trabajara allí ante una consulta de otro tribunal.)

En esta primera lectura rasante de la denuncia, nada parece más inquietante que una grabación de Khalil, en la foja 45 sobre una “persona que laburó con Irán... cuando Irán mató acá”, y otra en la que dice que Emilio Pérsico “siempre tuvo el discurso de que nosotros fuimos... y está bien hecho así... dice él. Es la pelea”. Los puntos suspensivos son de Nisman. Para quienes creen en la pista iraní, será un aliciente para continuar la labor de Nisman en el expediente por el atentado.

Una curiosidad reveladora del apuro con que realizó Nisman el último dictamen de su vida: pese a que interrumpió sus vacaciones para terminarlo y presentarlo, no solicitó la habilitación de la feria a la jueza María Servini, quien lo rechazó por carencia de elementos probatorios.